COMUNICADO DE PRENSA
Nueva York, 23 de Julio de 2021. Como parte de la operación político-comunicacional que se ha desatado en días recientes contra Cuba, orquestada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos, se han difundido, de manera deliberada, falsas alegaciones sobre supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley en la respuesta a los incidentes violentos y actos vandálicos del pasado 11 de julio en varias localidades del país.
La intención que se persigue al difundir estas falsas alegaciones es desacreditar al gobierno cubano, tergiversar la realidad del país y manipular la cuestión de los derechos humanos para confundir y desinformar a la comunidad internacional, y justificar ante el mundo la agresión que contra Cuba se comete.
En Cuba no hay desapariciones forzadas, torturas ni ejecuciones extrajudiciales. No las ha habido desde el 1ro de enero de 1959, con el triunfo revolucionario. Cuba ha honrado sus compromisos como Estado parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Constitución de la República y demás leyes aseguran las condiciones necesarias para garantizar que no ocurran en el país estos hechos, incluyendo en los centros de detención.
Es totalmente falso que como parte de la respuesta de las fuerzas del orden a los incidentes violentos y actos de vandalismo del pasado 11 de julio se hayan cometido actos de esta naturaleza. La respuesta de las fuerzas del orden se ha correspondido con las leyes cubanas y las obligaciones internacionales del país.
Tampoco hay en Cuba establecimientos de detención secretos. Los familiares de las personas detenidas, cualquiera que sea la razón legal que haya ameritado la detención, conocen el lugar en que se encuentran sus seres queridos. En todos los casos sobre los que versa la actual campaña de desinformación, las familias conocen dónde están sus familiares detenidos, han concurrido a esos lugares y se les ha ofrecido la información necesaria. El paradero y situación legal de cada una de estas personas está establecida y es auditable por la Fiscalía General de la República (FGR), órgano encargado de velar por la legalidad, incluyendo en los centros de reclusión.
Como hubiera ocurrido en cualquier otro país, en Cuba se han producido y continuarán su curso las investigaciones policiales necesarias para esclarecer los hechos, y determinar de manera objetiva el nivel de participación y responsabilidad penal de cada una de las personas detenidas con motivo de los incidentes violentos y actos de vandalismo del pasado 11 de julio.
A raíz de estas investigaciones, un grupo de las personas detenidas ya ha sido puesta en libertad, pues se ha podido determinar que no tuvieron participación delictiva en los hechos; otros se encuentran bajo una medida cautelar que no implica detención; y otro grupo de personas han sido acusados formalmente y se encuentran bajo medida cautelar de prisión provisional. En todos los casos, las personas detenidas tras los incidentes del 11 de julio están en capacidad de nombrar abogado, o se les designa uno de oficio, conforme establece la Constitución de la República. Todas estas personas han podido disfrutar, y lo continuarán haciendo, de las garantías del debido proceso consagradas en nuestras leyes.
Todas las personas, incluyendo las que resultaron detenidas como resultado de estos hechos, tienen derecho a reclamar ante los tribunales las faltas y delitos que consideren se hayan cometido en su contra. En Cuba no hay impunidad, ni leyes o reglamentos que la amparen. De haber ocurrido alguna irregularidad en las actuaciones de las fuerzas del orden, se investigará, se darán a conocer los resultados y, de encontrarse alguna violación, exceso o conducta impropia, se tomarán las medidas de rigor, según la Constitución, las leyes y reglamentos correspondientes. En Cuba impera la ley.
La elaboración de listas de personas supuestamente desaparecidas o detenidas en Cuba a partir del 11 de julio, carece de credibilidad. Estas listas falsas forman parte de la operación contra Cuba. Se ha podido comprobar, y el pueblo cubano ha tenido acceso a ello, que algunas de las personas incluidas en estas listas nunca estuvieron detenidas, ni participaron en los incidentes del 11 de julio.
El Gobierno cubano continuará defendiendo, junto al pueblo, el orden constitucional y el Estado de Derecho en el país. Sobre la base del imperio de la ley, no habrá tolerancia hacia ningún tipo de actividad delictiva o agenda de subversión al servicio de una potencia extranjera, que intente robarle al pueblo cubano la tranquilidad ciudadana y la seguridad de sus calles.
Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas