John F. Kennedy, igual que su predecesor, Ike Eisenhower, siguió tratando de aniquilar a nuestra joven Revolución. Pocas semanas antes de la agresión directa por Playa Girón, anunció que estaba considerando la aplicación de la Ley de comercio con el enemigo en el caso de Cuba. El 3 de febrero de 1962 emitió la Proclama 3447, que decretó un “embargo” total del comercio con nuestro país. Se le confirió de esa forma carácter oficial a las acciones económicas agresivas y unilaterales que se venían aplicando contra Cuba desde el triunfo revolucionario.
A partir de entonces, la política de cerco y asfixia económica se consolidó como eje central de la estrategia dirigida a coartar el derecho legítimo de los cubanos a defender su soberanía y forjar un proyecto emancipador, ajeno a la dominación imperialista.
La principal justificación que usó entonces EE. UU. para aplicar esta medida fue la relación de Cuba con los países socialistas, lo que supuestamente atentaba contra “los principios del sistema interamericano” y contra la seguridad estadounidense y hemisférica. A lo largo del tiempo, los pretextos han variado, pero los propósitos han sido los mismos.
La definición más exacta de los objetivos reales de la política hacia Cuba ya se había enunciado en el memorando del subsecretario de Estado, Lester D. Mallory, del 6 de abril de 1960: “provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (...) debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del 
gobierno”.
En el contexto del enfrentamiento a la COVID-19, el reforzamiento del bloqueo llega a límites insospechados de crueldad, al obstaculizar donaciones solidarias, tratar de entorpecer el desarrollo de las vacunas cubanas y limitar las posibilidades de acceder a medicamentos e insumos básicos. Durante la pandemia, y a lo largo de estos 60 años, el bloqueo ha tenido un costo humano incalculable y varias generaciones lo hemos sentido en carne propia.
Esta política de cerco económico concita un rechazo prácticamente unánime y universal. Además del apoyo abrumador a la resolución que cada año aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas, son constantes los reclamos y acciones de denuncia por parte de personas, organizaciones e instituciones de todo el mundo, incluso dentro de los Estados Unidos.
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