NUEVA YORK, 30 de octubre de 2018.- Durante su intervención en el Tema 77 de la agenda de las Naciones Unidas, dedicado al Informe de la Corte Penal Internacional, la Representante Permanente Alterna de Cuba ante la organización, Embajadora Ana Silvia Rodríguez Camejo, expresó el firme compromiso de la isla en la lucha contra la impunidad de crímenes que afecten a la comunidad internacional y como acontecimientos mundiales que han tenido lugar en los últimos años demuestran de manera fehaciente la necesidad de una institución jurisdiccional internacional con autonomía, que conduzca dicha lucha.
La representante caribeña explicó que ello pasa por la definición del crimen de agresión, el cual debe establecerse de manera genérica y abarcando todas las formas de agresión que se manifiestan en las relaciones internacionales entre los Estados y que no se circunscriben al uso de la fuerza armada, pero afectan igualmente la soberanía, integridad territorial o independencia política de los Estados. En el caso de Cuba, argumentó, se ha sido víctima de disímiles formas de agresión durante casi 60 años, los cuales han causado miles de muertos y lesionados, sufrimiento familiar e innumerables pérdidas materiales, económicas y financieras. Sin embargo, la definición del crimen de “agresión” alcanzada en la Conferencia de Kampala, está muy lejos de considerar algunos de los elementos mencionados, resultado del hostigamiento y la agresividad que ha resistido el pueblo cubano.
La diplomática reflexionó sobre las amplias facultades otorgadas al Consejo de Seguridad en virtud del Artículo 16 del Estatuto de Roma en relación con el trabajo de la Corte Penal Internacional, las cuales en su opinión desvirtúa su carácter de institución independiente, al violar el principio capital de la independencia de los órganos jurisdiccionales y la transparencia e imparcialidad en la administración de justicia. Ello, añadió, es confirmado por las remisiones realizadas a la Corte por parte del Consejo de Seguridad, a través de las cuales se ataca a países en desarrollo en nombre de una supuesta “lucha contra la impunidad”.
Rodríguez Abascal reiteró la posición de Cuba a favor del establecimiento de una jurisdicción penal internacional imparcial, no selectiva, eficaz, justa, complementaria de los sistemas nacionales de justicia, verdaderamente independiente y, por tanto, exenta de subordinaciones a intereses políticos que puedan desvirtuar su esencia. Agregó que la Corte no puede desconocer los Tratados Internacionales y los principios del Derecho Internacional y debe respetar el principio de derecho relativo al consentimiento del Estado para obligarse por un tratado, lo cual queda refrendado en el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969.
Cuba en varias ocasiones ha expresado su preocupación por el precedente que se crea con las decisiones de la Corte de iniciar procesos judiciales contra nacionales de Estados no Partes en el Estatuto de Roma, que ni siquiera han aceptado su competencia, de conformidad con el artículo 12 del mismo.