Intervención de la Viceministra de Justicia Yashna Díaz Cabarrouy en el Debate General del 34º Período de Sesiones de la Comisión para la Prevención del Delito y la Justicia Penal de Naciones Unidas.
Señor Presidente,
Excelencias, delegados y delegadas,
La representación cubana felicita al Presidente y la mesa por su elección; y expresa su disposición a contribuir al éxito del 34 Período de Sesiones de la Comisión para la Prevención del Delito y la Justicia Penal de Naciones Unidas.
Pese a los esfuerzos mancomunados de los Estados al enfrentamiento del crimen organizado transnacional, las organizaciones criminales han diversificado y extendido su accionar en los últimos años.
El auge de este fenómeno, incide negativamente en el desarrollo económico y social de nuestras naciones y conduce al aumento de manifestaciones delictivas asociadas como la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y la violencia en su sentido global. De ahí la responsabilidad compartida que nos corresponde en el enfrentamiento y prevención de estas problemáticas.
La República de Cuba, como parte de la Convención de Palermo y sus Protocolos, así como de otros instrumentos internacionales en materia de prevención y enfrentamiento al delito, mantiene su firme compromiso de cooperación en este tema.
A partir de la entrada en vigor de la Constitución de la República de 2019, el país ha estado inmerso en un proceso de actualización normativa. Hasta la fecha han sido aprobadas 50 leyes y 143 decretos-leyes con sus normas complementarias.
La reforma sustantiva y procesal del ordenamiento jurídico cubano está enfocada al fortalecimiento de la protección a las víctimas de delitos, en especial a las personas en situación de vulnerabilidad; el fomento de la seguridad jurídica y el reconocimiento de garantías constitucionales y procesales de los sujetos, la articulación de las modalidades de medidas terapéuticas posdelictivas y criterios de oportunidad, así como el enfrentamiento a toda conducta discriminatoria.
El acceso a la justicia constituye un derecho constitucional, y se han articulado una serie de mecanismos nacionales para garantizarlo, como la asistencia letrada desde el inicio del proceso penal, alternativas de subvención económica y asistencia gratuita a las personas que no puedan costear la representación letrada.
Señor Presidente,
Reafirmamos la voluntad política de nuestro Estado y Gobierno para prevenir y enfrentar la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas, y proteger a las víctimas, lo cual constituye la base de nuestra política de tolerancia cero.
Sostenemos la necesidad de enfrentar las actividades relacionadas con la ciberdelincuencia, ante el avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la inteligencia artificial.
Abogamos por el acceso de los Estados a las tecnologías para el abordaje integral al problema del crimen organizado transnacional; y denunciamos una vez más, que nuestro país ha sido y continúa siendo víctima de restricciones y dificultades técnicas, derivadas del ilegal bloqueo económico, comercial y financiero al que estamos sometidos, y de la reinclusión de Cuba la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Por todo ello, ratificamos la importancia de la cooperación internacional, para fortalecer las capacidades internacionales de prevención y enfrentamiento al problema del delito trasnacional.
Muchas Gracias