Señor presidente:
Tomamos nota del informe A/76/172 de la Relatora Especial, enfocado en los derechos sexuales y reproductivos en el contexto de la COVID-19. Reiteramos a la Relatora nuestro apoyo.
Como expresa la Relatora en su informe, la pandemia ha puesto a prueba los sistemas de salud, y su capacidad de prestar servicios de salud sexual y reproductiva en el contexto de la COVID-19. Sin embargo, si queremos contar con sistemas de salud que puedan hacer frente a retos globales como la COVID-19 sin dejar de atender otras prioridades, incluyendo la salud sexual y reproductiva, es preciso mayor solidaridad y cooperación internacional. También deben dejar de aplicarse las medidas coercitivas unilaterales, cuyo impacto directo sobre el derecho a la salud está ampliamente demostrado.
El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, en vigor desde hace más de 6 décadas y recrudecido de una forma sin precedentes en el contexto de la COVID-19, impacta directamente sobre la salud del pueblo cubano. Sólo entre abril de 2019 y marzo de 2020, el bloqueo causó a Cuba pérdidas de más de 160 millones de dólares en esta esfera.
Los servicios de salud sexual y reproductiva también se han visto directamente afectados. El 30 de agosto de 2019, la compañía Sanzyme Private Limited, se negó a aceptar los documentos de embarque de una operación para comprar Progesterona, que se usa en el Programa de Reproducción Asistida para evitar el parto prematuro y la amenaza de aborto, y para tratar el síndrome premenstrual y del desequilibrio hormonal.
En tal sentido, exhortamos a la Relatora Especial a analizar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, en particular las impuestas por los Estados Unidos, sobre la materialización del derecho a la salud, incluyendo en el área de la salud sexual y reproductiva.
Muchas gracias.