El presente documento contiene una actualización de la respuesta de Cuba a la resolución 75/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
Incluye las principales afectaciones ocasionadas por el bloqueo a Cuba en el período entre agosto de 2021 y febrero de 2022.
Los efectos combinados de una crisis multidimensional a nivel global en los sectores energético, alimentario, ambiental y de transporte, y el impacto acumulado de dos años de pandemia de COVID-19, han conformado un complejo contexto internacional.
Insertada en esta realidad, Cuba ha debido enfrentar, adicionalmente, el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo de los EE.UU., que incluye medidas adicionales muy agresivas impuestas durante el gobierno de Donald Trump y que, en su gran mayoría, aún permanecen vigentes como continuación de la política de máxima presión contra el país.
Desde 2019, el bloqueo ha escalado a una dimensión cualitativamente más dañina e inhumana, con un reforzado componente extraterritorial.
Las demandas presentadas al amparo del Título III de la Ley Helms- Burton, la persecución a las empresas, buques y navieras que envían suministros de combustible al país, la arbitraria e injustificada inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo del Departamento de Estado, el ataque a todas las fuentes de ingreso y de entrada de divisas al país, la intimidación a terceros y el reforzamiento de las presiones a gobiernos, instituciones bancarias y empresarios de todo el mundo, se han consolidado como parte esencial de la estrategia de los EE.UU. para aislar a Cuba y provocar el descalabro económico.
La continuidad en la aplicación plena de la Ley Helms-Burton, incluyendo la autorización para que se presenten demandas en tribunales estadounidenses al amparo de su Título III, amplió aún más el esquema de entorpecimiento a las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países. Al cierre de julio de 2022, se encontraban en curso 37 procesos judiciales en cortes estadounidenses en virtud de esta ley extraterritorial.
La permanencia de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo ha reforzado el impacto disuasivo e intimidatorio del bloqueo, así como las dificultades del país para insertarse en el comercio internacional y realizar operaciones financieras. Ello se ha traducido en cierres de contratos, pérdida de relaciones con entidades bancarias que habitualmente trabajaban con Cuba, endeudamientos, demoras en el envío y recepción de fondos y mercancías, entre otras dificultades, con costos y consecuencias incalculables para el pueblo y la economía cubana.
En condiciones de una verdadera guerra económica, el gobierno de los EE.UU. ha desatado una perniciosa campaña mediático-comunicacional para intentar desestabilizar el país. Recurren a la mentira, la calumnia, la manipulación de datos, imágenes y a los más diversos métodos de guerra no convencional, para generar la desestabilización política y el llamado “cambio de régimen”, en franca violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
Han apelado a los sentimientos de audiencias intencionalmente seleccionadas. Situaron a nuestros niños, jóvenes y artistas en el centro del bombardeo mediático. Promovieron líderes artificiales, fabricaron pretextos para el fallido ensayo de una intervención humanitaria, alentaron la emigración irregular e hicieron gala de una narrativa engañosa a fin de posicionar la falsa imagen de un gobierno en crisis, represivo e inestable, incapaz de responder a las demandas de su población.
Para esas actividades, el gobierno estadounidense ha destinado alrededor de 20 millones de dólares anuales. Los programas son operados bajo la Sección 109 de la Ley Helms-Burton, que autoriza al Presidente de EE.UU. a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales en favor de los esfuerzos de “democratización” de Cuba.
Las medidas sobre Cuba anunciadas el pasado 16 de mayo por el gobierno de Joseph Biden en torno al diseño coercitivo impuesto durante el mandato de Donald Trump, tienen un carácter muy limitado. En esencia, contemplan las disposiciones siguientes:
- Reanudación de forma paulatina y limitada de los trámites de visado de inmigrante en la Embajada de EE.UU. en La Habana para categorías específicas.
- Autorización de los vuelos regulares y chárteres desde y hacia nueve aeropuertos internacionales del país, además del de La Habana.
- Eliminación del límite de 3 mil 600 frecuencias de vuelos anuales hacia La Habana y autorización de vuelos chárter privados a todo el país.
- Autorización de los viajes grupales “pueblo a pueblo”, bajo la licencia general de viajes educacionales.
- Eliminación del límite de 1000 USD por trimestre a las remesas familiares y autorización de las remesas no familiares.
Estas regulaciones no se refieren a los aspectos más dañinos del bloqueo ni revierten las medidas más agresivas adoptadas por el gobierno de Donald Trump.
No se modifica la prohibición del comercio bilateral regular y a importar desde terceros países bienes que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Continúan vigentes la Lista de Entidades Cubanas Restringidas y la de Alojamientos Prohibidos, las acciones para impedir el traslado de combustible, así como la inclusión de Cuba en la Lista de Estados patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado.
Se mantiene la prohibición del uso del dólar estadounidense en las transacciones internacionales de Cuba, así como la imposibilidad de utilizar el sistema financiero estadounidense para realizar las mismas, cuando el origen y destino de las transferencias sea una entidad cubana y de un tercer país.
Todo ello genera cuantiosas pérdidas por variación de las tasas de cambio entre la moneda de EE.UU. y la de terceros países en las que se ejecutan los cobros y pagos, así como otros costos adicionales.
Para los ciudadanos estadounidenses, persiste la prohibición de viajar a Cuba. Solo es posible hacerlo mediante licencias establecidas en el marco regulatorio del bloqueo, con numerosas restricciones. Las medidas no autorizan los viajes educativos individuales “pueblo a pueblo”, importante limitación que obliga a viajar en grupo y con el auspicio, supervisión y responsabilidad legal de una organización estadounidense.
Del mismo modo, la reanudación de los servicios migratorios en la Embajada de EE.UU. en La Habana ha sido hasta el momento gradual y muy limitada. La Embajada de EE.UU. en Georgetown, Guyana, se mantiene como centro principal de procesamiento consular para Cuba. Ello afecta a ciudadanos y familias de ambos países y contribuye a estimular la emigración irregular.
En materia de remesas, se mantiene la imposibilidad de realizar estas operaciones mediante los canales formales e institucionales, en tanto se prohíbe a entidades tramitadoras estadounidenses realizar transacciones con las empresas cubanas incluidas en la Lista de Entidades Restringidas.
El actual gobierno de los EE.UU. presenta estas regulaciones administrativas como “apoyo al pueblo cubano”; no obstante, su actuación hostil y demagógica contradice cualquier interés real de retomar el camino iniciado durante la presidencia de Barack Obama, que propició notables avances en la relación bilateral.
Persiste el empeño de generar carencias materiales, escasez, sembrar el desaliento, la insatisfacción y provocar daños al pueblo cubano, así como obstaculizar las posibilidades de progreso económico en un escenario de grave crisis global.
Solo entre agosto de 2021 y febrero de 2022, esta política causó pérdidas a Cuba en el orden de los 3 mil 806,5 millones de dólares, cifra 49% superior a la reportada en el período anterior (enero-julio 2021). Este monto récord, en apenas siete meses, es reflejo del impacto recrudecido del bloqueo sobre las exportaciones cubanas, principalmente en el sector turístico, la despiadada persecución a las operaciones bancario-financieras del país, los costos por reubicación geográfica del comercio, las afectaciones a la producción y los servicios que se prestan a la población y los obstáculos para acceder a tecnologías de avanzada.
Se estima que el PIB pudo haber crecido un 4,5% en estos siete meses de no existir el bloqueo, lo que proyectado a un año representa cerca del 8%.
Teniendo en cuenta los daños reportados entre enero-julio de 2021, solo en los 14 primeros meses del gobierno de Joseph Biden los perjuicios ocasionados por el bloqueo alcanzaron la cifra de 6 mil 364 millones de dólares, lo que representa una afectación de más de 454 millones de dólares mensuales y más de 15 millones de dólares diarios.
A precios corrientes, los daños acumulados durante seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 154 mil 217,3 millones de dólares. Tomando en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 1 billón 391 mil 111 millones de dólares.
Como resultado, el desempeño de la economía cubana ha experimentado presiones extraordinarias que se manifiestan en la industria, las prestaciones de servicios, el comercio minorista, la escasez de los alimentos y medicinas y el deterioro del nivel de consumo y bienestar general de la población.
En los últimos meses, se ha trabajado sistemáticamente en la búsqueda de una estabilidad energética bajo condiciones muy complejas, al limitarse la disponibilidad de las plantas generadoras por la falta de combustible, piezas de repuesto y otros recursos fundamentales para su reparación y mantenimiento. Los pocos proveedores que han decidido mantener el suministro a Cuba de estos productos, han incrementado los precios considerablemente en función del riesgo país.
Solo entre agosto de 2021 y febrero de 2022, los daños al sector de energía y minas ascendieron a 185 millones 533 mil 55 dólares. Esta cifra supera en casi 50 millones la reportada entre enero y julio de 2021.
Los datos no ilustran el verdadero impacto de estas afectaciones en la vida cotidiana de los cubanos, ni el estrés constante generado por las intermitentes interrupciones al servicio eléctrico, a pesar de la voluntad y el esfuerzo del gobierno para lograr una solución pronta y efectiva a este problema.
En el período, la firma de origen alemán, Brüel & Kjær Vibro GmbH, proveedora de la tecnología de los sistemas de monitoreo de vibraciones de las turbinas térmicas de la Unión Nacional Eléctrica, trasladó que no concertaría contratos con la Empresa importadora cubana ENERGOIMPORT si esta no realizaba por adelantado la totalidad de los pagos, en tanto su banco le recomendó no operar con Cuba por la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.
En octubre de 2021, el suministrador de origen francés CNIM comunicó a la Empresa comercial DEVEXPORT que no podría proseguir con los contratos de piezas de repuesto para la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras toda vez que, tras una reestructuración financiera interna, el Grupo se había comprometido a no financiar, facilitar o desarrollar actividades con ningún país sometido a las sanciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y del Departamento de Estado de los EE.UU.
El bloqueo viola el derecho a la vida y a la salud de todas las cubanas y cubanos. El impacto de esta política se refleja en el desabastecimiento de productos imprescindibles para el consumo de la población, así como las dificultades de la industria nacional para adquirir insumos necesarios para la producción de fármacos y otros servicios esenciales.
Cuba es capaz de producir más del 60% de su cuadro básico de medicamentos; sin embargo, estos niveles no se han podido garantizar durante meses debido al impacto del bloqueo en la capacidad de pago del país, la imposibilidad de acceder a tecnologías médicas con más de un 10% de componentes estadounidenses, la necesidad de recurrir a rutas de transportación alternativas con un elevado costo adicional y la creciente negativa de instituciones financieras y bancarias en diversos países a tramitar operaciones con Cuba, lo que ha impedido realizar las transacciones con los proveedores de estos insumos.
Ilustra lo anterior la imposibilidad de materializar una compra de insulina a la compañía danesa Novo Nordisk, ante la negativa del Danske Bank a aceptar las transferencias bancarias. El banco alegó que no podía recibir fondos procedentes del Banco Financiero Internacional (BFI), en tanto es una entidad cubana sancionada por la OFAC.
En pleno contexto de enfrentamiento a la COVID-19, el bloqueo obstaculizó el arribo de jeringuillas al país para apoyar el proceso de vacunación. Las negociaciones con un proveedor extranjero debieron interrumpirse, puesto que el banco británico HSBC informó al suministrador que no podía realizar operaciones de pago destinadas a la Isla.
Durante el mayor pico pandémico en el país en 2021, no fue aplicada ni una sola medida de alivio del bloqueo. Esta política obstaculizó el arribo de donaciones; la adquisición de cilindros, piezas de repuesto y otros componentes necesarios para el suministro de oxígeno medicinal; además de la compra y la transportación de materiales indispensables para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, así como para la investigación, producción y evaluación de los candidatos vacunales y las vacunas cubanas contra la COVID-19.
Como consecuencia del bloqueo, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), productor de la vacuna cubana contra la COVID-19 Abdala, reportó afectaciones por un valor de 190 millones 671 mil dólares. Para el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), productor de las vacunas Soberana 02 y Soberana Plus, esta política generó dificultades en 20 operaciones, 11 correspondientes a insumos, 6 a reactivos y 3 a equipos de fabricantes de origen estadounidense.
Estudios clínicos de enfermedades autoinmunes, como la psoriasis, la esclerosis múltiple, así como las neurodegenerativas, no han podido iniciarse porque los medicamentos necesarios, que son estándares terapéuticos en el mundo, no están disponibles para pacientes cubanos.
Estas severas limitaciones perjudican la calidad de los servicios prestados a la población cubana, pues se generan demoras, listas de espera para recibir atenciones médicas especializadas, incrementos en las estadías hospitalarias y otros efectos negativos.
Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las afectaciones a la producción y a los servicios en el sector agropecuario, las trabas en las operaciones monetario-financieras, los costos adicionales por la reubicación geográfica del comercio y otros obstáculos para adquirir tecnologías y combustibles, impactaron gravemente la producción y adquisición de alimentos en Cuba, generando afectaciones por un valor de 270 millones 932 mil 307 dólares en la esfera de la agricultura.
En esta etapa, un grupo considerable de bancos se negó a tramitar pagos a proveedores de la empresa cubana importadora de alimentos ALIMPORT, relativos a productos como soya, grasa vegetal, pienso porcino, salchichas, entre otros.
A lo anterior se suman las trabas asociadas al transporte marítimo que impactan toda nuestra cadena logística. En este sentido, ha continuado sin prestar servicios la naviera MSC, que transportaba un volumen considerable de nuestras cargas, fundamentalmente de ALIMPORT, lo que ha obstaculizado las operaciones con mercados tradicionales.
Debido a la falta de combustible, se han incrementado las afectaciones en el riego, la preparación de tierra, la protección fitosanitaria y el movimiento del personal vinculado a la agricultura. De igual forma, persisten las dificultades para la adquisición y/o reparación del equipamiento necesario para el proceso agrícola y preindustrial y el transporte en general.
En el período, la Empresa cubana TRANSIMPORT realizó 518 solicitudes de equipos automotores, tractores, baterías, motores, montacargas, partes y piezas, entre otros. Solo recibió el 9% de las demandas realizadas a proveedores extranjeros.
El bloqueo afecta al emprendimiento privado cubano tanto como a la empresa estatal. Sobran los ejemplos de herramientas informáticas que no son accesibles para desarrolladores nacionales solo por su condición de cubanos. Se les dificulta, además, el acceso a mecanismos financieros externos, la apertura de cuentas bancarias en el extranjero y la posibilidad de utilizar plataformas de pago y comercio electrónico vedadas para Cuba.
El impacto del bloqueo no se circunscribe únicamente a la realidad cubana. Mediante la presión y el empleo de prácticas escandalosamente antidemocráticas e injerencistas, Washington persigue que el resto de los países y organizaciones internacionales acaten sus decisiones políticas con respecto a Cuba.
En noviembre de 2021, se conoció que la Embajada de EE.UU. en Viena envió una carta a la Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), solicitando explícitamente que los fondos destinados por su gobierno a la organización para actividades de seguridad nuclear no fueran empleados en proyectos de cooperación con Cuba.
En el período, se identificaron un total de 100 bancos extranjeros involucrados en 261 acciones de cierre de cuentas y de contratos bancarios establecidos, devolución de transacciones, negativa a la apertura de cuentas, cancelación de claves para el intercambio de información financiera a través de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), entre otras. Como consecuencia, las afectaciones al sector bancario-financiero ascendieron a 260,8 millones de dólares, cifra que supera en 93 millones a la reportada entre enero y julio de 2021.
Asimismo, decenas de misiones diplomáticas cubanas en el mundo han perdido su relación con los bancos que tradicionalmente les prestan servicios, por el temor de estos a represalias del gobierno de los Estados Unidos.
Como resultado, el país ha encontrado obstáculos para efectuar el pago de sus contribuciones a varios organismos internacionales y regionales, a pesar de la voluntad del gobierno cubano de honrar sus compromisos financieros.
A mediados de 2021, el Banco Société Générale decidió cerrar las cuentas de la delegación permanente de Cuba ante la UNESCO y de la Embajada de Cuba ante la República Francesa, lo cual ha afectado sustancialmente el normal funcionamiento de ambas sedes diplomáticas. El anuncio del cierre definitivo de las referidas cuentas se inscribe en la política de bloqueo hacia Cuba, al tiempo que viola el Reglamento no. 2271/96 adoptado por el Consejo Europeo para contrarrestar sus efectos extraterritoriales.
Otro ejemplo se dio a conocer en enero del presente año, cuando el banco multinacional holandés Internationale Nederlanden Groep decidió bloquear todas las donaciones a la delegación de la Internacional Progresista que viajaría a nuestro país como parte de una iniciativa para apoyar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 a nivel mundial. El banco alegó que la decisión se tomó sobre la base de las evaluaciones de riesgo a tenor de las sanciones impuestas por EE.UU. a Cuba.
La plataforma digital de alojamiento Airbnb Payments, Inc. debió pagar a inicios de 2022 una multa de 91 mil 172 dólares impuesta por la OFAC, por aceptar pagos de estadounidenses que viajaron a Cuba fuera de las categorías autorizadas por la Casa Blanca.
El propio asesor adjunto de Seguridad Nacional del exmandatario Barack Obama, Ben Rhodes, calificó la multa como “estúpida, contraproducente y trumpiana” por negar a los estadounidenses la capacidad de facilitar ingresos directamente a los cubanos y establecer conexiones entre ambos pueblos.
Recientemente, el país vivió momentos de suma angustia y tensión producto del incendio de grandes proporciones en la base de supertanqueros de la provincia de Matanzas, que ocasionó lamentables pérdidas humanas y materiales. Mientras decenas de naciones, amigos y cubanos residentes en el exterior mostraban su solidaridad a Cuba, el bloqueo continuó obstaculizando el arribo de ayuda internacional al país.
La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba no pudo realizar una transferencia a la cuenta del Banco Financiero Internacional destinada a donaciones en caso de emergencia, pues el banco BPM y la filial de Milano de la Banca Ética alegaron que el BFI se encontraba en la lista de entidades sancionadas por el Departamento de Estado de los EE.UU.
El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano.
Es un acto de guerra económica en tiempos de paz. Representa el principal freno para el desarrollo económico y social del país, así como para la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sus pretensiones son ilegítimas e ilegales, violatorias de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
Los limitados cambios anunciados el 16 de mayo de 2022, respondieron a la continua denuncia del pueblo y el gobierno cubanos, a los reclamos constantes dentro de la sociedad estadounidense y la comunidad de cubanos residentes en el exterior para poner fin al bloqueo, así como a la postura casi unánime de los países del mundo en rechazo a este cruel sistema de medidas coercitivas unilaterales.
A tres décadas de la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo, el gobierno de los EE.UU. persiste en ignorar los numerosos pronunciamientos de ese foro internacional que llaman a eliminar, sin condicionamientos, su política fallida, unilateral y criminal contra Cuba.
En este contexto de especial complejidad, Cuba y su pueblo agradecen profundamente las muestras de solidaridad recibidas, y confían en continuar contando con el apoyo de la comunidad internacional en su legítimo reclamo de poner fin a esta injusta política.
