Interviene la Excma. Sra. Anayansi Rodríguez Camejo, Viceministra de Relaciones Exteriores de la República de Cuba y Jefa de la Delegación cubana en la presentación del III-VI Informe Combinado de Cuba ante el Comité de los Derechos del Niño.

Señora Presidenta, distinguidos miembros del Comité:

Quisiera agradecer, en nombre de nuestra delegación, la oportunidad de presentar el III-VI Informe Combinado de Cuba, relativo al cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El informe es resultado de amplias consultas e involucró a instituciones gubernamentales, la Asamblea Nacional del Poder Popular y organizaciones de la sociedad civil, incluidos niños, niñas y adolescentes, quienes evaluaron minuciosa y críticamente el cumplimiento de la Convención y sus Protocolos hasta la fecha, permitiéndonos sistematizar avances e identificar los desafíos en la protección de la infancia y la adolescencia.

Sra. Presidenta:

Desde el 2011, con mayor énfasis en los últimos tres años, se ha desarrollado en Cuba un intenso proceso de actualización y armonización legislativa, con amplia participación popular, incluidos niños, niñas y adolescentes.

En 2018-2019, se desarrollaron las consultas y el referendo popular del proyecto de Constitución de la República de Cuba, siendo adoptada por el 86,85% de los 7 millones 848 mil 343 electores que votaron, el 90,15% de la lista de electores.

De las más de cien mil consultas realizadas, 1 585 fueron de estudiantes universitarios y 3 256 de la enseñanza media, entre 12 y 18 años. Nuestros niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y participan activamente en todas las cuestiones que le competen.

La Carta Magna elevó a rango constitucional el principio del interés superior del niño, que hasta la fecha había sido observado en la toma de decisiones en el país.

Se han adoptado normas robustas, modernas y de las más avanzadas de su tipo. El 1 de enero de 2022 entraron en vigor cuatro nuevas leyes: la Ley de Tribunales de Justicia, del Proceso Penal, del Proceso Administrativo y el Código de Procesos, que refuerzan las garantías y fortalecen la protección a la infancia y la adolescencia en coherencia con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Han sido presentadas al parlamento cubano otras normas jurídicas que amplían esta protección, incluido el Código Penal, la Ley de Ejecución Penal y la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales.

Con el propósito de fortalecer la protección de las familias en Cuba, estamos inmersos en la elaboración de una nueva norma, más inclusiva, un Código de las Familias de avanzada, de futuro, que se parece cada vez más al país que queremos construir y que en muchos aspectos supera los estándares internacionales en cuanto a la promoción y protección de derechos.

Tuvo lugar un amplio proceso de consultas especializadas al cual contribuyó, entre otras, la Oficina de UNICEF en La Habana. Se reconocieron los significativos avances de la norma en la protección de la infancia en el país, su coherencia con la Convención sobre los Derechos del Niño y con las recomendaciones hechas por este Comité.

Este proceso, que incluyó una amplia consulta popular, culminará con un referendo donde nuestro pueblo, en genuino ejercicio de democracia participativa, decidirá sobre la aprobación del proyecto de Código de las Familias.

Señora Presidenta:

Según las proyecciones demográficas de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en 2020 las personas menores de 18 años constituyen una población aproximada de 2.3 millones, universo que representa el 21% del total.

Conscientes de la importancia de la protección de sus derechos, se encuentra en análisis y discusión el establecimiento de un mecanismo nacional más eficaz y del más alto nivel.

Mientras concluye este proceso, se ha designado un viceprimer ministro del Gobierno, para todas las actividades, acciones y políticas relacionadas con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Las lecciones aprendidas durante la implementación del Plan de Acción Nacional para la Infancia, la Adolescencia y sus Familias (PANIAF) nos indican la urgencia de fortalecer la evaluación, seguimiento y monitoreo de las acciones orientadas a la protección de la infancia y la adolescencia. Al logro de ese importante objetivo estamos abocados.

Trabajamos en una Política integral de atención a la niñez y las juventudes con 10 líneas estratégicas, para garantizar su formación integral, teniendo en cuenta sus particularidades e intereses individuales.

Como colofón de todo este proceso debe ser elaborada la norma jurídica correspondiente.

Conocemos que la disponibilidad de datos estadísticos aún no logra satisfacer el elevado nivel de detalles que exige el Comité. Al respecto, se ha aprobado el Decreto-Ley No. 6 de 2020 sobre el Sistema de Información del Gobierno, lo que permite avanzar en la obtención de estadísticas desagregadas para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Sra. Presidenta:

En Cuba, el presupuesto del Estado está dedicado eminentemente a responder a las necesidades sociales de la población, con énfasis primordial en las niñas, niños y adolescentes. En el 2022, un 69% se ha destinado a sectores con un altísimo impacto en su protección integral, en particular, la salud pública, la educación y la asistencia y seguridad social.

El Sistema Nacional de Salud es gratuito y de cobertura universal, sin discriminación de ningún tipo.

Incluso en tiempos en que arreció la pandemia de la COVID19 a nivel global, nuestro país garantizó su esquema de inmunización a niñas y niños contra 13 enfermedades mediante la aplicación de 11 vacunas, 8 de producción nacional. Están eliminadas 14 enfermedades transmisibles y otras 9 no constituyen problemas de salud, con tasas inferiores al 0,1 % por 100 000 habitantes.

Con orgullo podemos afirmar que Cuba es el primer país del mundo en acometer una masiva campaña de inmunización contra la COVID-19 en la población pediátrica vacunable desde los 2 años de edad con vacunas propias de probada eficacia, certificadas por la autoridad regulatoria nacional para uso de emergencia.

A finales del 2021, nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes regresaron de manera segura a sus aulas.

Pudimos mantener el sistema educativo a todos los niveles, inclusivo y equitativo, sin renunciar a su calidad, con las capacidades ya creadas en el país y la decisiva participación de la familia y la comunidad.

También hemos cooperado en la protección de la infancia y la adolescencia en el mundo. Durante la pandemia, 58 brigadas médicas del Contingente Internacional “Henry Reeve” han estado presente en 42 países y territorios brindando su aporte solidario, incluida la atención a niños, niñas y adolescentes.

Sra. Presidenta:

En Cuba, el sistema para la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad potencia su desarrollo integral para la inserción plena en la enseñanza general, en el menor tiempo posible. Con cada curso escolar se incrementan los educandos que se atienden en estos contextos regulares.

En el 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad acogió con satisfacción las medidas que hemos adoptado en beneficio de todas las personas en situación de discapacidad, incluidos los niños, niñas y adolescentes.

Nuestra concepción seguirá siendo que las diferencias en el desarrollo físico, intelectual y sensorial no pueden ser barreras que impidan a nuestros niños vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los ámbitos de la sociedad.

En el 2020, Cuba fue reconocida por la UNESCO en el Informe de Monitoreo Global de Educación, por una educación inclusiva de calidad y por el Programa Educa a tu Hijo.

En 2019, la OMS ratificó que el gobierno cubano ha mantenido por cuatro años consecutivos la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA y la sífilis congénita, lo que convirtió a Cuba, desde el 2015, en el primer país del mundo en alcanzar esta condición.

En materia de salud sexual y reproductiva, el país dispone de una Política de Educación Integral de la Sexualidad, que se complementa con el Plan Estratégico Nacional para el período 2020 – 2023, y que comprenden acciones de prevención, atención y tratamiento sobre las infecciones de transmisión sexual, el VIH-SIDA y la hepatitis.

Continuaremos los esfuerzos para que los adolescentes dispongan de los medios necesarios para disfrutar de una sexualidad plena y responsable.

Sra. Presidenta:

En cumplimiento de las recomendaciones de este Comité, Cuba avanza en la aprobación de diversas normas jurídicas para una regulación más amplia y efectiva de todos los derechos para todas las personas, incluidos los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, la voluntad del gobierno cubano se dirige hacia:

  • una regulación más amplia de los tipos de filiación que incluye la consanguínea, la adoptiva, la que proviene de las técnicas de reproducción asistida y la socioafectiva reconocida judicialmente;
  • el reconocimiento de la autonomía y su capacidad progresiva para ejercer, por sí mismos, actos jurídicos sobre sus derechos inherentes;
  • sustitución de la institución de la patria potestad por la noción de responsabilidad parental;
  • la modificación de las políticas para las modalidades alternativas de cuidado, reforzando la premisa de que el niño permanezca bajo la guarda de su propia familia, se reintegre a ella o, en su defecto, se encuentre otra solución apropiada y permanente donde la institucionalización sea una medida de carácter excepcional y temporal;
  • la inclusión de la defensoría familiar para niños, niñas y adolescentes;
  • el requisito de especialización de las autoridades y funcionarios que atiendan asuntos familiares;
  • el reconocimiento explícito de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la tutela judicial urgente, con acción imprescriptible, y con la reparación de daños y perjuicios;
  • la prohibición expresa de formas inapropiadas de disciplina, incluido el uso del castigo corporal en cualquiera de sus formas.

Sra. Presidenta:

En Cuba, está proscrito por Ley el trabajo infantil. Se han adoptado medidas que, con amplia efectividad, han evitado que nuestros infantes se conviertan en víctimas de prácticas aberrantes como el turismo sexual, la trata de personas, la servidumbre, el tráfico ilícito de migrantes, la venta de sus órganos o las adopciones ilegales.

Aplicamos una política de Tolerancia Cero frente a todas las manifestaciones contra el desarrollo integral de las personas menores de edad, su libertad e indemnidad sexual.

El artículo 86 de la Constitución de la República incorpora, de manera explícita, su protección contra todo tipo de violencia, incluida la familiar.

En marzo de 2021, se aprobó por Decreto Presidencial 198/2021, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y posteriormente, el 9 de noviembre de 2021, se aprobó por el Consejo de Ministros, la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, para el período 2021-2030 con acciones concretas dirigidas a lograr mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia en todas sus manifestaciones.

La sensibilización de la sociedad acerca de estas problemáticas son cuestiones en las que seguimos trabajando, con un mayor énfasis hacia docentes, madres y padres, niñas, niños y adolescentes.

Sra. Presidenta:

El Estado cubano dispone de políticas de protección integral a la infancia y la adolescencia para el tratamiento diferenciado, despenalizado, educativo y con fines de restauración social para los menores de 16 años de edad que cometen hechos tipificados por la ley como delitos. Las medidas adoptadas se encaminan a dar respuesta a las observaciones que hemos recibido del Comité.

En estricto cumplimiento de la Observación General No.24, Cuba ha fijado una única edad mínima de responsabilidad penal, apropiada, superior a la media mundial y con el compromiso de no disminuirla bajo ningún supuesto.

La administración de justicia para los jóvenes de 16 a 18 años de edad se ejecuta en correspondencia plena con los artículos 37 y 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En línea con la recomendación del Comité para tratar a los niños de 16 a 18 años como menores infractores y no como adultos, se ha incrementado la adopción de medidas alternativas en los procesos judiciales, el uso de medidas no privativas de la libertad o su utilización como último recurso y en el período más breve que proceda, y la consiguiente orientación hacia programas eficaces de reinserción social.

Nuestra legislación penal va todavía más allá y establece, como norma general, la aplicación del sistema de justicia juvenil a las personas de hasta 20 años de edad, con todas las garantías que la ley prevé.

Hemos avanzado en el cumplimiento de casi la totalidad de las recomendaciones realizadas por este Comité, incluidas las presentadas en el 2015, a pesar del recrudecimiento de manera oportunista y sin precedentes, del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país por más de 60 años.

Esta política cruel e ilegal no entiende de solidaridad, de humanismo, de justicia social, no discrimina en su aplicación integral. No hay un solo niño, niña o adolescente cubano que escape de sus efectos.

No se trata de un mero discurso público. La aplicación de esta criminal política toca la fibra más sensible de nuestro pueblo, de nuestra nación. Cuando un infante, a pesar del colosal esfuerzo del Estado, no puede recibir un medicamento, o someterse a un proceder médico por falta de insumos, de tecnología o de un equipo específico, que contribuiría a mejorar su calidad de vida o garantizar la vida misma, se está lacerando lo más puro, lo más inocente de la humanidad. Eso es a lo que el gobierno de los Estados Unidos ha sometido a las niñas, niños y adolescentes cubanos desde hace más de 60 años. Una política rechazada por la comunidad internacional, obsoleta y fracasada, que pretende rendir por hambre y necesidad a todo un pueblo, por el único delito de haber escogido un camino libre e independiente.

Del mismo modo, se ha desatado una feroz campaña política y mediática de descrédito para invisibilizar la protección real y efectiva del país a la niñez y la adolescencia y manipular, de manera malintencionada, la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas en función de intereses espurios.

Sra. Presidenta:

Acudimos a este examen con espíritu constructivo y deseando sostener un diálogo franco y respetuoso con los miembros del Comité. Le traslado nuestra entera disposición para aportar las informaciones y aclaraciones que se requieran y continuar así cooperando, como lo ha hecho Cuba históricamente, en su relacionamiento con todos los órganos de tratado.

Seguiremos trabajando con la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de infantes y jóvenes, para preservar y fortalecer los resultados alcanzados y continuar avanzando en la promoción y protección efectiva de los derechos de la infancia. No cejaremos en el propósito de garantizar una vida cada vez más plena y feliz a nuestros niños, niñas y adolescentes, bajo la premisa Martiana de que “para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo”.

Muchas gracias

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