Señora Presidenta,
Mi delegación se asocia a la intervención realizada por Guinea en nombre del Grupo de los 77 y China.
Antes de la pandemia de la COVID-19, ya vivíamos en un mundo profundamente desigual, marcado por un orden internacional injusto, patrones de producción y consumo insostenibles, y modelos de distribución de la riqueza reprochables. Un solo dato lo demuestra: cada año, se desecha un tercio de los alimentos producidos a nivel global, mientras 2 mil millones de personas carecen de acceso regular a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad.
A casi un año del inicio de la pandemia, está claro que las consecuencias socio-económicas de la COVID-19 tendrán un grave impacto en el desarrollo social y el bienestar de las personas alrededor del mundo, pero como siempre, seremos los países en desarrollo quienes suframos las peores consecuencias.
Como se expresa en el informe del Secretario General sobre el tema prioritario de esta sesión, “…la crisis no solo ha expuesto las inequidades preexistentes y las debilidades de los sistemas actuales, sino que además las ha exacerbado…”
En tal sentido, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer al Secretario General la presentación de los informes de esta sesión, que evidencian la importancia del tema y la necesidad de redoblar los esfuerzos para evitar un retroceso en el progreso alcanzado en materia de lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Señora Presidenta,
Los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995 y su Programa de Acción, mantienen plena vigencia. La Comisión de Desarrollo Social debe continuar desempeñando su irremplazable papel.
La erradicación de la pobreza, pilar del desarrollo social junto al pleno empleo y la inclusión social, solo podrán alcanzarse mediante el multilateralismo y la cooperación internacional, incluidas la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.
Resulta indispensable una mayor voluntad política entre los países más desarrollados, para poner en función del desarrollo sostenible, incluyendo el desarrollo social, los millonarios recursos que se destinan a la producción de armamentos; asumir sus responsabilidades históricas respecto a la grave crisis medioambiental; y cumplir sus compromisos de ayuda oficial al desarrollo.
Deben cesar las medidas coercitivas unilaterales, que sólo se usan contra países del Sur, y tienen un impacto muy negativo sobre el desarrollo, el bienestar y la calidad de vida de los pueblos contra quienes se dirigen.
En tal sentido, reiteramos la importancia de atender e implementar el llamamiento realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas el 23 de marzo de 2020, dirigido a la suspensión de este tipo de sanciones en el marco de la pandemia.
Durante 6 décadas, mi país ha tenido que enfrentar el injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, recrudecido de una forma sin precedentes en el contexto de la COVID-19, lo que demuestra su propósito hostil y su carácter criminal.
Esta política de asfixia es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y representa el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país. El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática a los derechos humanos del pueblo cubano.
Sólo entre abril de 2019 y marzo de 2020, el bloqueo ha significado daños a Cuba en el orden de los 5 mil 570 millones de dólares, de ellos: 160 millones en el sector de la salud, 428 millones en agricultura y alimentación, 21 millones en educación, 22 millones en la cultura, 610 millones en la producción y los servicios, 312 millones en el transporte, 64 millones en las comunicaciones, y 161 millones en la industria biofarmacéutica.
Estos daños impactan directamente sobre la calidad de vida de las personas, en particular de los niños, adolescentes y jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Señora Presidenta,
A pesar del efecto del bloqueo de los Estados Unidos, Cuba ha logrado importantes avances en el ámbito del desarrollo social, en plena correspondencia con la Declaración y Programa de Acción de Copenhague y otros instrumentos en esta materia.
Nuestras políticas públicas y programas sociales dirigidos a los jóvenes se caracterizan por tener un enfoque integral y por promover la equidad social y la formación de los jóvenes, con una elevada participación y capacidad de decisión de estos en el ámbito político, económico, social y cultural.
Contamos con un Plan de Acción Nacional para atender a las personas con discapacidad, que representan el 4% de la población, y fomentar su inclusión social. Un componente fundamental de este plan es generar actitudes positivas hacia la discapacidad.
Las personas de edad son un componente muy significativo de nuestra población. Los programas de salud, seguridad y asistencia social, así como el entorno de justicia y protección social, han permitido que la esperanza de vida sea de 78,45 años. Las proyecciones indican que, en el 2030, serán el 29,3%, lo cual presenta importantes desafíos para el Estado y toda la sociedad.
Nuestras políticas de empleo favorecen la incorporación de los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad al trabajo, en condiciones dignas y sin discriminación. Los sistemas de seguridad y asistencia social continúan perfeccionándose.
Del mismo modo, las acciones para prevenir la propagación de la COVID-19 en nuestro territorio, y la recuperación ante sus efectos, han tomado en cuenta las necesidades particulares de las personas más vulnerables, pues tenemos la decisión política y el mandato constitucional de no dejar a nadie desamparado a su suerte.
Sin embargo, no estamos satisfechos. Como parte de la actualización de nuestro modelo de desarrollo económico y social, y de la respuesta a la pandemia de la COVID-19 y sus efectos, continuaremos prestando particular atención a la cuestión del desarrollo social y a la protección e inclusión de las personas vulnerables.
Estamos empeñados en construir una sociedad cada vez más justa e inclusiva para todos.
Muchas gracias.