El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó este viernes a la prensa el Informe sobre el impacto ocasionado por la política de bloqueo de Estados Unidos a Cuba en el último año. La Resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” será votada por vigesimoctava ocasión en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, espacio donde la comunidad internacional ha respaldado a la isla de forma reiterada. El canciller cubano comenzó su presentación refiriéndose a las últimas acciones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, anunciadas este jueves por el Departamento de Estado. Se trata de acciones totalmente injustificadas e ilegítimas, sobre la base de calumniar a los diplomáticos, la misión de Cuba ante la ONU y a nuestro país, declaró. Dichas medidas fueron anunciadas públicamente mediante un tuit del Departamento de Estado, antes de haber sido informadas de manera oficial a la misión cubana en Nueva York.
El jefe de la diplomacia cubana señaló, además, que estas acciones tienen como objetivo escalar las tensiones bilaterales, provocar el cierre de las embajadas y la ruptura de las relaciones diplomáticas. Insistió en que son obra de un grupo anticubano y reaccionario que se ha adueñado de la política estadounidense contra Cuba y América Latina, y recalcó que es imposible ignorar que están relacionadas con intereses electorales. Rodríguez Parrilla aseveró que “Cuba dará respuesta apropiada y oportuna”, e hizo un llamado a la comunidad internacional, en particular a la comunidad diplomática radicada en Nueva York y acreditada ante las Naciones Unidas, y al propio pueblo norteamericano, a repudiar estas acciones.
Al proseguir con su presentación, el ministro de Relaciones Exteriores denunció que Washington está aplicando medidas específicas, no convencionales, que implican un cambio cualitativo, mayor agresividad y extraterritorialidad para impedir el abastecimiento de combustibles a Cuba desde diferentes mercados en Sudamérica, Europa y África Norte.
Dichas acciones incluyen la amenaza directa, la persecución a compañías de transporte de combustible, además de presiones contra gobiernos de registro y bandera de esos buques, y medidas contra navieras y empresas de seguros. “se trata de una escalada que persigue efectos disuasivos e intimidatorios, destinados a crear dificultades adicionales a la población cubana, y a dañar a cada familia y persona”, subrayó.
A esas medidas se unen −precisó Rodríguez Parrilla− el incremento sostenido de otras que obstaculizan el comercio exterior, y el aumento de la persecución de las relaciones bancarias y financieras de La Habana con otros países. Recordó que coinciden en el tiempo con la activación de la autorización para presentar demandas antes cortes norteamericanas, sin jurisdicción alguna, con relación a actividades económicas con Cuba, al amparo de la Ley Helms-Burton, aplicada en su totalidad. Dijo que tales demandas tienen efectos inmediatos y directos contra entidades cubanas y de terceros países, a la vez que provocan daños en el comercio, las finanzas y los procesos de negociación económica en distintos planos.
Rodríguez Parrilla también criticó la aplicación de restricciones “adicionales extremas” por el gobierno de EE.UU., contra los viajes a Cuba, en particular de los ciudadanos de ese país norteño, y ejemplificó la prohibición brutal y repentina del arribo de cruceros a la isla.“Se produjo antes la eliminación de las licencias generales para intercambios educacionales, llamadas Pueblo a Pueblo”, sintetizó, mientras argumentó que la mera existencia de esos instrumentos es un acto discriminatorio que cercena la libertad de viajar de los ciudadanos norteamericanos. Además, se aplicó un límite arbitrario al envío de remesas de cubanos y norteamericanos a Cuba, lo cual está dirigido a dañar a las familias cubanas.
Bruno Rodríguez Parrilla expresó que también es evidente la campaña política de EE.UU., que precede acciones contra los programas de cooperación médica cubana en más de 70 países. Ese es precisamente uno de los sectores más impactados por las sanciones norteamericanas, al impedir la adquisición de fármacos. El ministro de Relaciones Exteriores citó el ejemplo de la compañía Medicuba S.A., la cual realizó más de 50 solicitudes a homólogas estadounidenses para la compra de insumos destinados al sistema de salud, sin recibir respuesta por algunas, mientras que otras se rehusaron. Son crecientes −adicionó− las dificultades para la obtención de materias primas destinadas a la elaboración de varios medicamentos, así como la imposibilidad de adquirirlas con la periodicidad requerida, lo cual propicia atrasos en el suministro a la población.
En el orden financiero, Rodríguez Parrilla señaló que decenas de bancos extranjeros han limitado o interrumpido sus vínculos con Cuba. Denunció que recientemente, consulados y embajadas de la isla en varios países, incluso europeos, recibieron comunicaciones de sus respectivos bancos, informando sobre el cese del cobro por tarjetas y la prohibición del uso de Visa y Mastercard, ejemplo de la extraterritorialidad de las medidas.
Como ha sido planteado en otros escenarios, Rodríguez Parrilla sostuvo que el bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de los cubanos, así como de sus connacionales residentes en Estados Unidos y en terceros países, y de los propios ciudadanos norteamericanos. “Está totalmente justificado por la Convención de Ginebra como un acto de genocidio sostenido contra el pueblo de Cuba”, recalcó.
Los daños acumulados por la aplicación del cerco unilateral en estos 60 años, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, ascienden a 922 mil 630 millones de dólares, mientras que a precios corrientes, totalizan los 138 mil 843 millones de dólares. Dichas cifras no abarcan el impacto de las medidas anunciadas en los últimos meses, las cuales serán contabilizadas para el próximo período, dijo el Canciller.
Solo desde abril de 2018 hasta marzo del presente año, el bloqueo causó pérdidas a Cuba en el orden de los 4 mil 343,6 millones de dólares, según refleja el informe que será presentado ante Naciones Unidas. Con los ingresos dejados de percibir por bienes y servicios, y los costos asociados por concepto de reubicación geográfica del comercio que impone a Cuba tener altos inventarios, el Producto Interno Bruto del país habría crecido a precios corrientes, en el último decenio, alrededor de un 10% como tasa promedio anual. “Es posible contabilizar o medir los daños económicos, pero no el impacto de sus daños humanitarios”. Los datos presentados demuestran que el bloqueo continúa siendo la causa fundamental de las dificultades de la economía cubana, y de las carencias y limitaciones que sufre el pueblo, así como el principal obstáculo al desarrollo del país. La Ley de comercio con el enemigo de 1917 se erige como la norma base del bloqueo que hasta hoy se aplica a Cuba, y de otras regulaciones que alcanzan a la Ley Helms-Burton.
Cuba cuenta con el respaldo abrumador de la comunidad internacional, que el pasado año votó casi unánimemente (189 votos) contra la aplicación del bloqueo.
Rodríguez Parrilla anunció, que los próximos días 6 y 7 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará, nuevamente, el proyecto de Resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. “Estamos seguros que la movilización del propio pueblo estadounidense, de la comunidad internacional y, sobre todo, la movilización consciente de nuestro pueblo, harán prevalecer la justicia y la verdad, e imposibilitará al gobierno de EE.UU. continuar la aplicación de una política que le provoca descrédito y aislamiento”.
Resumen Tomado de Cubadebate, 20 de septiembre de 2019.
