Cuba pide algo que debería ser sencillo para cualquier pueblo: vivir en paz. En su intervención del 9 de septiembre de 2026 en La Habana, durante la presentación del informe cubano sobre los efectos del bloqueo estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, describió las consecuencias humanas, económicas y sociales de una política que, según las autoridades cubanas, afecta mucho más allá del gobierno y golpea directamente a las familias.
«El bloqueo no castiga a un gobierno; castiga la vida cotidiana de un pueblo en todos sus aspectos», declaró el ministro. Detrás de esta frase se encuentra una realidad marcada por los cortes de electricidad, las dificultades para el abastecimiento de combustible, el transporte paralizado, los medicamentos difíciles de obtener y unos servicios esenciales constantemente debilitados.
Los niños hacen sus tareas en la penumbra, las familias viven con horas limitadas de electricidad y los hospitales deben afrontar, en ocasiones, situaciones en las que la falta de combustible compromete el funcionamiento de los equipos médicos.
El sector de la salud está particularmente expuesto. Las incubadoras, los quirófanos, los equipos de diálisis, las ambulancias y los sistemas de conservación de medicamentos dependen todos de un suministro regular de energía, así como del acceso a piezas de repuesto y combustible. Según el informe presentado por La Habana, la mortalidad infantil habría pasado de 4 por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025. Para Cuba, estas cifras no pueden reducirse a simples estadísticas: detrás de cada una de ellas hay una vida, una familia y una historia.
El ministro cubano afirma asimismo que el bloqueo energético constituye uno de los principales obstáculos que enfrenta el país. Las restricciones a las importaciones de combustible afectan no solo la generación de electricidad, sino también el abastecimiento de agua, el transporte, los servicios hospitalarios y las actividades económicas.
Incluso los esfuerzos emprendidos por Cuba para desarrollar la energía solar tropiezan, según La Habana, con dificultades para hacer llegar los paneles fotovoltaicos, las baterías y los equipos necesarios.
Las cifras económicas presentadas en el informe aportan otra dimensión a esta situación. Los daños atribuidos al bloqueo entre marzo de 2025 y febrero de 2026 se estiman en 8 083 millones de dólares, lo que representa un incremento del 7 % en un año. El monto acumulado durante varias décadas se estima en 178 700 millones de dólares a precios actuales.
Para las autoridades cubanas, estas pérdidas representan recursos que podrían haberse destinado a la producción, las infraestructuras, la salud, la educación y el desarrollo social.
Sin embargo, en medio de estas dificultades, Cuba continúa defendiendo sus políticas sociales. La educación sigue siendo una prioridad, incluidos los niños y jóvenes en situación de discapacidad. Se desarrollan soluciones energéticas alternativas para los hospitales y las redes de abastecimiento de agua. También se están incorporando progresivamente medios de transporte eléctricos.
El país busca así adaptar su economía y su organización social a una situación que considera excepcional y profundamente injusta.
Bruno Rodríguez Parrilla recuerda asimismo que la política estadounidense hacia Cuba se inscribe en una larga historia. Cita, en particular, un memorando de 1960 atribuido al subsecretario de Estado Lester Mallory, que preconizaba debilitar la economía cubana con el objetivo de provocar dificultades sociales y políticas.
Más de seis décadas después, La Habana considera que esta lógica continúa vigente, aunque bajo formas diferentes.
El debate trasciende, por tanto, las relaciones entre dos gobiernos. Se refiere a una cuestión fundamental: ¿hasta dónde puede llegar una confrontación política cuando afecta directamente a toda una población?
El ministro cubano resume la posición de su país en una fórmula que trasciende las fronteras de la isla: «Cuba no es una amenaza; el bloqueo sí».
Cuba afirma que no pide que sus decisiones políticas sean aprobadas por Washington. Pide que su soberanía sea respetada y que los cubanos puedan disponer de los medios necesarios para vivir, trabajar, recibir atención médica, estudiar y construir su futuro.
En un mundo marcado ya por las crisis, las sanciones, las guerras económicas y las tensiones geopolíticas, la cuestión cubana recuerda que la población civil siempre es la primera expuesta cuando los Estados convierten sus diferencias políticas en instrumentos de presión económica.
El mensaje de La Habana es, en definitiva, de una gran sencillez: «Somos un país de paz; queremos y merecemos la paz». Una paz que no significa la ausencia de desacuerdos, sino el derecho de cada nación a elegir su propio camino sin estar sometida a una presión que afecta cotidianamente a su población.
Y es con estas palabras que Bruno Rodríguez Parrilla concluye su llamado, con una fórmula que resume toda la reivindicación cubana: «Déjennos vivir en paz».
Ousmane Mohaned Touré, director del periódico maliense Le Poing