El 25 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció restricciones a las visas para funcionarios del gobierno de Cuba y cualquier otra persona en el mundo que sea “cómplice” de los programas de asistencia médica en el extranjero de la nación insular. Una declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró que la sanción se extiende a los funcionarios “actuales y anteriores” y a la “familia inmediata de dichas personas”.
Esta acción, la séptima medida dirigida contra Cuba en un mes, tiene consecuencias internacionales; durante décadas, decenas de miles de profesionales médicos cubanos han sido destinados a unos sesenta países, mucho más que la fuerza laboral de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su mayoría trabajando en poblaciones desatendidas o insuficientemente atendidas en el Sur Global.
El gobierno de Estados Unidos acusa a Cuba de tráfico de personas, e incluso equipara al personal médico cubano en el extranjero con esclavos. El tuit de Rubio repitió este pretexto.
El verdadero objetivo es socavar tanto el prestigio internacional de Cuba como los ingresos que recibe por la exportación de servicios médicos. Desde 2004, los ingresos por las exportaciones de servicios médicos y profesionales cubanos han sido la mayor fuente de ingresos de la isla.
La capacidad de Cuba para realizar un comercio internacional “normal” está actualmente obstruida por el largo bloqueo estadounidense, pero el estado socialista ha logrado convertir sus inversiones en educación y atención médica en ingresos nacionales, al tiempo que mantiene la asistencia médica gratuita al Sur Global basada en sus principios internacionalistas.