Señor Presidente:
Cuba suscribe la Declaración realizada por la República Islámica de Irán a nombre del MNOAL.
El Gobierno de Cuba reitera su compromiso ineludible de promover y fortalecer un verdadero Estado de Derecho, lo que contribuirá a cambiar el injusto orden internacional vigente.
Tomamos nota del Informe del Secretario General sobre este tema, incluido en el documento A/74/139, titulado el “Fortalecimiento y coordinación de las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del estado de derecho”.
Destacamos que toda asistencia o mecanismo que brinde la Organización a un Estado miembro debe ser bajo el estricto consentimiento de dicho Estado.
La promoción y el fortalecimiento del Estado de Derecho parten del debido respeto a las instituciones jurídicas de todos los Estados por parte de la comunidad internacional; así como el reconocimiento al derecho soberano de los pueblos a crear las instituciones jurídicas y democráticas más afines con sus intereses sociopolíticos y culturales.
Debemos trabajar por el fortalecimiento de los ordenamientos jurídicos nacionales, sobre la base de la voluntariedad, el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y sin condicionamiento político alguno.
Consideramos que el informe no posee un balance adecuado entre el estado derecho en el plano nacional e internacional, este último debe centrar el foco de interés de la ONU, dado su carácter de organización internacional.
La aproximación e inclinación del informe hacia el Plano Nacional del Estado de Derecho puede dar pie a interpretaciones injerencistas y a la violación del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.
El párrafo 22 expresa “la ampliación de los procesos de justicia de transición son fundamentalmente para hacer frente a los déficits de la justicia y estado de derecho”.
Esta afirmación está basada en conceptos altamente manipulables, parciales y selectivos. Valdría la pena preguntarse quién o quienes, bajo que parámetros y con qué autoridad, decidirán qué Estados tienen déficits de justicia o de “estado de derecho” y cuáles no.
En cuanto al acápite dedicado a la codificación, promoción y elaboración de un marco jurídico internacional, llama la atención que el informe es omiso en cuanto a los constantes obstáculos, por parte de algunos poderosos estados, que han sufrido proyectos como el de “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos” o el de “Protección diplomática” que llevan años tratando de ser adoptados en la Sexta Comisión. Sin embargo, no duda en singularizar a países cuando han decidido soberanamente denunciar o retirarse de un tratado internacional, lo cual ha sido plasmado de forma selectiva, pues ha omitido a otros ejemplos.
Como estos, existen más elementos que nos preocupan del informe, sin embargo, solo resaltaremos un último elemento: En el acápite III “Coordinación y cohesión en la asistencia de las Naciones Unidas sobre Estado de Derecho” existen algunas iniciativas promovidas por la Secretaría que exceden del mandato que le confirieron los Estados en el párrafo 41 de la resolución 67/1. Desde la primera aparición del término “Punto Focal Global” en este tipo de Informes, Cuba ha expresado su preocupación.
El Punto Focal Global es un mecanismo creado por la Secretaría para aspectos judiciales, policiales y penitenciarios en situaciones de conflicto y post conflicto y no tiene mandato alguno de los Estados miembros para realizar evaluaciones, valorar y mucho menos examinar el cumplimiento de estándares no acordados en materia de Estado de Derecho.
Observamos con preocupación el alcance y ampliación de capacidades que se le ha otorgado a este “mecanismo” en materia de Estado de Derecho y que no cuenta con mandato otorgado por la Sexta Comisión.
La Sexta Comisión es la competente para analizar, discutir y dar seguimiento al tema del Estado de Derecho y no existe mandato para trasladar la competencia sobre este tema a otros órganos, ni para crear instituciones, mecanismos y cargos sobre el Estado de Derecho sin la previa adopción por consenso en la Sexta Comisión.
Señor Presidente,
Cuba reitera que un verdadero Estado de Derecho comienza por unas Naciones Unidas reformadas, que sean un estandarte de transparencia, democracia y participación de toda la comunidad internacional en la solución de los acuciantes problemas globales.
Como parte de esta reforma y como aporte a la promoción y el fortalecimiento del Estado de Derecho, debe consolidarse el rol central de la Asamblea General, único órgano con membresía universal y función exclusiva para el desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional.
La Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional, aprobada el 24 de septiembre de 2012, en su párrafo 36 expresa claramente que un verdadero Estado de Derecho implica democratizar las organizaciones económicas, monetarias y financieras internacionales, para ponerlas al servicio del desarrollo de los pueblos y no del permanente enriquecimiento de unos pocos.
Cuba reitera, además, su compromiso de trabajar por una reforma amplia y profunda del Consejo de Seguridad, para convertirlo en un órgano inclusivo, transparente y democrático, de forma tal que refleje los genuinos intereses de la comunidad internacional, de conformidad con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.
Señor Presidente:
Es preocupante e incongruente que en el informe sobre el fortalecimiento y coordinación de las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del Estado de Derecho, centre su atención en el cumplimiento de los estándares reflejados en una Resolución del Consejo de Seguridad.
El informe no hace referencia, por ejemplo, al Estado de Derecho a nivel internacional como factor que debe contribuir a promover un intercambio justo y equitativo entre las naciones como vía para lucha contra la pobreza; sin embargo, circunscribe las causas de la pobreza al desempoderamiento, la exclusión y la discriminación, obviando el subdesarrollo, la desigual distribución de las riquezas, el impacto del entorno internacional y el arbitrario sistema financiero internacional, lo cual desde nuestro punto de vista es incompleto e irreal.
Cuba reitera que la igualdad soberana, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas por los Estados, la solución pacífica de controversias, la abstención a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, la no interferencia en los asuntos internos de otros Estados, así como la no selectividad, tienen que ser los principios básicos que rijan en todo momento la actuación de los Estados y la promoción del Estado de Derecho. Esto quedó claramente reflejado en los párrafos 1 y 3 de la Declaración de Alto Nivel y en el párrafo 7 del anexo al documento A/70/206. La comunidad internacional debe trabajar por la real implementación de estos principios.
Cuba reservó su postura respecto al párrafo 28 de la citada Declaración, al considerar que el Consejo de Seguridad no ha realizado contribuciones significativas al Estado de Derecho, al no ser el órgano con mandato para ello. Por demás, algunos de sus miembros violan abiertamente el derecho internacional y las propias decisiones de dicho órgano, con el marcado propósito de imponer sus agendas políticas y de dominación a otras naciones, particularmente en desarrollo.
Asimismo, Cuba condena todo intento de suplantar o reemplazar a las autoridades nacionales; incluidas las actividades de fomento a conflictos internos en Estados soberanos, para lograr imponer un cambio de régimen. El párrafo 11 de la Declaración expresa sin ambages la titularidad nacional en todas las actividades relativas al Estado de Derecho.
Señor Presidente:
Cuba observa con preocupación las intenciones de imponer un concepto sobre Estado de Derecho y crear un mecanismo de seguimiento más allá de la Sexta Comisión de la AGNU.
Rechazamos todo intento de politizar el tema, bajo el argumento de la supuesta transversalidad del mismo. Las delegaciones que participan en los trabajos de la Sexta Comisión representan a todos los Estados, por lo que están en plena capacidad para debatir cualquier tema que decidamos de consenso.
Señor Presidente,
Como muestra de su compromiso en la búsqueda de soluciones pacíficas de conflictos de larga data, Cuba ha realizado aportes significativos para consolidar el Estado de Derecho en nuestra región.
Reafirmamos la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y recordamos que la agresión y la violencia golpista contra cualquier país de «Nuestra América» sólo benefician los intereses de quienes se empeñan en dividirnos para dominar nuestros pueblos, sin que les importe generar conflictos de consecuencias incalculables en nuestra región, como los que estamos presenciando en diferentes lugares del mundo.
Al respecto, llamamos hoy nuevamente la atención sobre las crueles medidas coercitivas unilaterales, el robo de activos, las amenazas del uso de la fuerza, intimidación, presiones utilizadas por Estados Unidos contra Venezuela, en su intento de derrocar al gobierno democráticamente electo del Presidente constitucional Nicolás Maduros Moros.
Es el Gobierno de los Estados Unidos, con estas acciones de guerra no convencional, el que pone una y otra vez en peligro el Estado de derecho en el plano internacional, con sus continuas y flagrantes violaciones del Derecho Internacional, en especial de la Carta magna de esta prestigiosa Organización.
En desprecio absoluto a la legalidad internacional la actual administración estadounidense amenaza, presiona brutalmente a numerosos gobiernos para forzar su apoyo al llamado arbitrario a desconocer el gobierno legítimo de Venezuela y a nuevas elecciones presidenciales en ese país, pasando por encima de un proceso de elecciones donde más de 6 millones de venezolanos eligieron al Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.
Señor Presidente,
Sobre el subtema de debate que nos ocupa en el día de hoy: “El intercambio de mejores prácticas e ideas para promover el respeto del derecho internacional por los Estados”, de acuerdo con lo acordado en la Resolución A/73/207, adoptada el pasado año, nuestra delegación, como miembro fundador de esta Organización, próxima a cumplir su 75 Aniversario, ratifica su compromiso con la defensa y promoción del multilateralismo y el respeto al derecho internacional.
En este sentido, destacamos que en un contexto global marcado por crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales por guerras no convencionales; groseras violaciones a la soberanía de los Estados; políticas de dominación mediante el uso de la fuerza; intentos de reimponer un orden unipolar; quebrantamientos del Derecho Internacional; ruptura amenazadora y arbitraria de tratados internacionales; multiplicación de sanciones unilaterales y guerras comerciales; la única respuesta posible es preservar y revalidar el multilateralismo, basado en el estricto respeto a los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Señor Presidente,
Como parte de los esfuerzos nacionales para fortalecer el Estado de Derecho, nuestro país adoptó una nueva Constitución el pasado mes de abril, a fin de atemperar la carta magna a las nuevas circunstancias en que se desenvuelve nuestra sociedad; fortalecer el sistema político para consolidar y desarrollar los derechos fundamentales alcanzados por nuestros ciudadanos; perfeccionar y modernizar el sistema de justicia, así como nuestras estructuras de poder, haciéndolas más funcionales y permitiendo un mayor control ciudadano sobre el actuar de los mismos; potenciar los mecanismos de autogestión de gobierno a nivel local y propiciar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
Nos satisface mencionar que esta Carta magna fue resultado de un proceso de consulta popular, que convirtió al pueblo en verdadero constituyente y que concluyó con un referendo que contó con una masiva participación popular. 7 millones 848 mil 343 electores ejercieron su voto para el 90,15 % del registro electoral.
Señor Presidente,
Un verdadero Estado de Derecho requiere de la renuncia inequívoca a todo acto o medida unilateral, incluida la promulgación y aplicación de leyes extraterritoriales, así como el ejercicio políticamente motivado de la jurisdicción de tribunales nacionales o internacionales.
Cuba condena y demanda la derogación inmediata de todo el conjunto de normas extraterritoriales que conforman el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por más de 50 años por el Gobierno de los Estados Unidos y que se ha reforzado con la implementación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton.
Urge a que se cumpla sin más dilaciones con las innumerables resoluciones que ha aprobado esta augusta Asamblea sobre el tema y con lo dispuesto en el párrafo 9 de la Declaración de Alto Nivel sobre Estado de Derecho 1 cual y cito: “insta a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se ajusten al Derecho Internacional o a la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la consecución plena del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo.”
Muchas gracias.