Señora Presidenta,
Quisiera felicitarla por su elección para presidir el vigésimo octavo período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal; felicitación que hago extensiva a los restantes miembros de la Mesa.
La delegación de Cuba se asocia plenamente a las declaraciones realizadas por los distinguidos representantes del Grupo de los 77 más China, y el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, respectivamente.
Estamos próximos a celebrar el Decimocuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que brindará la posibilidad de formular recomendaciones prácticas y operacionales orientadas a la acción en apoyo a la paz y la justicia en las sociedades.
Celebramos la realización de estos Congresos, en tanto son marcos que han facilitado el intercambio de información y de buenas prácticas entre los Estados y los expertos vinculados a esta esfera; y por su impacto en la prevención del delito y la justicia penal a nivel internacional. Estamos convencidos que en el próximo congreso los resultados serán favorables y significativos al centrar los debates en temas de vigencia y preocupación internacional como la prevención de delito y el cumplimiento de la Agenda 2030.
Cuba otorga gran importancia a la Agenda 2030 y está comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que en ella se presentan para alcanzar un nuevo paradigma de desarrollo, que propicie una mayor prevención del delito y la justicia penal.
Señora Presidenta,
El acceso a la justicia es un derecho reconocido, la promoción de una cultura basada en la legalidad es y será un principio de actuación en nuestro Estado, que garantiza el acceso a los órganos judiciales y el respeto a los derechos e intereses legítimos.
Las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento y su irrespeto deriva responsabilidad para quien las incumplan. Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados están obligados a respetar, atender y dar respuesta a los ciudadanos,
Se garantiza la asistencia jurídica de la persona en todos los procesos en que interviene tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y en consecuencia, la igualdad de oportunidades para aportar los medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión de aquellos que hayan sido obtenidos sin observar los requisitos establecidos.
Toda persona tiene derecho a:acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial; no ser privada de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido; disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso; interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra las resoluciones judiciales o administrativas que corresponda; tener un proceso sin dilaciones indebidas; y obtener reparación por los daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios que reciba, solicitar y recibir información veraz, objetiva y oportuna.
Se reconoce el derecho de toda persona de acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación.
Señora Presidenta,
El gobierno de Cuba mantiene el compromiso de combatir las diversas manifestaciones del crimen transnacional organizado, en el marco de la Convención de Palermo y sus Protocolos (UNTOC), así como cooperar activamente con todos los países para su efectiva implementación. Somos Estado Parte de los tres Protocolos y apoyamos la necesidad de su adecuada aplicación.
Señalamos la importancia de combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, que aunque no tienen una incidencia significativa en nuestro país, son retos a los que no estamos ajenos y para los que debemos prepararnos constantemente.
En Cuba estamos comprometidos con la prevención y enfrentamiento de la trata de personas. Existe la voluntad política de nuestro Estado y Gobierno para prevenir y enfrentar la trata en cualquier manifestación, y proteger a las víctimas, lo cual constituye la base de nuestra política de tolerancia cero.
El Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas (2017-2020), constituye una herramienta fundamental en la actuación coordinada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil cubana para el abordaje a este grave delito. Las acciones conjuntas de las entidades estatales y no estatales constituyen un pilar de la prevención de la trata, de conjunto con instituciones especializadas y organizaciones no gubernamentales.
En el abordaje de todas las formas de crimen organizado transnacional, Cuba es reconocida por su seguridad ciudadana, y elevados niveles en la educación, cultura, salud, y equidad que son resultado del compromiso del Gobierno y el pueblo con esos altos fines.
Muchas gracias.
(Embacuba Austria / Cubaminrex)