Sra. Presidenta:
En nombre del gobierno y pueblo cubanos, le saludo a Usted y a las distinguidas personalidades que participan en este 63 Período de Sesiones de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer.
El tema prioritario tiene una significativa importancia en aras de buscar alternativas viables que contribuyan a transformar la realidad en que siguen viviendo millones de mujeres en el mundo. No basta que los instrumentos internacionales reconocen derechos, ni que se aprueben leyes, si no existe al interior de cada uno de los Estados una verdadera voluntad política para su implementación.
Cuba ha logrado avances en materia de protección social, que la han convertido en un referente de indicadores sociales en América Latina y el mundo.
Las políticas y programas puestas en marcha han sido guía para la existencia y perfeccionamiento del Sistema de Protección Social, que aunque perfectible, constituye una garantía de tranquilidad y seguridad para las familias cubanas.
La nueva Constitución de la República ratifica explícitamente el principio de igualdad y no discriminación, garantiza y refrenda los derechos humanos en correspondencia con la realidad actual y las transformaciones que se han ido operando en el ámbito nacional. Asegura a las mujeres el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, crea los mecanismos institucionales y legales para ello, con lo que se refuerza el compromiso expreso del Estado con el principio de igualdad de género.
El empleo es eslabón fundamental de la Seguridad Social en la Isla, y por tanto la primera protección social para los cubanos y las cubanas es tener garantizado un puesto de trabajo digno.
Las mujeres representan el 49 % de la fuerza laboral en el sector estatal civil y el 34% de las que laboran por cuenta propia; todas gozan de iguales derechos y oportunidades.
La educación universal y gratuita, -derecho de todas las personas-, es fundamento estratégico para impulsar la participación y empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como avanzar en la erradicación de prejuicios y todo tipo de discriminación y violencia.
La presencia femenina es superior a la masculina en todas las enseñanzas. En el caso de la matrícula en las universidades, son mujeres el 65%, representan el 53,7% de los que egresan de las carreras de ciencias naturales y matemáticas, el 66,9% de ciencias médicas. Dentro del personal docente de la Educación Superior, son el 66% y en el sector científico el 48%.
La promoción femenina a niveles de dirección ha experimentado un crecimiento sostenido con un 50% de los cargos. En el Parlamento constituyen el 53,22% y ocupan dos, de los tres cargos máximos de este órgano; son el 48,4% del Consejo de Estado. El 33% son Ministras. Representan el 78 % de los fiscales y el 77,5 % de los jueces profesionales.
Los derechos a la educación, la salud, al deporte, la recreación, la cultura, a una tutela judicial efectiva, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado, a la seguridad y asistencia social, entre otros, son prioridades del gobierno en Cuba para lo cual se destina más del 60 % del presupuesto.
Sra. Presidenta:
A pesar de las nocivas consecuencias que genera para las cubanas el bloqueo económico, financiero y comercial, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, son indiscutibles los avances en materia de igualdad de género. No obstante, los desafíos están identificados, es necesario revertir conductas y prácticas que persisten y reproducen estereotipos sexistas, sobre todo en el ámbito privado.
En Cuba la igualdad de género es voluntad política. Se ha sido eficaz en la adopción de procesos y mecanismos que permiten integrar el ODS 5 en la legislación, programas, planes y presupuestos; lo que se constata en los resultados de la Auditoría de Desempeño, que en 2018 realizara la Contraloría General de la República de Cuba que alcanzó el rango de “Optimizado”.
Cuba reafirma su compromiso con la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros instrumentos internacionales.
La lucha por la igualdad de género, en nuestro país, no es únicamente un tema en defensa de los derechos legítimos de un sector de la población, es una condición indispensable para el desarrollo sostenible con justicia social.
Muchas Gracias