Señora presidenta:
Cuba se asocia a las intervenciones realizadas por las distinguidas delegaciones de la República de Guinea en nombre del Grupo de los 77 más China y Antigua y Barbuda en nombre de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.
Durante ya varias décadas, los países en desarrollo han aspirado a un orden internacional más justo, no discriminatorio, inclusivo, que permita el crecimiento y desarrollo para todos y elimine las múltiples brechas que existen con los países desarrollados. Esa justa aspiración continúa siendo una utopía para la mayoría de los países del Sur, sujetos a un entorno internacional que les obstaculiza poder materializar la consecución de su Derecho al Desarrollo.
La Pandemia de la COVID-19 ha amplificado los problemas estructurales prexistentes, con terribles consecuencias socio económicas para los más países en desarrollo. Como consecuencia, hemos observado en nuestras economías un dramático incremento de la desigualdad, un incremento insostenible de la carga de la deuda, la reducción de los ingresos fiscales, la salida de capitales, la caída de las remesas, del turismo y las exportaciones y la falta de acceso adecuado y suficiente a los mercados financieros, entre otros, todo lo cual ha llevado muchas veces a límites insostenibles el espacio fiscal que necesitan nuestros países para luchar contra la pandemia y la consecución de Agenda 2030.
En el marco de la década de acción, las acciones para intentar revertir esta realidad sólo serán posibles mediante una real voluntad política por movilizar suficientes recursos adicionales, previsibles y no condicionados para que los países en desarrollo puedan cumplir con sus metas de desarrollo.
Basta que tengamos que reiterar cada año que muy pocas naciones desarrolladas cumplen sus compromisos de ofrecer el 0.7% del PIB como Ayuda Oficial para el Desarrollo. Basta ya de dilapidar recursos imprescindibles para la implementación de la Agenda 2030 y el desarrollo de nuestros pueblos en la guerra y la industria militar.
Los esfuerzos de los países en desarrollo deben ser respaldados con acciones concretas en materia de transferencia de tecnologías, financiación externa en condiciones justas, acceso a mercados, desarrollo de capacidades y cooperación Norte-Sur.
Urgen cambios estructurales en el plano económico, comercial y financiero internacional, si queremos acabar con el subdesarrollo de nuestros pueblos. Los países en desarrollo deben finalmente alcanzar una mayor representación, equidad y participación en los mecanismos de la gobernanza económica mundial.
Señora presidenta:
La Pandemia de la COVID-19 ha profundizado el grave problema de la insostenibilidad de la deuda para los países en desarrollo. Se necesita con urgencia una solución integral, sostenible y duradera a los problemas del endeudamiento externo, no paliativos, pues es una deuda ya pagada con creces, cuyo desmesurado monto lastra los esfuerzos de los países del Sur para enfocarse en su desarrollo. Se necesita un análisis no basado en los niveles de ingresos sino en la vulnerabilidad y que incluya, entre otras acciones, medidas amplias y duraderas, tales como la suspensión, reducción o la cancelación de la deuda. Es necesario además la instrumentación de un mecanismo multilateral de renegociación de deudas soberanas que permita un tratamiento justo, balanceado y orientado hacia el desarrollo, así como abordar cuestiones estructurales pendientes de la arquitectura internacional de la deuda.
Debemos defender y fortalecer el sistema multilateral de comercio basado en normas, abierto, transparente, inclusivo y no discriminatorio, que garantice y amplíe sus disposiciones de tratamiento especial y diferenciado para todos los países en desarrollo, y ponga al desarrollo en su centro. A 25 años de la creación de la Organización Mundial del Comercio, la Ronda de Doha para el Desarrollo está paralizada. Cada vez nos alejamos más del cumplimiento de los compromisos de la Agenda de Acción de Addis Abeba.
Rechazamos también fuertemente la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales como medio de ejercer presión política y económica sobre los países en desarrollo, incompatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y que impiden la plena consecución de nuestros derechos, entre ellos el derecho al desarrollo, así como el cumplimiento de la Agenda 2030.
Señora presidenta:
Cuba resiste, desde hace más de sesenta años, un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EE.UU., que provoca grandes privaciones al pueblo cubano y constituye el principal obstáculo para el desarrollo de mi país, la consecución de sus objetivos de política macroeconómica y, por consiguiente, la implementación de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Ababa. Estas acciones se han visto arreciadas e incrementadas en el medio de la Pandemia de la COVID-19, con la instrumentación de más de 240 nuevas medidas, entre ellas, la persecución de la entrada de los cargueros que transportan petróleo a mi país y la persecución a nuestras transacciones financieras.
El Bloqueo impide que mi país pueda establecer con normalidad relaciones de comercio, financiamiento o inversión con el mundo, acceda en igualdad de condiciones a las mejores tecnologías, mantenga relaciones normales con instituciones financieras internacionales, empresas de otros países y en particular con la primera economía, la de EE.UU., todo lo cual amenaza la estabilidad macroeconómica y limita las posibilidades de acceso al financiamiento externo de mi país. Este ilegal e inmoral Bloqueo debe cesar.
Señora presidenta:
Permítame concluir reafirmando el compromiso de Cuba con el propósito de buscar soluciones comunes a los retos macroeconómicos y de financiación para el desarrollo a todos los niveles. Se requieren soluciones inmediatas y duraderas, que permitan un futuro próspero, equitativo y sostenible.
Muchas gracias.