El Gobierno de la República de Cuba denunció enérgicamente una nueva y grave escalada del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, tras la firma de una Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, calificada por La Habana como una acción criminal, delirante y sin precedentes en décadas recientes.
Según la declaración oficial, esta decisión constituye una respuesta directa a las amenazas formuladas por el Gobierno cubano frente a la política de agresión permanente de Washington y se inscribe en una estrategia de extrema presión que viola de manera flagrante el derecho internacional, la soberanía de los Estados y los principios fundamentales de la convivencia pacífica.
Una política “inusual y extraordinaria”
El Ejecutivo cubano subrayó que la administración estadounidense ha declarado una supuesta “emergencia nacional” para justificar medidas coercitivas contra Cuba, bajo el argumento de que las políticas y acciones del gobierno revolucionario representan una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU.
Cuba rechazó categóricamente esa narrativa y señaló que el verdadero objetivo de estas medidas es aislar al país, privarlo de recursos financieros, sabotear sus relaciones económicas internacionales y castigar a los pueblos que mantienen vínculos de cooperación y solidaridad con la Isla. En ese sentido, denunció la presión ejercida sobre gobiernos, instituciones financieras y empresas extranjeras, así como la criminalización de la cooperación médica cubana.
Impacto económico y humanitario
La declaración advierte que el endurecimiento del bloqueo afecta directamente sectores vitales como la alimentación, la salud, el transporte, el acceso a combustibles y las transacciones financieras internacionales. Las sanciones, explicó, obstaculizan el comercio exterior, encarecen las importaciones, limitan el uso de sistemas de pago y persiguen a navieras y compañías aseguradoras que intentan operar con Cuba.
El Gobierno cubano calificó estas medidas como una forma de guerra económica deliberada, cuyo propósito es provocar sufrimiento, desestabilización interna y un colapso social, responsabilizando a Washington por las consecuencias humanitarias que puedan derivarse de esta política.
Rechazo a acusaciones y uso político de los derechos humanos
Cuba también rechazó las acusaciones de violaciones de derechos humanos utilizadas como justificación por Estados Unidos, señalando que se trata de un discurso cínico y selectivo, carente de autoridad moral. En la declaración se afirma que EE. UU. no tiene legitimidad para erigirse en juez internacional, cuando mantiene prácticas sistemáticas de discriminación, violencia policial, represión de protestas sociales y restricciones a libertades civiles dentro de su propio territorio.
Asimismo, se denunció el uso del tema migratorio y de la democracia como instrumentos de presión política, ignorando las verdaderas causas estructurales de los flujos migratorios, entre ellas el propio bloqueo económico.
México y la defensa de la soberanía
Un punto destacado del pronunciamiento fue el reconocimiento al papel de México y a la postura asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reafirmó el principio de soberanía y no intervención, y defendió la cooperación humanitaria con Cuba. La Habana valoró positivamente que México haya continuado suministrando petróleo y servicios médicos a la Isla, en ejercicio de su política exterior independiente.
Cuba advirtió que cualquier intento de sancionar o presionar a terceros países por mantener relaciones con la Isla constituye una violación del derecho internacional y una amenaza directa al multilateralismo.
Llamado a la comunidad internacional
Finalmente, el Gobierno cubano reiteró su llamado a la comunidad internacional para que rechace esta nueva escalada de agresión y exija el levantamiento inmediato del bloqueo, una política que ha sido condenada de forma reiterada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La declaración concluye reafirmando que Cuba no renunciará a su soberanía ni a su proyecto político y social, y que continuará defendiendo su derecho a la autodeterminación, al tiempo que seguirá promoviendo la cooperación, la paz y la solidaridad entre los pueblos.