Desde que el 2 de mayo último, el gobierno de Estados Unidos activara el Título III de la Ley Helms-Burton se ha intensificado el rechazo de los cubanos a esa decisión, que ha sido cuestionada por muchos países. En reuniones de vecinos, a través de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la organización de masas más grande de Cuba, millones de cubanos se suman a la condena de ese engendro legislativo, en particular contra su Título III, el cual permite a nacionales de Estados Unidos demandar a quienes “trafiquen” con “propiedades norteamericanas” en Cuba. Según el espíritu del mencionado acápite, se consideran al amparo de esta ley las propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas en el archipiélago a principios de la Revolución en correspondencia con una decisión legítima y legal del gobierno cubano. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1974, dispone que “todo Estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso, el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinente. Cuba nacionalizó propiedades de varias naciones y solo Estados Unidos se negó a las propuestas de compensación realizadas por el gobierno revolucionario; sin embargo, otros países como Francia, Suiza, Gran Bretaña, Canadá y España adoptaron una posición respetuosa y con ellos se establecieron acuerdos de indemnización.
El 12 de marzo de 1996, el Presidente de Estados Unidos, William Clinton firmó y puso en vigor la llamada Ley de la libertad cubana y solidaridad democrática de 1996, o Ley Libertad. Con ese cuerpo legal, más conocido por los nombres de sus principales promotores, el senador republicano Jesse Helms y el representante Demócrata Dan Burton, están comprometidos los sectores más conservadores y ultraderechistas del espectro político estadounidense y cubanoamericano. La inmensa mayoría de los cubanos, han expresado en todas las reuniones realizadas bajo la denominación de Barrio-debates que con la Ley Helms-Burton no hay entendimientos porque es agresiva, irrespetuosa e irracional.
La Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión celebrada el 24 de diciembre de 1996, aprobó la Ley 80, llamada Ley de la Dignidad y Soberanía Cubanas, la que en su artículo número uno declara ilícita la Helms-Burton, además de inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno, por lo que resulta nula alguna reclamación sustentada en ella, de persona natural o jurídica, cualquiera que fuese su ciudadanía o nacionalidad. Tomado de Agencia Cubana de Noticias, 10 de Mayo de 2019.
