Sra. Presidente:
La actual coyuntura internacional exige que la prevención del delito siga siendo una tarea de primer orden. Todos los países, con independencia de sus características socio-económicas, son vulnerables a las diferentes manifestaciones del delito, incluidas sus formas emergentes.
La trata de personas a nivel trasnacional, el narcotráfico, las operaciones de lavado de dinero, el contrabando de armas o el terrorismo requieren, para su enfrentamiento, de una sólida cooperación internacional, sobre la base del pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial de los Estados y en correspondencia con las legislaciones nacionales. Ello es esencial para prevenir y combatir eficazmente estos flagelos, como bien se reconoce en la Convención de Palermo y sus protocolos.
El enfrentamiento al delito no garantiza por sí solo su erradicación. La lucha contra el subdesarrollo y por el establecimiento de un orden internacional más justo, democrático y equitativo debe ir aparejada para lograr sociedades más justas y más inclusivas.
Concedemos vital importancia a los Congresos sobre Prevención del Delito, en tanto son marcos que han facilitado el intercambio de información y de buenas prácticas entre Estados y profesionales vinculados a esta esfera, y por su impacto en la prevención del delito y la justicia penal a nivel internacional.
Sra. Presidente:
De todas las formas de delincuencia transnacional organizada que enfrenta la humanidad en nuestros días, ninguna alcanza la magnitud y el costo en términos sociales y humanos, como el tráfico de drogas.
El abuso y la dependencia de las drogas, no es sólo un serio problema para la salud de las personas, sino una amenaza a la seguridad y el progreso económico y social. El costo de este flagelo es enorme, pues reproduce los ciclos de pobreza, violencia, diversas conductas criminales y exclusión social. En consecuencia, creemos que este problema debe abordarse de modo integral, equilibrado y multidisciplinario, en el que la cooperación internacional juega un papel fundamental.
El principio de responsabilidad común y compartida es hoy más importante que nunca. Será muy difícil resolver la producción y tráfico desde el sur empobrecido, sin eliminar la demanda en el norte desarrollado. No se solucionará el problema militarizando países o arrasando campesinos. Tampoco legalizando las drogas, ni asumiéndolas como inofensivas sustancias.
Las políticas de control de drogas deben incluir la perspectiva del bienestar de la persona y de prevención de la violencia y del delito, que complemente el enfrentamiento jurídico-penal. El uso indebido de drogas es también un problema de salud pública, que requiere políticas que privilegien la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inserción social. Estos elementos no son nuevos, y no se requiere la modificación del marco jurídico internacional para su implementación.
De manera consistente, hemos planteado en Naciones Unidas que debemos ser cuidadosos y evitar el empleo de términos ambiguos, cuya definición y alcance no queden claras para todos los Estados Miembros, tal es el caso de “nuevos enfoques”. En ese sentido, Cuba no favorece el surgimiento de términos y acciones cuyas implicaciones o trasfondos puedan lacerar el régimen actual de fiscalización y control de drogas. Apoyamos el marco jurídico imperante en esta materia y lo estipulado en las tres Convenciones internacionales sobre el tema y destacamos la importancia de la Comisión de Estupefacientes como principal órgano de las Naciones Unidas para el tratamiento del Problema Mundial de la Drogas.
Celebramos la adopción del documento final del trigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas” el cual reitera la necesidad de fortalecer el cumplimiento de los compromisos jurídicos existentes y de las tres Convenciones Internacionales sobre control de drogas así como reconoce que el problema mundial de las drogas sigue siendo una responsabilidad común y compartida que ha de afrontarse en un entorno multilateral mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva.
Sra. Presidente:
Cuba a nivel nacional, tiene una política de tolerancia cero ante la producción, el consumo y tráfico de drogas. Nuestro territorio no podrá ser utilizado jamás como depósito, almacén, tránsito o destino de drogas.
Nuestro país, a través de un trabajo mancomunado de sus instituciones de salud pública, educación, justicia, orden interior y con la participación de diversas organizaciones sociales, ha desarrollado programas de prevención con resultados positivos. Las estrategias dirigidas al tratamiento a los consumidores se basan principalmente, en la atención médica, la rehabilitación y la reinserción social, como vías para contrarrestar la drogodependencia.
Cumplimos todas las obligaciones internacionales en materia de lucha y colaboración internacional contra el crimen organizado, con un destacado historial en el enfrentamiento de los delitos de mayor incidencia, como el terrorismo internacional, el tráfico de droga, el lavado de dinero, la piratería, la trata de personas, entre otros. Todos estos delitos están regulados y penalizados en la legislación cubana vigente.
Cuba es Estado Parte en los 16 instrumentos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo y contamos con una ley general contra actos terroristas. Cumplimos rigurosamente con lo dispuesto en la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, en virtud de la cual hemos presentado numerosos informes a dicho órgano.
Como hemos denunciado en ocasiones anteriores, 3 mil 478 de ciudadanos cubanos han perdido la vida y otros 2 mil 99 han quedado mutilados por actos terroristas contra Cuba durante más de medio siglo. Varios de los responsables confesos de esos actos viven con impunidad.
Jamás el territorio cubano se ha utilizado ni se utilizará, para organizar, financiar o ejecutar actos terroristas contra ningún país. Reiteramos nuestra disposición a cooperar con cualquier Estado, en la prevención y el enfrentamiento al terrorismo sobre la base del respeto mutuo, la igualdad soberana y los principios y normas del Derecho Internacional.
Sr. Presidente:
Cuba rechaza la confección de listas unilaterales sobre países que supuestamente cometen violaciones relacionadas con el crimen transnacional organizado, en tanto acciones contrarias al derecho internacional.
A Cuba se le continúa aplicando la Ley de Ajuste Cubano y la llamada política de “Pies Secos, Pies Mojados” por medio de la cual se promueve la migración ilegal e insegura y el tráfico de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos, lo cual ha provocado un elevado saldo de muertes desde su promulgación y ha creado dificultades para países de la región.
Cuba reitera su compromiso inquebrantable de continuar combatiendo el crimen transnacional organizado en todas sus manifestaciones y el problema mundial de las drogas y sus delitos conexos.
Muchas gracias.