Conferencia online “15 de noviembre en Cuba, ¿manifestación pacífica o provocación subversiva?”
Embajador de Cuba en Japón, Miguel Á. Ramírez
10 de noviembre de 2021
Introducción
Entre el 20 y el 27 de septiembre un reducido grupo de ciudadanos entregaron en las sedes de los gobiernos municipales o provinciales de ocho provincias del país textos similares donde anunciaban la decisión de celebrar una marcha supuestamente pacífica.
El 12 de octubre las autoridades de los municipios donde fueron entregados los referidos documentos, dieron respuesta personal a los remitentes. “En esa ocasión se ofrecieron los argumentos precisos sobre el carácter ilícito de la marcha en correspondencia con los artículos 56, 45 y 4 de la Constitución.
Ante el desafío de los promotores de la provocación en su pretensión de hacer caso omiso a la negativa de las autoridades, el 21 de octubre la Fiscalía General de la República en sus sedes de varias provincias inició un proceso de apercibimiento a estos ciudadanos; manifestándole que de incumplir la decisión de las autoridades incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente.
Los organizadores (tanto las caras visibles dentro de Cuba como las organizaciones contrarrevolucionarias de Miami y el gobierno de EEUU) han tratado de presentar los hechos como una acción de represión de la libertad de manifestación, que refuerce la narrativa de que Cuba es un estado fallido y que el gobierno no cuenta con apoyo popular.
El gobierno cubano ha explicado que se trata de un plan desestabilizador orquestado desde el exterior a través de operadores políticos internos. Sus intenciones son tratar de provocar un estallido social que permita derrocar al gobierno cubano, cambiar el sistema social de nuestro país y subvertir el orden constitucional, con objetivos últimos de carácter antipopular.
Guerra no convencional contra Cuba
Provocar un cambio de régimen en Cuba ha sido un objetivo explícito del gobierno de los EEUU desde el triunfo de la Revolución de 1959.
Esto es un hecho imposible de enmascarar ante cualquier observador mínimamente informado sobre la realidad cubana.
Con este fin, EEUU ha puesto en práctica una estrategia que conjuga tácticas de guerra económica (el bloqueo económico) con la formación, adiestramiento, financiamiento y conducción de grupos opositores dentro y fuera de Cuba; la guerra mediática, con el uso de los grandes medios de comunicación occidentales, pero también con la formación y financiamiento de supuestos medios independientes dentro del país, así como la promoción de otras acciones desestabilizadoras que incluyen actos terroristas.
El diseño consiste en generar una situación económica difícil que genere frustración y sufrimiento en la población. Luego, utilizar ampliamente a los medios de comunicación a su disposición para culpar al gobierno y sistema político de los problemas económicos y otros. Finalmente movilizar a los grupos opositores para organizar acciones desestabilizadoras, incluyendo sabotajes y actos de violencia para eventualmente provocar un estallido social.
En los últimos tiempos estas tácticas han sido ampliamente utilizadas por EEUU para preparar el terreno para una intervención militar directa o, en el mejor de los casos, como método para lograr los mismos objetivos sin incurrir en los costos que implica una invasión militar.
Esto es coherente con la circular TC-1801 de 2011, uno los principales documentos de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos sobre guerra no convencional, que exhorta a aprovechar las posibles vulnerabilidades del gobierno a derrocar, distanciarse de la población, desplazar a la porción de la ciudadanía que actúa de manera neutral a posiciones en su contra, explotar estos elementos a través de la subversión y cuando esta no conduzca a los resultados estratégicos deseados, recurrir al conflicto armado, a través del fomento de la insurgencia.
Yugoslavia, Libia, Siria, Ucrania, Nicaragua, Venezuela son algunos de los ejemplos donde estas acciones de la guerra no convencional se han llevado adelante. Hay suficiente información doctrinal sobre la manera en que los Estados Unidos han llevado a cabo estas acciones.
A lo largo de los años, EEUU ha ensayado en Cuba con sucesivos grupos y supuestos líderes para este fin, todos los cuales son presentados como legítimos representantes del pueblo cubano, pero cuyos vínculos con EEUU son difíciles de esconder, por lo que van quedando en el olvido y son sustituidos por nuevos “agentes de cambio”.
A una parte de la comunidad cubana residente en la Florida, principalmente sectores acomodados que perdieron sus propiedades debido a la revolución cubana y otras personalidades ligadas directamente a la derrocada dictadura batistiana, con claros motivos para oponerse visceralmente al nuevo orden de cosas, se les dio un papel importante en la ejecución de esta estrategia de cambio de régimen desde prácticamente 1959.
Esto implicó que fungieran como vía para canalizar los fondos ingentes que ha destinado el gobierno de EEUU con ese propósito, o fueran destinatarios de los mismos.
Una parte de ellos fueron adiestrados militarmente y en acciones de sabotaje y terrorismo por la CIA. Resulta famosa la invasión de Playa Girón, pero existen innumerables ejemplos de acciones violentas organizadas por estos sectores contra Cuba: voladuras de aviones en pleno vuelo, explosiones de barcos e instalaciones diversas, incluidas turísticas, ametrallamientos desde lanchas rápidas, asesinatos a funcionarios diplomáticos cubanos y otros en terceros países, etc. A causa de tales actos, Cuba lamenta 3 478 fallecidos y 2 099 personas han quedado incapacitadas.
Como consecuencia de su papel dentro de la estrategia de EEUU de cambio de régimen, estos sectores extremistas, que en Cuba solemos llamar la mafia cubanoamericana, han creado una base económica muy vinculada a la actividad contrarrevolucionaria y han alcanzado una sobrerrepresentación mediática y política como grupo social dentro de EEUU y en particular dentro de La Florida.
A pesar de que no hay manera de esconder que EEUU aplica a Cuba esta política, la estrategia mediática consiste en sacar de foco el papel de los EEUU y generar una sobreexposición descontextualizada de supuestas fallas del sistema o el gobierno cubano. De esta manera, se busca generar la impresión, para observadores poco entendidos en la realidad cubana, de que resulta natural que exista fuerte oposición popular al gobierno y que puede ocurrir un estallido social en Cuba en cualquier momento. La mano de EEUU queda oculta o relegada a un segundo plano.
En los últimos dos años hemos sido testigos de un fortalecimiento sin precedentes de esta estrategia de cambio de régimen.
Trump agregó 243 medidas nuevas al bloqueo de EEUU contra Cuba. Todas fueron estudiadas y certeras, para provocar mayores dificultades económicas.
Esto estuvo acompañado de un aumento del tono agresivo de los discursos de odio promovidos desde Miami, con recurrentes llamados públicos a la violencia, en muchos casos con promesas de remuneración.
La pandemia como escenario oportunista
La llegada de la pandemia, con el consecuente aumento de los gastos de salud y la desaparición de los ingresos por turismo, fueron identificados como una situación ideal para provocar el anhelado estallido social, por lo que la estrategia antes explicada fue aplicada con mayor intensidad.
El 11 de julio, lograron generar manifestaciones en varias ciudades de Cuba, que tuvieron como núcleo a “agentes de cambio” al servicio de EEUU, y que lograron sumar a grupos de personas no vinculados a ellos, pero con insatisfacciones económicas. Coincidió también con un momento de pico en los contagios de COVID 19 en el país que puso en tensión al sistema de salud.
Esto fue identificado como el estallido social necesario para el cambio de régimen, por lo cual se pretendió impulsarlo y exagerarlo mediante uso intensivo de herramientas de guerra mediática, como amplia difusión de fake news y uso de “bots” (cuentas robot) para repetir hasta la saciedad y de modo automático esas informaciones falsas, muchas de ellas creadas días antes de los sucesos y en su inmensa mayoría localizadas en Miami. Todo ello en abierta violación de las políticas de Twitter y demás redes sociales, sin embargo, permitido impunemente.
El gobierno de EEUU se apresuró a calificar a Cuba de estado fallido y proliferaron los llamados a la Casa Blanca a realizar una intervención militar, principalmente desde Miami.
No obstante, las manifestaciones tuvieron una magnitud muy limitada, mucho menor que las que ocurren con frecuencia en otros países de América Latina o Europa y no ocurrió nada cercano a un estallido social. Esto explica que una de las aristas de fake news más recurrentes fuera manipular imágenes de protestas y celebraciones populares multitudinarias en otros países, e incluso manifestaciones a favor del gobierno en Cuba para presentarlas como antigubernamentales.
El 15 de noviembre
Las manifestaciones para el 15 de noviembre son un intento más por aprovechar la difícil situación económica generada por el COVID 19 antes de que Cuba comience la senda de la recuperación económica. Ya nuestro país ha logrado controlar la pandemia, en buena medida debido al éxito del proceso de vacunación con vacunas nacionales, y se encuentra en camino de la reapertura al turismo. Justo el 15 de noviembre Cuba reabrirá sus fronteras y están previstos más de 400 vuelos semanales desde diferentes países.
A pesar de que los promotores han presentado la marcha como pacífica, el perfil violento de varios grupos radicados en la Florida que la apoyan y tienen abiertos vínculos con su organización, así como los llamamientos explícitos a acciones violentas, indican que el escenario ideal para sus gestores es un estallido de violencia en las calles cubanas.
Un escenario intermedio en que no ocurrieran actos violentos, sería aprovechado de todos modos para alimentar una campaña de descrédito hacia el gobierno cubano, que lo tilde de no contar con apoyo popular. En caso de que la marcha no fuera autorizada, como ocurrió, se utilizaría para justificar la matriz de opinión de que en Cuba no se respeta el derecho a la libre manifestación.
En cualquier caso, los sucesos contribuirían a arreciar el bloqueo económico y a tratar de aislar a Cuba en el ámbito internacional. Ya el gobierno estadounidense amenazó con aplicar nuevas sanciones económicas si Cuba impide la manifestación y además ha estado presionando a cancillerías de sus países aliados para que se unan en su condena a Cuba.
La ruta del dinero
Apenas anunciada la marcha, esta recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses de extrema derecha, de figuras de la Casa Blanca, como el asesor para América Latina del Presidente Biden, de operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones desestabilizadoras e instan a la intervención militar en Cuba.
Dos de las caras más visibles del 15N, Manuel Cuesta Morua y Yunior Garcia, tienen vínculos con CADAL, una de las ONGs que sirven de instrumento contra los procesos progresistas en nuestra región y para ello reciben financiamiento de la USAID y la NED, fachadas de los intereses de la CIA.
Por ejemplo, la NED otorgó a CADAL 107 000 dólares en 2017 y 100 000 dólares en el 2021 destinados a un proyecto para promover los valores democráticos en Cuba.
Tanto Morua como Yunior, participaron en 2018 en el proyecto de CADAL “Tiempos de cambio y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas (FAR) en Cuba”, que les enseñaba a vincularse con miembros y ex miembros de las FAR abiertos a procesos de cambios. Eran claras las intenciones conspirativas y golpistas de este proyecto.
No es de extrañar que una parte importante de los fake news propagados durante los días posteriores al 11 de julio consistieran en supuestos levantamientos de regimientos de las FAR, traiciones de altos cargos o muertes sospechosas de estos, todos los cuales resultaron ser falsos.
En el 2019 Morúa y Yunior continuaron su preparación en una Universidad de Madrid y recibieron lecciones de Richard Youngs, experto en protestas públicas como método de cambio político.
Solo en septiembre pasado, la USAID otorgó unos 6 669 000 dólares para proyectos subversivos en Cuba, de un total de 18 000 000 aprobados hasta 2023 para estos fines.
Entre los principales beneficiarios están el Directorio Democrático Cubano, dirigida por Orlando Gutiérrez Boronat, que ha recibido 617 500 dólares, así como los medios creados para la campaña mediática contra Cuba, entre ellos ADN Digital con 2 031 260 USD y Cubanet, con 783 mil dólares.
Fueron más de 70 millones de dólares que se dedicaron durante la administración de Trump para la subversión contra Cuba. A ello se suman más de 100 millones para la oficina de transmisiones para Cuba, que administra las mal llamadas Radio y Televisión Martí.
Todas estas organizaciones han participado activamente en la promoción de la marcha del 15 de noviembre.
En días recientes se dio a conocer una llamada telefónica entre Yunior y Ramón Saul Sánchez donde este último le ofrecía apoyo para la marcha y el primero agradecía. Ramón es un connotado terrorista radicado en Miami, que ha participado en decenas de sabotajes y ataques violentos. Por solo mencionar un ejemplo, es el autor de la voladura en pleno vuelo de una avioneta con cuatro turistas norteamericanos que viajaban hacia Cuba en 1978.
El 12 de octubre Yunior reconoció ante la prensa sus vínculos con el Encargado de Negocios de EEUU en La Habana, Timothy Zúñiga Brown.
Es también público su vínculo con Alexander Carroll (Agustine Marceil), funcionario de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de EEUU. Este ha visitado Cuba entre 2019 y 2021 y se ha reunido numerosas veces con miembros de la contrarrevolución interna.
El 5 de noviembre el Congreso de EEUU aprobó una resolución, patrocinada por congresistas de extrema derecha de la Florida, que apoya las acciones desestabilizadoras en Cuba y evidencia la injerencia e irrespeto a nuestra soberanía. Los 40 demócratas que se opusieron, destacaron que el texto ignoraba el sufrimiento causado al pueblo cubano por el bloqueo económico.
Cambio de régimen a favor de quién
Finalmente, creo oportuno referirnos a la significación del anhelado cambio de régimen para Cuba y el escenario que derivaría de ello.
Es particularmente ilustrativo el siguiente segmento de la ley Helms Burton, de 1996, bajo el acápite en que describe las condiciones para identificar un gobierno de transición, a su vez condición para la eliminación del bloqueo.
SEC. 205. <<NOTE: 22 USC 6065.>> REQUIREMENTS AND FACTORS FOR
DETERMINING A TRANSITION GOVERNMENT.
(b) <<NOTE: President.>> Additional Factors.--In addition to the
requirements in subsection (a), in determining whether a transition
government in Cuba is in power, the President shall take into account
the extent to which that government--
(2) has made public commitments to, and is making
demonstrable progress in--
(D) taking appropriate steps to return to United
States citizens (and entities which are 50 percent or
more beneficially owned by United States citizens)
property taken by the Cuban Government from such
citizens and entities on or after January 1, 1959, or to
provide equitable compensation to such citizens and
entities for such property;
SEC. 207. <<NOTE: 22 USC 6067.>> SETTLEMENT OF OUTSTANDING UNITED
STATES CLAIMS TO CONFISCATED PROPERTY IN CUBA.
(d) Sense of Congress.--It is the sense of the Congress that the
satisfactory resolution of property claims by a Cuban Government
recognized by the United States remains an essential condition for the full resumption of economic and diplomatic relations between the
United States and Cuba.
Es importante mencionar que alrededor de 1 millón de hectáreas de tierras agrícolas cubanas (según el banco mundial en 1961 existían 1 millón 450 mil tierras cultivadas) estaban en manos de empresas o propietarios estadounidenses y cerca del 75 por ciento de las mejores tierras cultivables pertenecían a grandes hacendados. Muchos de sus descendientes viven en EEUU y, según la ley citada, serían elegibles para reclamar sus propiedades.
O sea, según el diseño de EEUU, uno de sus objetivos principales constituye regresar a la estructura de propiedad anterior a 1959, con una inmensa concentración de la propiedad y con un poder económico fundamental por parte de actores económicos estadounidenses.
Es claro que los grupos que promueven estas iniciativas están movidos por intereses económicos cuya satisfacción implicaría un proceso de despojo y destrucción de la estructura social que difícilmente puedan identificarse con objetivos aparentemente nobles como la protección de los derechos humanos y la democracia. De esto se entiende que las diferencias entre EEUU y Cuba van más allá de las diferencias ideológicas o políticas.
El llamado cambio de régimen significaría, además, la destrucción de los diferentes sistemas de protección social alcanzados durante la Revolución. Un ejemplo claro lo sería el sistema de salud universal y gratuito, que resultaría ineficiente desde puntos de vista neoliberales.
Implicaría también el desconocimiento de las causas sociales que condujeron al proceso revolucionario. Entre ellas: estatus neocolonial de subordinación de facto a los EEUU, inmensas diferencias sociales y pobreza, una democracia burguesa corrupta e inoperante, crisis periódicas que desembocaban en intervenciones militares de EEUU o dictaduras sangrientas.
Conociendo esto, nadie debería extrañarse de que la constitución cubana, incluidos los artículos que hacen referencia a la defensa de la soberanía y la irrevocabilidad del socialismo, haya sido aprobada, después de amplia discusión popular y tras incluir las modificaciones propuestas por el pueblo, con un 86,85% de los votos a favor y una participación de 90.15% de los ciudadanos con derecho al voto. La mayoría de los cubanos es consciente de las consecuencias prácticas que tendría la aplicación del proyecto estadounidense y miamense para Cuba.
No es justificable, desde ningún punto de vista, que un grupo minoritario de cubanos que viven fuera de Cuba, coordinados con un gobierno extranjero, se adjudiquen el derecho a representar a la mayoría de los cubanos que viven en Cuba en contra de su voluntad expresa. No es imaginable que de semejante proceso pueda surgir un gobierno democrático ni protegerse los derechos humanos, máxime teniendo en cuenta el discurso de odio extremo que promueven, con recurrentes llamados a matar comunistas y a todo el consideren como tal.
Conclusiones
A modo de conclusión quisiera recalcar los siguientes elementos:
La marcha proyectada para el 15 de noviembre no puede ser considerada sino como una acción dentro de un plan de cambio de régimen.
Sus líderes son fabricaciones de EEUU, que los forman, financian y dirigen.
Las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos, falta de democracia, condición de estado fallido u otras, ampliamente difundidas por y desde EEUU, no son reales. Solo buscan tratar de legitimar acciones injerencistas que persiguen objetivos contrarios a los intereses de la mayoría de los cubanos.
EEUU no tiene derecho alguno a interferir en los asuntos internos de Cuba. No son defensores de los derechos, libertades e intereses del pueblo cubano ni tienen autoridad política, legal ni moral para ello.
Al gobierno y al pueblo de Cuba nos sobran razones para denegar el permiso a esta provocación del 15 de noviembre, encaminada a provocar disturbios y justificar la agresión de EE.UU. contra Cuba. La Constitución, además de confirmar en su capítulo 4 que el socialismo es irreversible, también deja claro que no es legítimo organizar acciones que vayan en contra del interés público y del bienestar común de la población.
No existe en nuestro país el derecho a obrar a favor de los intereses de una potencia extranjera y a poner en riesgo la estabilidad ciudadana. Es anticonstitucional, ilegítimo, inmoral, adscribirse a un proyecto anexionista. Lo dicen nuestras leyes y lo dice nuestra historia.