No es hasta el 6 de noviembre de 1965, luego de la llamada crisis migratoria de Camarioca, que los Estados Unidos y Cuba alcanzan el primer acuerdo migratorio.
Las relaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba cambiaron abruptamente a partir de 1959, en tanto se desnaturalizan cuando Washington decide convertir su política migratoria hacia la Isla en un instrumento más de su guerra contra el proceso revolucionario cubano.
A todos los cubanos que emigraban a Estados Unidos, no importaba la vía y sus antecedentes, se les daba la categoría de «refugiados políticos», al amparo de la ley Walter-McCarran de 1952, destinada a estimular la emigración de los países socialistas de Europa del este, en correspondencia con la intención de enmarcar la confrontación con Cuba en el contexto de la Guerra Fría y darle un trato similar al que recibían los inmigrantes del campo socialista. A partir de ese momento —para el gobierno de Estados Unidos—, los cubanos no emigraban al igual que los dominicanos, mexicanos y puertorriqueños, sino que «huían del régimen», expresión de la alta politización que adquirió el tema.
Lo primero que hizo la administración Eisenhower fue recibir con los brazos abiertos a los criminales y ladrones de la dictadura de Fulgencio Batista que huían de la justicia revolucionaria, al tiempo que comienza a elaborar proyectos y programas especiales de ayuda exclusivos para los inmigrantes cubanos, también con la intención artera de atraer a la fuerza más calificada de la Isla y privar a la Revolución Cubana de ese valioso recurso humano. En diciembre de 1960 se crea el Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos en Miami. En esos primeros años de la década del 60 el tema migratorio se convirtió en uno de los puntos más críticos en las relaciones entre ambos países.
No es hasta el 6 de noviembre de 1965, luego de la llamada crisis migratoria de Camarioca, que los Estados Unidos y Cuba alcanzan el primer acuerdo migratorio, firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Raúl Roa García y el embajador suizo en La Habana, Emil A. Stadelhofer, en representación de los intereses estadounidenses en la Mayor de las Antillas.
Esta crisis fue el resultado de la constante incitación de los Estados Unidos a la emigración ilegal desde Cuba, el otorgamiento de estatus de «refugiado» a los cubanos que llegaban directamente a su territorio, incluidos secuestradores y los que cometían otros delitos, mientras se obstaculizaba la entrada de los cubanos desde terceros países, los que eran sometidos a las mismas regulaciones que el resto de los inmigrantes. La posibilidad de una salida segura, legal y ordenada de los cubanos también se había ido estrechando desde que la administración Kennedy había puesto fin a todos los vuelos hacia y desde Cuba, durante la Crisis de Octubre de 1962. Ello provocó varios incidentes violentos y secuestros de embarcaciones.
Ante esta situación, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, anunció en un discurso pronunciado el 28 de septiembre de 1965, que se habilitaría el puerto de Camarioca en la provincia de Matanzas, para que los cubanos que desearan abandonar el país pudieran ser recogidos por sus familiares en embarcaciones provenientes desde el territorio norteamericano. Por esta vía salieron 28 000 personas entre el 10 de octubre y el 3 de noviembre de ese año.
La administración de Lyndon B. Johnson primero trató de explotar la situación propagandísticamente, pero después, debido a las dificultades que esta situación anormal creó al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, propuso negociaciones al gobierno de Cuba a través de la embajada suiza en La Habana. Las negociaciones concluyeron con la firma de un Memorándum de Acuerdo que permitió el establecimiento de un puente aéreo entre Cuba y Estados Unidos.
Los vuelos salían del aeropuerto de Varadero hacia Miami, con una frecuencia de dos diarios, durante cinco días a la semana. El gobierno de Estados Unidos se comprometió al traslado de entre 3 000 y 4 000 cubanos al mes. El gobierno cubano solo puso objeción a la salida de técnicos y jóvenes de 15 a 26 años de edad que estaban obligados a cumplir Servicio Militar, así como rechazó la propuesta estadounidense de permitir la salida a presos contrarrevolucionarios.
Por esa vía saldrían del país 268 000 personas hasta 1973 cuando el presidente estadounidense Richard Nixon lo suspendió, alegando el supuesto cuestionamiento del Congreso al alto costo del programa de refugiados cubanos (727 millones de dólares entre 1961 y 1972). Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos y la contrarrevolución de origen cubano en ese país, no dejaron de explotar estas salidas propagandísticamente, al denominarlas «Vuelos de la Libertad».
El 2 de noviembre de 1966, el presidente Johnson firmó la Ley de Ajuste Cubano, que a partir de entonces garantizó el tratamiento preferencial a los inmigrantes cubanos, convirtiéndose con los años en un permanente y poderoso estímulo a la emigración ilegal de Cuba hacia Estados Unidos. Entre otras causas, el origen de la Ley estuvo en el interés del gobierno de Estados Unidos de abaratar los costos del Programa de Refugiados Cubanos —el más amplio y costoso programa que jamás haya sido aplicado en Estados Unidos— y regularizar de forma preferencial el estatus legal de los inmigrantes cubanos.
Esta ley —aún vigente— funcionó superponiéndose al acuerdo migratorio y establece que: «….el estatus de cualquier extranjero nativo o ciudadano cubano o que haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra (parole) en Estados Unidos después del 1ro. de enero de 1959 y que haya estado presente físicamente en Estados Unidos al menos durante un año, puede ser ajustado por el Fiscal General, a su discreción y conforme a las regulaciones que pueda prescribir, a la de extranjero admitido legalmente para residir permanentemente, si el extranjero hace una solicitud de dicho ajuste, y el extranjero es elegible para recibir una visa de inmigrante y es admisible en Estados Unidos para residir permanentemente».
La Ley de Ajuste Cubano continuó dando acceso inmediato a los inmigrantes cubanos, además se les eximía de las restricciones por cuotas que establecía la Ley Migratoria de 1965 para los inmigrantes de otros países y, al año de estancia en los Estados Unidos, podían optar por la residencia sin tener que salir del país, como estaba establecido para el resto de los inmigrantes. Sin embargo, un dato poco conocido es que muchos cubanos que emigraron a Estados Unidos en esos años poco interés mostraron en la Ley de Ajuste mientras estuvo reinante el Programa de Refugiados Cubanos, pues el mismo ofrecía ventajas económicas que ni siquiera disfrutaban los norteamericanos, como la excepción del pago de impuestos. Una vez cancelado el Programa en 1975, comenzó la naturalización acelerada de los inmigrantes cubanos y su incorporación a la vida política estadounidense.
A partir de 1973 comenzaría nuevamente una etapa de agudización de las tensiones en torno al tema migratorio entre ambos países, que tendrían su pico cuando en 1980 se produce nuevamente otra crisis migratoria durante el último año del mandato presidencial del demócrata James Carter.
Desde finales de 1979 hasta inicios de 1980, Estados Unidos continuó implementando su indiscriminada política de estimular las salidas ilegales de Cuba y recibir como héroes a los que cometían ese tipo de acciones, al tiempo que negaba cada vez más las visas a los cubanos que deseaban salir del país legalmente.
Esta situación fue creando poco a poco un escenario cercano al estallido de una nueva crisis migratoria entre Estados Unidos y Cuba al producirse varios secuestros violentos de embarcaciones.
Ante esta situación de inminente peligro para la seguridad de Cuba y para la política migratoria legal y regulada, el gobierno de la Isla advirtió en varias oportunidades a Washington que tomara las medidas pertinentes y cambiara su política de estimular la emigración ilegal y de recibir a los secuestradores de embarcaciones como héroes, pues de lo contrario el gobierno cubano se vería obligado a reeditar la experiencia de Camarioca. Mas el gobierno de Washington siguió dilatando sus acciones y sin responder las advertencias cubanas.
También Cuba, con extrema paciencia, venía soportando desde 1979 los hechos irregulares ocurridos en las sedes diplomáticas de Venezuela y Perú, al penetrar en ellas por la fuerza elementos antisociales en busca de un supuesto «asilo político» y ser recibidos como héroes, al tiempo que, paradójicamente, se les negaban las visas cuando las solicitaban normal y pacíficamente (Granma).