Una de las primeras organizaciones en denunciar las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela fue la Asociación Cultural José Martí de Estados Unidos, la cual emitió un fuerte pronunciamiento al respecto y calificó estos hechos como una violación flagrante del derecho internacional y la soberanía nacional.
“Condenamos este acto agresivo en franca violación del derecho internacional”, afirmó la Asociación en un comunicado. En el texto, la organización expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y solicitó a fuerzas progresistas y pacifistas de todo el mundo que denuncien y presionen a la administración Trump para garantizar “el respeto a la vida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa Cilia Flores”.
El Comité Ejecutivo de la Asociación Cultural José Martí advirtió sobre “el peligroso precedente que representa esta acción en la que fue secuestrado el presidente constitucional de una nación soberana”, y señaló que si este tipo de actos “fueran el preludio de otras alocadas acciones guerreristas contra otras naciones, como pudiera ser el caso de Cuba”, la organización se mantendría firme “al lado de nuestro pueblo, ocupando la trinchera que nos corresponde para salvaguardar nuestra soberanía”.
Paralelamente, la coalición antibelicista ANSWER convocó una movilización urgente en Estados Unidos en apoyo a Venezuela, bajo la consigna: “¡No a la guerra contra Venezuela!”
Para la coalición, esta intervención podría ser el comienzo de otra guerra, basada “completamente en mentiras”. El grupo citó encuestas que indican que “más del 70 % de la gente en los Estados Unidos se opone a una nueva guerra”, y exigió que “los fondos públicos se usen para las necesidades de la gente, no para financiar otra guerra sin fin”.
Además, ANSWER enfatizó que este conflicto “no se trata de narcotráfico ni de democracia, sino de robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina”. Según su postura, la situación constituye “una escalada indignante en una campaña de asesinatos en aguas internacionales y piratería contra buques mercantes que comercian con Venezuela”.