Señor Presidente:
El informe presentado sobre Belarús no refleja objetivamente la realidad del país. No nos sorprende que este sea el resultado de la resolución selectiva, parcializada e injerencista que año tras año se impone contra Belarús.
Las resoluciones y mecanismos punitivos, que no cuentan con el consentimiento del Estado concernido que se imponen contra determinados países, que siempre son del Sur, en lugar de contribuir a la causa de los derechos humanos, se convierten en un obstáculo que impide el diálogo respetuoso y la cooperación genuina, únicas vías efectivas para avanzar en la promoción y protección de lo derechos humanos en cualquier país.
Este ejercicio selectivo y parcializado sobre Belarús solo es conveniente para nutrir las narrativas y agendas políticas de determinados países y justificar la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra esa nación. Reiteramos nuestro llamado a respetar los principios de imparcialidad y objetividad en la labor del Consejo.
Este órgano gasta anualmente casi 40 millones de dólares en mandatos que no cuentan con el consentimiento de los Estados concernidos, como es el caso de Belarús, desconociendo la absoluta falta de eficacia y resultados de tal enfoque punitivo.
Continuar utilizando de esta manera los recursos cada vez más limitados de que dispone el Consejo, no es racional ni sostenible.
Condenamos la persistente injerencia externa y los intentos de desestabilización contra cualquier país, incluyendo Belarús. Estos actos son inaceptables e incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional
Asimismo, exigimos el cese inmediato de las medidas coercitivas unilaterales que afectan los derechos humanos del pueblo belaruso.
Muchas gracias.