El caso falaz de Washington contra Raúl Castro y la criminalización del derecho de Cuba a la legítima defensa
Por Isaac Saney*
La reciente decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de acusar a Raúl Castro por el derribo en 1996 de las aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate no constituye un acto de justicia. Es una maniobra profundamente política diseñada para intensificar la campaña de décadas de Washington contra la Revolución Cubana, al tiempo que reescribe el historial histórico de la agresión estadounidense contra Cuba.
Los cargos son falaces, históricamente deshonestos y peligrosos. Más preocupante aún, la acusación legitima implícitamente acciones hostiles lanzadas contra Cuba desde territorio estadounidense, mientras niega a Cuba el elemental derecho soberano de legítima defensa reconocido por el derecho internacional.
Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Estados Unidos ha librado una guerra incesante contra el pueblo cubano. Esa guerra ha adoptado muchas formas: invasión, sabotaje, guerra biológica, intentos de asesinato, estrangulamiento económico y ataques terroristas. Muchas de estas operaciones fueron organizadas, financiadas o toleradas desde suelo estadounidense. El costo humano ha sido devastador. Al menos 3.478 cubanos han muerto y otros 2.099 han resultado heridos como consecuencia de estos actos de terrorismo y agresión.
Entre las víctimas estuvo Fabio Di Celmo, un joven montrealés de origen italiano asesinado en los atentados contra hoteles en La Habana en 1997, organizados por terroristas anticubanos vinculados a redes que operaban desde Estados Unidos. Sin embargo, los arquitectos y financiadores de esos crímenes gozaron de protección en Miami mientras Washington daba lecciones a Cuba sobre “terrorismo”.
Quizás el ejemplo más notorio fue el horrendo atentado terrorista del 6 de octubre de 1976 contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación. En el hemisferio occidental, este fue el primer y único atentado contra una aeronave civil en pleno vuelo. Este acto atroz, que provocó la muerte de las 73 personas a bordo, permanece como uno de los ejemplos más notorios del terrorismo anticubano llevado a cabo por violentos contrarrevolucionarios. El derribo del vuelo 455 fue planeado por los terroristas anticubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, ambos con prolongados vínculos con los servicios de inteligencia estadounidenses.
Por tanto, la acusación contra Raúl Castro debe entenderse dentro de este contexto histórico y político más amplio. No se trata de justicia para las víctimas. Se trata de criminalizar la soberanía cubana.
El gobierno estadounidense y los grandes medios corporativos continúan presentando a Hermanos al Rescate como actores humanitarios inocentes que realizaban misiones pacíficas. Pero incluso observadores contemporáneos rechazaron esta narrativa simplista. Mark Entwistle, quien se desempeñó como embajador de Canadá en Cuba durante el incidente de 1996, señaló que la organización violaba repetidamente el espacio aéreo cubano, volando a baja altura sobre La Habana y lanzando propaganda antigubernamental. También situó el incidente dentro de la realidad más amplia de organizaciones violentas del exilio anticubano como Alpha 66 y Omega 7, grupos ampliamente asociados con actos terroristas contra Cuba.
Entre 1994 y 1996, las autoridades cubanas documentaron más de 25 violaciones graves del espacio aéreo cubano por parte de Hermanos al Rescate. Cada violación fue reportada formalmente al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la Administración Federal de Aviación y a la Organización de Aviación Civil Internacional. Funcionarios cubanos exigieron repetidamente a Washington que revocara licencias de pilotos, confiscara aeronaves y detuviera los vuelos ilegales originados desde territorio estadounidense. Estas solicitudes fueron ignoradas.
Las provocaciones se intensificaron de forma constante. El 13 de julio de 1995, aeronaves ingresaron en espacio aéreo restringido al norte de La Habana y lanzaron panfletos propagandísticos. El 9 y el 13 de enero de 1996, los aviones volvieron a violar el espacio aéreo cubano y dispersaron materiales subversivos a lo largo de la costa. Cuba advirtió públicamente que cualquier aeronave no autorizada que ingresara en su espacio aéreo soberano sería interceptada y, de ser necesario, neutralizada. La Nota Diplomática No. 45 transmitiendo esta advertencia fue entregada formalmente a Estados Unidos el 16 de enero de 1996.
Por tanto, Washington no puede alegar desconocimiento de manera creíble.
De hecho, posteriormente se reveló evidencia de que funcionarios estadounidenses comprendían perfectamente que era probable un enfrentamiento mortal.
Investigaciones del equipo I TEAM de CBS4 Miami descubrieron documentos clasificados que demostraban que altos funcionarios estadounidenses sabían que un derribo era “posible” e incluso “probable”. Sin embargo, las autoridades aprobaron planes de vuelo que sabían eran falsos, no incautaron las aeronaves y se negaron a procesar las reiteradas violaciones del derecho cubano e internacional.
Según el derecho internacional, Cuba tenía el derecho de defender su espacio aéreo y su integridad territorial. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho inherente de los Estados a la legítima defensa. El marco de la Organización de Aviación Civil Internacional reconoce igualmente que las aeronaves utilizadas para fines incompatibles con el carácter civil pierden las protecciones normalmente otorgadas a la aviación civil.
Las aeronaves involucradas no eran actores inocentes que accidentalmente se desviaron de su ruta. Las autoridades cubanas argumentaron —con abundante evidencia de respaldo— que los aviones formaban parte de una campaña sostenida de provocación que incluía operaciones propagandísticas, espionaje y preparativos de sabotaje. Cuba también sostuvo que las aeronaves fueron derribadas dentro del espacio aéreo y aguas territoriales cubanas, presentando datos de radar, transcripciones y coordenadas ante la ONU y la OACI.
También surgieron serias dudas sobre el manejo estadounidense de las evidencias. Según informes, la estación de radar naval de Key West borró los registros apenas quince días después del incidente. Estados Unidos retuvo partes de grabaciones de audio a los investigadores, omitiendo segmentos cruciales de seis minutos relacionados con la ubicación y movimientos de las aeronaves. Los testimonios utilizados en las reconstrucciones oficiales también fueron cuestionados y, en algunos casos, nunca verificados de manera independiente.
Difícilmente estos constituyen fundamentos sólidos para una acusación penal creíble treinta años después.
Más bien, la acusación refleja la intensificación del objetivo abiertamente declarado de cambio de régimen en Cuba por parte de la administración de Donald Trump. Tras la campaña de presión de Washington contra Nicolás Maduro en Venezuela, Trump advirtió ominosamente que “Cuba sería la próxima”. Por tanto, los cargos contra Raúl Castro no son meras reclamaciones legales retrospectivas; son instrumentos de guerra geopolítica.
Como era previsible, los cubanos comunes reconocieron la acusación por lo que realmente es. La asesora jurídica retirada Rosmery Peña defendió las acciones de Cuba, afirmando claramente que si el espacio aéreo cubano fue violado, el país tenía pleno derecho a adoptar las medidas necesarias para impedir nuevas incursiones. El trabajador de la construcción René Sierra declaró que los cubanos resistirían cualquier agresión externa, mientras que el exfuncionario del Ministerio de Justicia Agustín Sanabria rechazó la fantasía de que Cuba pudiera ser desestabilizada mediante campañas de presión organizadas desde el exterior. Estas reacciones reflejan una memoria histórica más profunda forjada a través de décadas de resistencia a la hostilidad estadounidense.
La acusación de Washington también pone de manifiesto un flagrante doble rasero. Estados Unidos ha reivindicado reiteradamente para sí una doctrina expansiva de legítima defensa, justificando intervenciones militares, ataques con drones, asesinatos e invasiones en todo el mundo en nombre de la protección de su seguridad nacional. Sin embargo, cuando Cuba actúa para defender su propia soberanía frente a provocaciones repetidas lanzadas desde territorio estadounidense, es criminalizada.
Esta hipocresía no es accidental. Refleja la suposición imperial de que solo Estados Unidos posee intereses de seguridad legítimos, mientras que las naciones que resisten la dominación estadounidense son privadas de los derechos que el derecho internacional reconoce a los Estados soberanos.
La campaña contra Cuba nunca ha sido realmente sobre democracia o derechos humanos. Siempre ha tratado de castigar a una pequeña nación por afirmar su independencia, rechazar la dominación estadounidense y desarrollar un proyecto social alternativo basado en la justicia social, la solidaridad internacional y el antiimperialismo.
Por tanto, la acusación contra Raúl Castro no es simplemente un ataque contra un individuo. Es un intento de deslegitimar el derecho de Cuba a existir como nación soberana capaz de defenderse frente a la agresión.
Lejos de promover la justicia, los cargos normalizan precisamente el terrorismo y la desestabilización que Cuba ha sufrido durante más de seis décadas. Envían el mensaje a las redes violentas anticubanas de que los actos hostiles lanzados desde territorio estadounidense pueden continuar contando con protección política desde Washington.
La historia, sin embargo, no validará este nuevo acto de coerción. La Revolución Cubana ha sobrevivido a invasiones, sabotajes, complots de asesinato, asedio económico y terrorismo. Ha resistido porque millones de cubanos comprenden que detrás de cada campaña estadounidense subyace el mismo objetivo permanente: la destrucción de la independencia cubana.
* Isaac Saney es profesor y especialista en Estudios Cubanos y Estudios de la Diáspora Africana Negra e Historia en la Dalhousie University, en Halifax, Canadá. También es miembro del ejecutivo de la Canadian Network On Cuba.