Tribuna de La Habana, El 8 de junio 2020. Este día fue instituido como Día del Trabajador Jurídico, en homenaje a que, en 1865, Ignacio Agramonte y Loynaz desarrolló su tesis de Grado para recibirse como Licenciado en Derecho Civil y Canónico Herederos de la tradición de Ignacio Agramonte, profesionales del derecho que ejercen como fiscales, como parte del equipo de la Fiscalía Provincial, han actuado con celeridad, pero apegados a la legalidad y los derechos de las personas.
Hace ya 155 años, al desarrollar su tesis de Grado para recibirse como Licenciado en Derecho Civil y Canónico, Agramonte señalaba: “la libertad de obrar consiste en hacer todo lo que le plazca a cada uno en tanto que no dañe los derechos de los demás... el individuo mismo es el guardián y soberano de sus intereses, de su salud física y moral”.
Siglo y medio después
En tiempos de COVID-19, la Fiscalía Provincial de La Habana rediseñó sus sistemas de trabajo para lograr el cumplimiento de las medidas sanitarias y las orientaciones del Consejo de Defensa Provincial, sin dejar de garantizar sus otras funciones, en medio de un contexto que demandaba su vitalidad.
“El Consejo de Defensa, con la aprobación de la Fiscalía General de la República, le indicó a la Fiscalía Provincial realizar acciones de control en sectores, personas y centros vulnerables, relacionados con la producción de alimentos, el cuidado de la población, las medidas sanitarias, hogares de ancianos, hogares de niños sin amparo familiar, escuelas de conducta y centros de protección social, con fiscales de diferentes municipios, para velar especialmente por el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por la dirección del país”, explicó en conferencia de prensa Esmilda Olivares Sánchez, vicefiscal jefa provincial de la Fiscalía Provincial de La Habana.
A su vez, destacó, la respuesta penal a hechos y conductas que se suscitaron durante este período requirió celeridad y oportunidad, mediante la creación de sistemas que respondieran a esa necesidad.
Para ello, se crearon equipos de trabajo para evaluar y revisar los procesos penales derivados del enfrentamiento a la pandemia que deben ser presentados al tribunal, y otro que celebra estos juicios orales. Por los resultados y la efectividad de esos mecanismos, destacó Olivares, esos dos van a perdurar después de la pandemia.
Garantía y transparencia
De acuerdo con Antonio Hernández Barreda, vicefiscal jefe de la Fiscalía Provincial de La Habana, en el caso del grupo del proceso sumario, evalúan todas aquellas denuncias relacionadas con el enfrentamiento a las conductas delictivas vinculadas con la COVID-19.
Hasta el 4 de junio, en la ciudad se habían radicado tres mil 453 denuncias de esta naturaleza, fundamentalmente por propagación de epidemias, una de las tipicidades delictivas de mayor enfrentamiento por parte de los órganos de la policía y la fiscalía, dada la necesidad de proteger la salud colectiva, así como delitos de desobediencia y desacato a las autoridades.