Señora presidenta,
Cuba está plenamente comprometida con la labor del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento. Apoyamos los esfuerzos encaminados a elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, amplio e integral, para promover y proteger los derechos y la dignidad de los adultos mayores.
La crisis socio-económica generada por la COVID-19 arriesga un empeoramiento de la situación de millones de adultos mayores, incluyendo en países ricos. Evitar que estas personas continúen estando entre las víctimas más comunes de la pobreza, la malnutrición, la falta de atención médica, el costo prohibitivo de medicamentos y la inseguridad económica, debe ser un tema de prioridad. Para ello, habría que promover el desarrollo y la cooperación internacional.
La cuestión del envejecimiento poblacional tiene particular importancia para Cuba, y constituye uno de los retos socio-demográficos más complejos que enfrentamos. La esperanza de vida en mi país es de 78.45 años, y en 2030 el 30% de nuestra población tendrá más de 60 años.
Estos indicadores, propios de países desarrollados, son el resultado de las políticas y programas sociales del Estado cubano, que priorizan al ser humano, su bienestar, calidad de vida y desarrollo integral. Al mismo tiempo, suponen importantes desafíos para un pequeño país en desarrollo como Cuba, que además ha estado sometido a seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos, recrudecido de forma oportunista durante la pandemia.
Solo entre los meses de enero a julio de 2021, el bloqueo de Estados Unidos provocó daños a Cuba superiores a los 2 mil millones de dólares en todas las esferas, incluidas las que tienen particular relevancia para los adultos mayores, como son la salud, la alimentación, el transporte y las comunicaciones. ¿Cuánto más hubiéramos podido hacer en favor de nuestros adultos mayores si contáramos con los millonarios recursos de los que el bloqueo nos priva?
Sin embargo, Cuba ha continuado avanzando en la atención de los adultos mayores, incluyendo la promoción y protección de sus derechos. Ello se asume como responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado. Este objetivo forma parte de nuestros esfuerzos de desarrollo, del perfeccionamiento del marco jurídico-institucional del país, y de la respuesta y recuperación ante la pandemia de la COVID-19.
Muchas gracias.