Señor Presidente:
Ante todo, lo felicitamos a usted y a los miembros de la Mesa por su elección y le aseguramos la plena cooperación y apoyo de Cuba al desarrollo de un fructífero 75 período de sesiones de la Sexta Comisión.
Agradecemos al Secretario General por la presentación de su informe A/75/176.
La actuación enérgica y la condena de Cuba al terrorismo es absoluta y categórica contra todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones por quien quiera, contra quien quiera, y donde quiera que se perpetren, sean cuales fueren sus motivaciones, incluidos aquellos en los que hay gobiernos directa o indirectamente involucrados.
El terrorismo no puede ni debe vincularse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico alguno. Su enfrentamiento debe ser holístico, mediante acciones directas y encaminadas también a la prevención para erradicar sus causas raigales.
Reafirmamos el valor de la Estrategia Global de las NN.UU. contra el terrorismo y la responsabilidad primordial de los Estados de aplicarla, de manera transparente. Cuba respalda los esfuerzos multilaterales para consolidar la función central de la AGNU en la aplicación de la citada Estrategia.
Condenamos toda acción que tenga por objeto alentar, apoyar, financiar o encubrir cualquier acto, método o práctica terrorista, así como los actos y mecanismos unilaterales de ciertos Gobiernos, como el de EE.UU., que se abrogan el derecho de hacer listas políticamente motivadas, contrarias al Derecho Internacional, que socavan la autoridad central de la AGNU en la lucha contra el terrorismo.
A pesar de los mecanismos bilaterales existentes para la cooperación en el combate al terrorismo, el Departamento de Estado ha incluido, arbitraria y unilateralmente, a Cuba en la lista de países que supuestamente no colaboran plenamente en la lucha contra el terrorismo. Esta lista, conocida por su falta de fundamento, autoridad o respaldo internacional, busca la difamación y coerción contra países que se niegan a acatar la voluntad del gobierno de EE.UU. en sus decisiones soberanas.
Paradójicamente, el gobierno de EE.UU. ha optado por no reconocer el carácter terrorista del ataque, perpetrado por Alexander Alazo contra la Embajada de Cuba en Washington, el pasado mes de abril; a pesar de que este sujeto puso en peligro la vida y la seguridad del personal de esa Misión diplomática al ametrallar el edificio con un fusil AK-47 que disparó 32 proyectiles, y de que además reconoció en audiencia pública que tenía la intención de matar.
Al negarse a calificar de terrorista este grave ataque, el gobierno de EE.UU. ignora la aplicación de instrumentos internacionales como la “Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos”, listada como una de las convenciones del sistema de NN.UU. sobre terrorismo y de la cual ambos países somos parte.
Este acto terrorista es resultado directo de la política agresiva y del discurso de odio del gobierno de EE.UU. contra Cuba, y de la permanente instigación a la violencia de sus políticos, incluidos altos funcionarios del Departamento de Estado y la Embajada estadounidense en La Habana; así como de grupos extremistas anticubanos que han hecho de este tipo de ataques su medio de vida.
Los grupos e individuos que han cometido en el pasado actos terroristas contra Cuba han operado con impunidad en territorio estadounidense por años, de lo cual son plenamente conscientes las agencias del cumplimiento de la ley del gobierno de EE.UU. Ejemplo de ello es el caso del renombrado terrorista Luis Posada Carriles, quien murió libre, a pesar de haber confesado su autoría en la explosión en pleno vuelo, de un avión de Cubana de Aviación, que causó la muerte a 73 personas.
A 44 años de este suceso, los cubanos vemos indignados que no se haya hecho justicia a las víctimas de este horrendo crimen.
Cuba rechaza enérgicamente la manipulación de un tema tan sensible como el terrorismo internacional para convertirlo en instrumento de la política contra cualquier país.
Por último, reiteramos nuestro respaldo y compromiso con la adopción de una convención general sobre este tema que supere las lagunas legales existentes en cuanto a la definición del terrorismo, lo cual constituye un imperativo para cubrir las deficiencias y omisiones en el marco jurídico vigente.
Muchas gracias