Junto a la guerra económica, el gobierno estadounidense ha desatado una guerra mediática contra Cuba

Nueva York, 27 de octubre de 2022.  La genocida y hostil política estadounidense contra Cuba es un amplio sistema de medidas coercitivas unilaterales, con un amplio espectro extraterritorial.

No es un conflicto bilateral, como pretenden mostrar. Tampoco afecta tan solo al gobierno cubano; sino que por el contrario se propone dañar a nuestra población como objetivo para derrocar al gobierno revolucionario cubano.

La permanencia de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo ha reforzado el impacto disuasivo e intimidatorio del bloqueo, así como las dificultades del país para insertarse en el comercio internacional y realizar operaciones financieras.

Debido a ello, se han cerrado contratos, se han perdido relaciones con entidades bancarias que habitualmente trabajaban con Cuba, se han producido endeudamientos, demoras en el envío y recepción de fondos y mercancías, entre otras dificultades, con costos y consecuencias incalculables para el pueblo y la economía cubana.

A toda esta guerra económica, se suma una perniciosa campaña mediático-comunicacional para intentar desestabilizar el país, lanzada y monitoreada por el gobierno de los Estados Unidos.

Dicha campaña se basa en la mentira, la calumnia, la manipulación de datos, imágenes y a los más diversos métodos de guerra no convencional, para generar la desestabilización política y el llamado “cambio de régimen”, en franca violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Tal campaña tiene a los cubanos como objetivo de su bombardeo mediático, pero también a audiencias internacionales.  Comprende la promoción de líderes artificiales; la fabricación de pretextos para el fallido ensayo de una intervención humanitaria, el estímulo a la emigración irregular, todo ello con el fin de posicionar la falsa imagen de un gobierno en crisis, represivo e inestable, incapaz de responder a las demandas de su población.

Para esas actividades, el gobierno estadounidense ha destinado alrededor de 20 millones de dólares anuales. Los programas son operados bajo la Sección 109 de la Ley Helms-Burton, que autoriza al Presidente de EE.UU. a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales en favor de los esfuerzos de “democratización” de Cuba.

Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas

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