Estados Unidos recrudece su política de bloqueo contra Cuba.

Nueva York, 9 de septiembre de 2019. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba por casi seis décadas, es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno, siendo el principal obstáculo para el desarrollo de la economía cubana, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país, así como para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El recrudecimiento del bloqueo continuó siendo el eje central de la política del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) hacia Cuba, con efectos cada vez más notables en su aplicación extraterritorial. Por su declarado propósito y el andamiaje político, legal y administrativo en el que se sustenta, estas sanciones califican como acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y como un acto de guerra económica según lo establecido en la Conferencia Naval de Londres de 1909.

Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, las medidas de agresión económica a la isla han aumentado, causando dicha política pérdidas a Cuba en el orden de los 4 mil 343, 6 millones de dólares. A precios corrientes, los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política alcanzan la cifra de 138 mil 843, 4 millones de dólares.

Durante este mismo periodo, el fortalecimiento de la aplicación extraterritorial del sistema de sanciones contra Cuba se reflejó en constantes afectaciones a las empresas, bancos y embajadas cubanas, las cuales enfrentan colosales obstáculos en sus actividades comerciales y financieras en muchos países del mundo.

Por solo citar dos ejemplos, se debe mencionar que el Departamento de Estado de los EE.UU., amplió en tres ocasiones la “Lista de Entidades Cubanas Restringidas” que son objeto de sanciones adicionales a las impuestas por las regulaciones del bloqueo, ocasionando daños considerables a la economía del país, por su efecto intimidatorio sobre la comunidad empresarial internacional. Al mismo tiempo, Washington decidió   permitir la posibilidad de que, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, se puedan tomar acciones judiciales en tribunales de los EE.UU. ante demandas presentadas por ciudadanos o entidades estadounidenses contra empresas o individuos cubanos o de terceros países que se relacionen comercialmente con propiedades nacionalizadas en Cuba en la década de 1960.

Suman ya 27, las resoluciones adoptadas por la comunidad internacional en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuales reclaman   al gobierno de los EE.UU. que ponga fin, sin condicionamiento alguno, a su política de bloqueo contra Cuba.

Cuba no cejará en su empeño de derribar dicha política hostil y agresiva del gobierno estadounidense, cuyo fin último es revertir la voluntad del pueblo cubano de construir una nación independiente, soberana, socialista y prospera, sobre la base de su derecho a la autodeterminación.

Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas.

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