El Gobierno Revolucionario denuncia la vigencia durante más de 60 años del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto formalmente por EE.UU. el 3 de febrero de 1962. En esa fecha, el entonces presidente John F. Kennedy emitió la Proclama 3447, que decretó un “embargo” total del comercio con nuestro país al amparo de la sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior. Se le confirió de esa forma carácter oficial a las acciones económicas agresivas y unilaterales que se venían aplicando contra Cuba desde el triunfo revolucionario.
A partir de entonces, la política de cerco y asfixia económica se consolidó como eje central de la estrategia dirigida a coartar el derecho legítimo de los cubanos a defender su soberanía y forjar un proyecto emancipador, ajeno a la dominación imperialista.
La principal justificación que usó entonces EE.UU. para aplicar esta medida fue la relación de Cuba con los países socialistas, lo que supuestamente atentaba contra “los principios del sistema interamericano” y contra la seguridad estadounidense y hemisférica. A lo largo del tiempo, los pretextos han variado, pero los propósitos han sido los mismos.
La definición más exacta de los objetivos reales de la política hacia Cuba ya se había enunciado en el memorando del subsecretario de Estado, Lester D. Mallory, del 6 de abril de 1960: “provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (...) debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
El bloqueo ha evolucionado para convertirse en el acto de guerra económica más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación. Sus efectos han limitado las posibilidades de desarrollo económico, al estar diseñado para impedir las relaciones comerciales con terceros países, obstaculizar al máximo las operaciones bancario-financieras, frenar la inversión extranjera y cortar toda fuente de ingresos.
Se trata de una política esencialmente extraterritorial, violatoria del Derecho Internacional, que busca, median-te presiones, chantajes y penalidades, aislar a Cuba y castigar a quienes establezcan cualquier vínculo económico, comercial y financiero con el país. Es la expresión práctica de la doctrina Monroe en el siglo XXI, que mira a América Latina y el Caribe desde posición de propietario, ya sea “patio trasero o delantero”.
El bloqueo no ha tenido nunca el menor atisbo de legitimidad, ni justificación moral.
Constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Califica como un acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Para justificarlo, el gobierno estadounidense se siente obligado a utilizar la mentira y para ocultar su efecto criminal promueve una campaña financiada desde Washington, dirigida a sembrar la idea de que los efectos del bloqueo no son reales, que no dañan verdaderamente a la economía cubana, que no son un problema significativo para nuestro desarrollo y nuestra estabilidad económica. Es una falsedad que se difunde por vía de los poderosos medios de comunicación al servicio del imperialismo y de las redes digitales diseñadas para influir en el pensamiento de muchos, incluso de algunos compatriotas.
Los daños acumulados en estas seis décadas superan los 144 mil 413.4 millones de dólares a precios corrientes.
Desde el año 2019, las medidas de coerción económica alcanzan una agresividad cualitativamente superior. Se aplican medidas de guerra no convencional, impropias de tiempos de paz, en el empeño de privar a Cuba de suministros de combustibles.
En el contexto del enfrentamiento a la COVID-19, el reforzamiento del bloqueo llega a límites insospechados de crueldad, al obstaculizar donaciones solidarias, tratar de entorpecer el desarrollo de las vacunas cubanas y limitar las posibilidades de acceder a medicamentos e insumos básicos. Durante la pandemia, y a lo largo de estos 60 años, el bloqueo ha tenido un costo humano incalculable y varias generaciones lo hemos sentido en carne propia.
Las fortalezas del sistema socialista cubano y la unidad del pueblo han permitido, a pesar del bloqueo, evitar el colapso económico y social que este persigue, alcanzar un desarrollo humano destacado, según los índices que reconocen las Naciones Unidas, garantizar avances indiscutibles en la justicia social y generar una transformación paulatina de la estructura económica y productiva en búsqueda de un desarrollo sostenible. Cabe preguntarse cuántas economías pequeñas y subdesarrolladas habrían podido sobrevivir a una agresión de tamañas proporciones.
Esta política de cerco económico concita un rechazo prácticamente unánime y universal. Además del apoyo abrumador a la resolución que cada año aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas, son constantes los reclamos y acciones de denuncia por parte de personas, organizaciones e instituciones de todo el mundo, incluso dentro de los Estados Unidos.
Desde 1959, trece mandatarios han ocupado la Casa Blanca. Con ciertos matices, en todos los casos ha sido permanente la apuesta a provocar el colapso económico y la insostenibilidad del proyecto revolucionario mediante la estricta aplicación del bloqueo. Parecería que 60 años no han sido suficientes para comprender que no ha cumplido, ni cumplirá, los objetivos de sus promotores.
El Gobierno Revolucionario, en nombre del pueblo de Cuba, reclama enfática y enérgicamente, una vez más, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EE.UU. Nuestra denuncia se mantendrá firme e invariable hasta tanto no cese en su totalidad esta política inhumana e ilegal.
La Habana, 3 de febrero de 2022
(Tomado de Cubaminrex)
http://www.minrex.gob.cu/es/60-anos-de-la-proclama-que-formalizo-el-crim...
60 anni dal proclama che formalizzò il criminale blocco economico degli Stati Uniti contro Cuba
Dichiarazione del Governo Rivoluzionario
Il Governo Rivoluzionario denuncia la persistenza di oltre 60 anni di blocco economico, commerciale e finanziario imposto formalmente dagli Stati Uniti il 3 febbraio 1962. In quella data, l'allora presidente John F. Kennedy emise il Proclama 3447, che decretò un "embargo" totale sul commercio con il nostro paese ai sensi della sezione 620 (a) della Legge di Assistenza Estera. Questo diede uno status ufficiale alle azioni economiche aggressive e unilaterali che erano state applicate contro Cuba sin dal trionfo rivoluzionario.
Da allora, la politica di assedio e di asfissia economica si è consolidata come l'asse centrale della strategia volta a limitare il legittimo diritto dei cubani a difendere la loro sovranità e a forgiare un progetto emancipatore, al di fuori della dominazione imperialista.
La principale giustificazione usata dagli Stati Uniti all'epoca per applicare questa misura era la relazione di Cuba con i paesi socialisti, che presumibilmente andava contro "i principi del sistema interamericano" e contro la sicurezza statunitense ed emisferica. Nel corso del tempo, i pretesti sono variati, ma gli scopi sono rimasti gli stessi.
La definizione più precisa dei veri obiettivi della politica verso Cuba era già stata enunciata nel memorandum del sottosegretario di Stato, Lester D. Mallory, del 6 aprile 1960: "provocare disillusione e scoraggiamento attraverso l'insoddisfazione economica e le penurie (...) indebolire la vita economica negando a Cuba denaro e forniture per ridurre i salari nominali e reali, provocare fame, disperazione e il rovesciamento del governo".
Il blocco si è evoluto fino a divenire il più complesso, prolungato e disumano atto di guerra economica commesso contro qualsiasi nazione. I suoi effetti hanno limitato le possibilità di sviluppo economico, poiché è stato progettato per impedire le relazioni commerciali con i paesi terzi, ostacolare il più possibile le operazioni bancarie e finanziarie, frenare gli investimenti esteri e tagliare tutte le fonti di reddito.
Si tratta di una politica essenzialmente extraterritoriale, in violazione del diritto internazionale, che cerca, attraverso pressioni, ricatti e sanzioni, di isolare Cuba e punire coloro che stabiliscono qualsiasi legame economico, commerciale o finanziario con il paese. È l'espressione pratica della Dottrina Monroe nel XXI secolo, che guarda l'America Latina e i Caraibi dalla posizione di proprietario, ossia di "cortile davanti o sul retro di casa ".
Il blocco non ha mai avuto il minimo accenno di legittimità o di giustificazione morale.
Costituisce una violazione massiccia, flagrante e sistematica dei diritti umani di tutte le cubane e i cubani. Si qualifica come un atto di genocidio secondo la Convenzione del 1948 sulla Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio.
Per giustificarlo, il governo statunitense si sente obbligato a usare menzogne e per nascondere il suo effetto criminale promuove una campagna finanziata da Washington, volta a seminare l'idea che gli effetti del blocco non sono reali, che non danneggiano realmente l'economia cubana, che non sono un problema significativo per il nostro sviluppo e per la nostra stabilità economica. È una falsità diffusa attraverso i potenti media al servizio dell'imperialismo e le reti digitali destinate a influenzare il pensiero di molti, compresi alcuni dei nostri compatrioti.
Il danno accumulato in questi sei decenni supera i 144 mila 413,4 milioni di dollari a prezzi correnti.
Dal 2019, le misure di coercizione economica hanno raggiunto un’aggressività qualitativamente superiore. Misure di guerra non convenzionale, non adatte al tempo di pace, sono applicate nel tentativo di privare Cuba delle forniture di combustibile.
Nel contesto della lotta alla COVID-19, il rafforzamento del blocco ha raggiunto limiti insospettabili di crudeltà, ostacolando le donazioni di solidarietà, cercando di intralciare lo sviluppo dei vaccini cubani e limitando le possibilità di accesso alle medicine e alle forniture di base. Durante la pandemia, e durante questi 60 anni, il blocco ha avuto un costo umano incalcolabile e diverse generazioni lo hanno sofferto in prima persona.
I punti di forza del sistema socialista cubano e l'unità del popolo hanno permesso, nonostante il blocco, di evitare il collasso economico e sociale che persegue, di raggiungere un eccezionale sviluppo umano, secondo gli indici riconosciuti dalle Nazioni Unite, di garantire un indiscutibile progresso nella giustizia sociale e di generare una graduale trasformazione della struttura economica e produttiva alla ricerca dello sviluppo sostenibile. Ci si chiede quante economie piccole e sottosviluppate avrebbero potuto sopravvivere a un'aggressione di tali proporzioni.
Questa politica di assedio economico provoca un rifiuto praticamente unanime e universale. Oltre al sostegno schiacciante alla risoluzione approvata ogni anno dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ci sono continui appelli e azioni di denuncia da parte di individui, organizzazioni e istituzioni in tutto il mondo, persino all’interno degli Stati Uniti.
Dal 1959, tredici presidenti hanno occupato la Casa Bianca. Con alcune sfumature, in tutti i casi c'è stato un impegno permanente a provocare il collasso economico e l'insostenibilità del progetto rivoluzionario attraverso la rigorosa applicazione del blocco. Sembra che 60 anni non siano stati sufficienti per capire che non ha realizzato, né realizzerà, gli obiettivi dei suoi promotori.
Il Governo Rivoluzionario, in nome del popolo di Cuba, esige ancora una volta con enfasi e forza la fine del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti. La nostra denuncia rimarrà ferma e invariabile fino a quando questa politica disumana e illegale non sarà completamente rimossa.
L'Avana, 3 febbraio 2022
(Cubaminrex / @EmbaCubaItalia)