77 AGNU: Cuba en temas 110: “Prevención del delito y justicia penal”, 111: “Lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos” y 112: “Fiscalización internacional de drogas”. Nueva York, 3 oct 2022

Intervención de la delegación cubana en la discusión general conjunta de los temas 110: “Prevención del delito y justicia penal”, 111: “Lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos” y 112: “Fiscalización internacional de drogas”. Tercera Comisión del 77 período de sesiones de la AGNU. Nueva York, 3 de octubre de 2022.

Señor Presidente:

El enfrentamiento al delito, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, debe estar acompañado de la lucha contra el subdesarrollo y por un orden internacional más justo, democrático y equitativo, con el fin de lograr sociedades más justas y más inclusivas.

Los esfuerzos para enfrentar el delito, tanto a nivel nacional como internacional, deben ser liderados por los Estados, y tener una naturaleza cooperativa, no punitiva. Es preciso evitar la elaboración de rankings entre países y abolir las listas unilaterales, que sólo contribuyen a la politización y la selectividad, en particular contra el Sur, y no ayudan a avanzar en la lucha contra este flagelo.

La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Comisión de Estupefacientes deben continuar su labor, sin menoscabo en sus funciones ni duplicidad por otros foros, que vayan en detrimento de la autoridad de estas.

Reconocemos la importancia de los Congresos sobre Prevención del Delito, como marco intergubernamental fundamental para evaluar y crear directrices no vinculantes, y facilitar el intercambio de información y buenas prácticas entre Estados y profesionales vinculados a esta esfera.

Igualmente, apoyamos, desde su concepción, el mandato del Comité Ad Hoc establecido por la resolución 74/247 de la Asamblea General, con vistas a elaborar un instrumento jurídicamente vinculante contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones deben ponerse al servicio del desarrollo sostenible, la paz y el bienestar de los pueblos. Genera profunda preocupación el creciente empleo de estas tecnologías con fines delictivos y para actividades de desestabilización Sólo democratizando el acceso a estas tecnologías, incluyendo internet, pondremos a todos los países en una mejor condición para enfrentar el uso de las mismas con fines delictivos y contrarios a la paz.

Cuba sabe muy bien lo que implica el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, desestabilizadores y contrarios al derecho internacional. Durante décadas, mi país no solo ha tenido que enfrentar el criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra nuestro pueblo, sino también la agresión radioelectrónica desde territorio estadounidense. A ello se suma el uso de las redes sociales para incitar a la violencia y el delito en el país, con el objetivo de generar inestabilidad y desorden, como parte del declarado propósito del gobierno de Estados Unidos de subvertir el orden constitucional escogido libremente por los cubanos.

Aunque dichos intentos han fracasado gracias a la unidad de nuestro pueblo, sus patrocinadores no han cejado en el esfuerzo estéril de utilizar y promover cada vez más intensivamente el uso de estas tecnologías para sus propósitos desestabilizadores, lo cual también pretende generar distracción en la focalización de las autoridades gubernamentales y de nuestro pueblo en las políticas de desarrollo y de enfrentamiento al criminal bloqueo económico.

Señor Presidente:

El abuso y la dependencia de las drogas es un serio problema para la salud de las personas y una amenaza a la seguridad y el desarrollo económico y social. El costo de este flagelo es enorme, pues reproduce los ciclos de pobreza, violencia, diversas conductas criminales y la exclusión social. No obstante, no se solucionará el problema militarizando países, legalizando las drogas o asumiéndolas como sustancias inofensivas.

Reafirmamos el régimen internacional de estupefacientes y los órganos intergubernamentales que los supervisan, según lo estipulado en las tres Convenciones internacionales sobre el tema, y destacamos la importancia de la Comisión de Estupefacientes como principal órgano de Naciones Unidas para el tratamiento del Problema Mundial de la Drogas. Al mismo tiempo, mantenemos una política de tolerancia cero ante la producción, el consumo y tráfico de drogas.

Cumplimos todas nuestras obligaciones internacionales en materia de lucha y colaboración internacional contra el crimen organizado, con un destacado historial en el enfrentamiento de los delitos de mayor incidencia, como el terrorismo internacional, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la piratería y la trata de personas, entre otros.

Señor Presidente:

La prevención del delito y la justicia penal forman parte intrínseca del proceso en curso de actualización de nuestro marco jurídico-normativo. Para fortalecer la prevención del delito, mejorar las capacidades de respuesta de las fuerzas de aplicación de la ley, perfeccionar la protección de las garantías del debido proceso, y fortalecer nuestro sistema de justicia, se han actualizado en los últimos dos años varias normas jurídicas de gran trascendencia, a la luz de la realidad del país, las obligaciones asumidas y los estándares internacionales. Es el caso de la Ley de los Tribunales Populares, la Ley del Proceso Penal y el Código Penal. Otras normas, como la Ley de la Fiscalía General de la República, se encuentran en proceso de elaboración y discusión.

Al precio de grandes sacrificios y sorteando muchos obstáculos, continuaremos protegiendo la tranquilidad de nuestras calles contra todas las formas de delito y desestabilización, y construyendo una sociedad cada vez más justa e inclusiva para todos.

Muchas gracias