El 29 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden que declara una supuesta «emergencia nacional». Sobre esta base, el gobierno estadounidense se arroga el derecho de imponer aranceles punitivos a las importaciones procedentes de los países que suministran petróleo a Cuba, con el objetivo declarado de bloquear por completo el suministro de combustible a la isla. El gobierno cubano ha condenado enérgicamente esta medida.
Para justificar estas medidas, la Administración estadounidense esgrime una serie de acusaciones contra Cuba que son manifiestamente falsas y difamatorias. Cabe destacar la absurda afirmación de que Cuba representa una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta acusación es infundada y ha sido elaborada deliberadamente. Con esta orden, Cuba registra seis decretos presidenciales consecutivos que someten al país a un supuesto derecho de sanción de los Estados Unidos. La administración estadounidense no ha tomado medidas similares contra ningún otro país del hemisferio occidental desde el final de la Guerra Fría. Esto demuestra un desprecio abierto hacia el pueblo cubano.
Las medidas de la Administración estadounidense tienen consecuencias concretas y dramáticas para los cubanos: Cuba se enfrenta a una grave crisis energética y de abastecimiento. Se prevé que las reservas de combustible solo durarán unas pocas semanas. En todo el país se producen cortes de electricidad prolongados y recurrentes, así como restricciones en el transporte. Esto conlleva un riesgo creciente para el abastecimiento de los hospitales, la distribución de alimentos y otros ámbitos vitales, es decir, para la población. El gobierno estadounidense apuesta de forma específica por sanciones secundarias para disuadir a terceros países —entre ellos, aliados y socios cercanos como México o Canadá— de mantener relaciones comerciales legítimas con Cuba mediante presión económica.
Con esta política, el Gobierno de los Estados Unidos intenta intensificar aún más el estrangulamiento económico de Cuba, que lleva décadas en vigor, mediante chantajes, amenazas y medidas coercitivas extraterritoriales. De este modo, reafirma una vez más su peligrosa forma de política exterior, basada en el abuso de poder, la violencia económica y las pretensiones hegemónicas.
Esta orden supone, en un plazo de pocos días, una nueva y flagrante violación del derecho internacional. Viola los principios fundamentales de la soberanía de los Estados. Esto confirma una vez más que no es Cuba, sino la política de los Estados Unidos, la que pone en peligro la seguridad, la estabilidad y la paz en la región y más allá de ella.
El gobierno estadounidense ha llegado a este punto tras décadas de intentos infructuosos de destruir el legítimo proceso político y social de Cuba mediante su bloqueo. Cuba ha declarado en repetidas ocasiones su disposición a entablar un diálogo serio y responsable con los Estados Unidos, basado en el derecho internacional, la no injerencia, el respeto mutuo y el respeto pleno de la soberanía estatal.
El intento de causar sufrimiento y chantajear a millones de personas mediante la presión económica y el castigo colectivo muestra la verdadera cara de la estrategia de seguridad estadounidense.
La comunidad internacional se enfrenta así a una decisión: ¿acepta la normalización de medidas coercitivas y agresiones económicas contrarias al derecho internacional, o apuesta por la razón, la solidaridad y el rechazo decidido del bloqueo, la impunidad y el abuso de poder?
Ahora también se exige una respuesta del gobierno federal alemán. Quien se toma en serio el derecho internacional no puede permanecer en silencio ante esta escalada, sino que debe rechazar claramente la política de bloqueo extraterritorial de los Estados Unidos y trabajar activamente para ponerle fin.
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