VENEZUELA
Los diputados de la AN acordaron apoyar las negociaciones con el Ejecutivo y promover un ambiente de paz que favorezca el entendimiento.
CARACAS.—Mientras el Gobierno venezolano ratifica permanentemente su disposición a resolver las diferencias políticas con la oposición de modo pacífico, varios sectores de la derecha manifiestan interés en aceptar e integrarse al proceso de diálogo, instalado el pasado lunes con mediación del Vaticano y bajo acompañamiento internacional.
En la última sesión de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, los diputados acordaron apoyar las negociaciones con el Ejecutivo y promover un ambiente de paz que favorezca el entendimiento; un contexto en el cual una primera medida visible, anunciada desde el Parlamento, fue suspender la marcha convocada para este jueves, cuyo propósito era avanzar hasta el palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, a fin de «comunicar» a Nicolás Maduro su destitución del poder.
El propio Henry Ramos Allup, presidente de la AN, pidió a los voceros y grupos que insisten en realizar acciones violentas a aceptar el diálogo, el cual calificó, sorpresivamente, como única alternativa, «más allá de los extremistas que ven en la continuación del conflicto la única forma de sostener sus argumentos… Ojalá pudiéramos librarnos de los extremistas».
Declaró que los sectores adversos al Gobierno están dispuestos a pagar «el costo político mínimo» que significa acceder al diálogo, por tal de evitar que el conflicto termine en confrontación violenta.
En la misma jornada de debate, la bancada de derecha propuso suspender temporalmente la sesión inmediata que evaluaría la realización de un juicio político contra el mandatario Nicolás Maduro, alegando un supuesto «abandono del cargo».
Héctor Rodríguez, representante del bloque parlamentario reconoció la valentía de los sectores que ven en el diálogo la opción para dirimir las diferencias, pero ratificó las posturas de rechazo rotundo del chavismo a todo intento inconstitucional, como la pretensión de interpelar al Jefe de Estado, sin facultades para ello, e invocando una figura sancionatoria no prevista por la Carta Magna.
A pesar de las manifestaciones conciliatorias de sectores opositores, persiste la obstinación de dirigentes de varias facciones radicales, lideradas por el partido Voluntad Popular, que se niegan a sentarse a la mesa de conversaciones con el Gobierno, desmeritando incluso la participación de la Santa Sede.
María Corina Machado, por ejemplo, afirmó este miércoles que no marchar y presentarse al diálogo era un error, que el único camino es la salida inmediata de Maduro, e instó a sumarse a las facciones del movimiento estudiantil que avanzarían mañana sobre Miraflores.
Evidente en sus fragmentaciones internas y actitudes contradictorias, la coalición de derecha dio otras señales este miércoles que alentaron la desconfianza en sus posturas ambivalentes de cara al concilio, al conocerse varios mensajes, incluidos los de Ramos Allup y el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, en que invocan una posición más activa de la comunidad internacional en torno al conflicto político venezolano, mientras dicen que el Gobierno no quiere un diálogo real, sino que prepara condiciones para retirarse y luego culpar a la oposición de su fracaso.
PROCURADURÍA GENERAL DEMANDARÁ A LA AN
Ante la amenaza de juicio político —considerada el adelanto de una adaptación venezolana de los golpes parlamentarios contra presidentes progresistas, sucedidos en países de la región como Brasil y Paraguay— la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en que anuncia la decisión de demandar al Poder Legislativo por promover actos que socavan «la paz, el desarrollo y la estabilidad de la nación».
«La Procuraduría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y hasta sus últimas competencias, activará una demanda contra la AN ante las instancias correspondientes, a los fines de que se tomen las medidas más eficaces para la protección integral del Estado y la nación».
La Procuraduría General recuerda la condición de nulidad que pesa sobre la AN tras el desacato a órdenes del Tribunal Supremo de Justicia y subraya la incapacidad legal del órgano parlamentario «para convocar al Presidente a comparecer ante su plenaria, ni ante sus comisiones y mucho menos basándose en una figura de juicio político que no existe en el ordenamiento jurídico» (Granma).