Declaración sobre la agresión de los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela.
La agresión del ejército estadounidense en la noche del 2 al 3 de enero de 2026 a Venezuela, un país pacífico, el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y el anuncio de una cuasi anexión del país, son un acto pirata al estilo de los gánsters, un presagio aterrador para el año que apenas ha comenzado. El ataque se habría llevado a cabo con 150 aviones, tras haber sido desconectado, previamente, el sistema de defensa aérea de Venezuela. Más de 80 personas fueron asesinadas durante el ataque, entre ellas 32 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas y también civiles.
El ataque se había preparado durante mucho tiempo. Desde septiembre de 2025, una armada cada vez mayor de buques de guerra estadounidenses patrullaba frente a las costas venezolanas. Atacó a pequeños barcos de origen desconocido que navegaban por la zona, los hundió y mató a numerosas personas, en una amenaza descarada al presidente Maduro para que se rindiera y abandonara el país.
Agresión contraria al derecho internacional
Nada puede justificar todos estos ataques. La Carta de las Naciones Unidas es clara. En su artículo 2, apartado 4, establece: «Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.» Los Estados Unidos han firmado la Carta de las Naciones Unidas, según la Supremacy Clause de la Constitución de los Estados Unidos, los tratados son la ley suprema del país, y tanto los jueces como todos los políticos del país y el Gobierno están obligados a cumplirlos.
Ninguna de las dos excepciones a esta prohibición del uso de la fuerza, la legítima defensa según el artículo 51 o un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU según los artículos 39 y 42, puede ser invocada por el Gobierno de Trump.
En su sentencia de 1946, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg determinó: «El inicio de una guerra de agresión [...] no solo es un crimen internacional, sino el mayor crimen internacional, que solo se diferencia de otros crímenes de guerra en que reúne en sí mismo todo el mal».
De acuerdo con el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional, «agresión» significa el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o de cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Esto incluye «la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado al territorio nacional de otro Estado».
Trump intentó justificar su agresión, al afirmar que Maduro era el cerebro de una operación para introducir drogas en Estados Unidos y decir en su rueda de prensa tras el secuestro que Maduro había enviado «bandas brutales y asesinas, entre ellas la sanguinaria banda carcelaria Tren de Aragua, para aterrorizar a comunidades estadounidenses de todo el país».
Sin embargo, una valoración de los servicios secretos estadounidenses de febrero de 2025 llegó a la conclusión de que Tren de Aragua no estaba controlado por el Gobierno venezolano ni había cometido delitos en Estados Unidos por orden de este.
Y la mayor parte de la cocaína, que llega a EE.UU., según datos de las Naciones Unidas no se transporta por el Caribe sino por el Pacífico. Venezuela no tienes costas en el Pacífico.
Trump declaró en su rueda de prensa, que tenía la intención de apropiarse del petróleo venezolano y venderlo a otros países, ya que, según él, pertenecía a Estados Unidos y a empresas estadounidenses.
Sin embargo, Estados Unidos nunca ha poseído el petróleo ni el territorio de Venezuela. En 1976, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera de Venezuela. En un proceso que el New York Times describió como «pacífico y ordenado», las empresas petroleras estadounidenses y europeas, que anteriormente operaban en Venezuela, recibieron una indemnización de aproximadamente 1000 millones de dólares estadounidenses.
Las compañías petroleras extranjeras han presentado y ganado nuevas demandas contra Venezuela ante el sistema de arbitraje del Banco Mundial para disputas entre Estados y empresas, después de que el entonces presidente Hugo Chávez, en 2007, nacionalizara otras instancias de producción de petróleo del país, lo que Venezuela no ha pagado. Incluso si fuera cierta la extraña afirmación de Trump de que Estados Unidos es propietario del petróleo venezolano, esto no proporcionaría ninguna base legal para su ataque militar.
El Secretario de Estado Marco Rubio afirmó, además, que se trata «en gran parte de una medida de persecución penal» para detener a Maduro y Flores por una demanda de EE.UU., en la que se les acusa a ellos y a otros miembros del Gobierno de Maduro de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.
No obstante, un Estado no tiene jurisdicción penal alguna en el territorio de otro Estado, salvo que este haya dado su consentimiento. Sin consentimiento, se trata de una violación de la soberanía territorial del segundo Estado.
Además, según el derecho internacional consuetudinario, Maduro, como jefe de Estado, goza de inmunidad frente a la jurisdicción penal de otros Estados. La revocación del reconocimiento de Maduro como jefe de Gobierno venezolano por parte de los Estados Unidos no anula su inmunidad personal según el derecho internacional consuetudinario.
Secuestro de Noriega
El secuestro violento de Maduro recuerda al secuestro igualmente violento del entonces presidente de Panamá, Manuel Noriega, en 1989. En 1992 fue condenado en Estados Unidos a una pena de prisión por tráfico de drogas, entre otros delitos, que cumplió hasta su muerte. Seis meses antes del secuestro, el entonces fiscal general adjunto, Bill Barr, había presentado una Declaración para la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Ministerio de Justicia, al que Trump recurrirá para defender su golpe.
En este dictamen se afirma que el presidente tiene la facultad constitucional de ordenar una detención extraterritorial, incluso si ello viola el derecho internacional consuetudinario al «interferir en la soberanía de otros países».
La declaración también afirma, que la legislación estadounidense prevalece sobre la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe «el uso de la fuerza contra la integridad territorial» de un Estado. Barr escribió que la Carta «no prohíbe al poder ejecutivo, según la legislación nacional, autorizar secuestros violentos» en el extranjero.
«La declaración de la OLC ignora por completo que los fundadores, redactores y jueces del Tribunal Supremo han reconocido en repetidas ocasiones que el presidente y los miembros del poder ejecutivo están sujetos al derecho internacional», explicó Jordan Paust, profesor emérito del Centro Jurídico de la Universidad de Houston y antiguo capitán del Cuerpo JAG del Ejército de los Estados Unidos. «Además, existe la obligación constitucional expresa de aplicar la ley fielmente, y no de oponerse a ella».
Cambio de régimen
La absurda declaración de Trump de asumir las funciones gubernamentales en Venezuela tampoco tiene legitimidad jurídica: «Nos quedaremos hasta que se produzca una transición ordenada. Por lo tanto, nos quedaremos hasta que podamos administrar esencialmente el país, hasta que se pueda llevar a cabo una transición ordenada». Sin un nuevo ataque militar, este tipo de cambio de régimen no será posible, ya que también es ilegal. Se opone a él el derecho imperativo a la autodeterminación, consagrado en el artículo 2, apartado 2, de la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de 1977. En la primera frase de ambos se establece de forma coincidente: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.»
Tras el secuestro de Maduro, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina. Ella ha declarado inequívocamente que Maduro sigue siendo „el único Presidente“ de Venezuela. «Ya habíamos advertido que, bajo falsos pretextos y presagios, se estaba gestando una agresión y que las máscaras caerían y revelarían un único objetivo: un cambio de régimen en Venezuela», explicó Rodríguez. «Este cambio de régimen también permitiría la confiscación de nuestros recursos energéticos, minerales y naturales. Ese es el verdadero objetivo, y el mundo y la comunidad internacional deben saberlo».
En una entrevista con el New York Post, Trump respondió a la pregunta sobre si se enviarían tropas estadounidenses para gobernar Venezuela: «No, si la vicepresidenta de Maduro hace lo que queremos, no tendremos que hacerlo». Luego afirmó Trump: «Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro». Poco antes de esta entrevista, Trump había dicho a los periodistas en la rueda de prensa, que «no teme enviar tropas terrestres» para asegurarse el petróleo de Venezuela. En esencia, declaró su intención de mantener la ocupación de Venezuela por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, una ocupación ilegal viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho a la autodeterminación. «Ninguna apropiación territorial realizada mediante la amenaza o el uso de la fuerza podrá ser reconocida como legítima», afirmó la Corte Internacional de Justicia en su Dictamen del 19 de julio de 2024. «Una ocupación es una situación temporal para responder a necesidades militares y no puede transferir derechos de soberanía a la potencia ocupante». No existe ninguna necesidad militar para que Estados Unidos ocupe Venezuela. Y, como potencia ocupante, Estados Unidos tampoco estaría autorizado a explotar los recursos naturales de Venezuela, incluido su petróleo.
Resolución de Poderes de Guerra
La Resolución de Poderes de Guerra estadounidense permite al presidente emplear las fuerzas armadas estadounidenses en hostilidades o amenazas de hostilidades solo si el Congreso ha declarado la guerra o si «se ha producido una emergencia nacional como consecuencia de un ataque contra los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, o sus fuerzas armadas» o cuando exista una «autorización legal específica», como una autorización para el uso de la fuerza militar.
Sin embargo, antes de que el Gobierno de Trump lanzara su ofensiva para cambiar el régimen en Venezuela, se negó a informar a los presidentes de las comisiones de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes. A la pregunta de la conferencia de prensa del 3 de enero, cuando se le preguntó si el Gobierno había informado al Congreso antes del ataque militar contra Venezuela, Rubio afirmó: «Llamamos a los miembros del Congreso inmediatamente después. No era una misión en la que fuera necesario informar al Congreso». Trump añadió: «El Congreso divulgará la información y no queremos informantes». Ninguna de estas afirmaciones justifica el incumplimiento de la Resolución de Poderes de Guerra por parte del Gobierno. No obstante, Trump informó a las compañías petroleras estadounidenses tanto „antes como después” de la invasión.
«Una invasión estadounidense en Venezuela para derrocar y arrestar a su presidente es ilegal», afirmó el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia), Miembro del Comité del Senado para las Fuerzas Armadas, frente a NPR. El Senado votará esta semana la propuesta de Resolución de Poderes de Guerra presentada por Kaine que dice: «El Congreso instruye al presidente a poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que se apruebe expresamente mediante una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar».
El representante James Walkinshaw (demócrata por Virginia), miembro del Subcomité de Asuntos Militares y Exteriores y del Comité de Supervisión y Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Representantes, escribió en X: «La guerra de Trump para cambiar el régimen en Venezuela es sencillamente ilegal y otra traición más a las promesas que le hizo al pueblo estadounidense».
Los objetivos de Trump
Con la agresión a Venezuela, Trump persigue claramente tres objetivos. En primer lugar, está el petróleo, que necesita, no para su propio abastecimiento, sino como medio de presión, por ejemplo, contra Cuba.
«¿Cuba?», dijo Trump el 4 de enero, «creo que simplemente se hundirá. No creo que tengamos que tomar ninguna medida». El simple hecho de detener los suministros de petróleo pondrá a Cuba en una situación aún más difícil, de lo que lo han hecho las sanciones impuestas ya por más de sesenta años. Pero eso tampoco la hundirá.
Trump también tiene en el punto de mira los ricos yacimientos de oro y tierras raras de Venezuela, un país rico en materias primas. El bloqueo petrolero afectará, además, a la República Popular China, el mayor comprador de petróleo venezolano y, para Trump, su mayor competidor en el mercado mundial y el mayor desafío a su pretensión de ser la primera potencia mundial. Este ataque se dirige especialmente contra China.
De momento, se trata de la sumisión de toda América Latina. Su nueva estrategia de seguridad nacional incluye la «enmienda Trump» a la doctrina Monroe, que señala un retorno a las intervenciones militares de EE. UU. en América Latina. Sin embargo, esta antigua doctrina de 1823 se amplía ahora a la «doctrina Donroe», con alcance mundial. «Venezuela es, al parecer, el primer país en sufrir este imperialismo moderno, lo que representa un enfoque peligroso e ilegal de la posición de Estados Unidos en el mundo». escribió la redacción de The New York Times. Ningún país está a salvo de este imperialismo depredador, ni México ni Irán. Incluso quiere arrebatar Groenlandia a Dinamarca, socio de la OTAN. Hay que verlo así: la administración estadounidense es actualmente el régimen más peligroso del mundo.
Pero esta violencia peligrosa y desenfrenada ya ha provocado importantes protestas y resistencia en todo el mundo. Multitudes han salido a las calles para protestar contra la agresión imperialista de Trump en Venezuela.
El grupo de trabajo militar del Gremio Nacional de Abogados de EE. UU. publicó una declaración, en la que llamaba a la resistencia internacional contra la invasión estadounidense, por ejemplo, a que los empleados militares y civiles extranjeros se negaran a apoyar a los buques de guerra y aviones de combate estadounidenses, y que los gobiernos extranjeros se retiraran de los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos y exigieran rendición de cuentas a los funcionarios responsables con los medios a su alcance.
Debemos dejar claro de todas las formas posibles que rechazamos el imperialismo estadounidense en Venezuela, en el hemisferio occidental y en todo el mundo. La mejor ayuda para los países amenazados es la protesta enérgica y la presión sobre los propios gobiernos para que no cedan ante esta monstruosa pretensión, sino que se opongan a ella.
Berlín, 6 de enero de 2026
Norman Paech, Prof. em. De la Universidad de Hamburgo y expresidente de la Unión de Juristas Democráticos.
Marjorie Cohn, Prof. em. en la Facultad de Derecho Thomas Jefferson y ex presidenta del National Lawyers Guild (Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos).
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