Señor Presidente:
Hace apenas 8 días, Cuba denunció en este órgano la peligrosa escalada de agresiones del Gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que constituye una flagrante violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y en particular del Artículo 2, en lo que respecta a la igualdad soberana de los Estados, la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, la no intervención en asuntos internos y el arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos. Igualmente, quebranta numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente la 2625 (XXV) sobre los principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados; la 3314 (XXIX) que define el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado como un acto agresión; la 2131(XX) sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y la protección de su independencia y soberanía; las resoluciones 79/144 y 80/110 que refieren la seguridad y protección del transporte marítimo y la libertad de navegación, así como las resoluciones pertinentes de la Organización Marítima Internacional.
Asimismo, contraviene numerosas resoluciones de la AGNU sobre las medidas para eliminar el terrorismo internacional, y las del Consejo de Seguridad relativas a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas.
En menos de un mes, las fuerzas armadas de EE.UU. han cometido 3 actos de piratería y terrorismo marítimo contra buques petroleros y su tripulación en aguas internacionales del Mar Caribe, a lo que se suma la declaración de un bloqueo naval contra Venezuela.
La actuación irresponsable del gobierno estadounidense parece no tener límites. Impone la aplicación de la ley fuera de su territorio y lejos de sus costas, donde no tiene jurisdicción, utilizando el asalto y la apropiación de bienes.
Esto se inscribe en la escalada de EE.UU. para impedir el legítimo derecho de Venezuela a utilizar y comercializar libremente sus recursos naturales con otras naciones, incluidos los suministros de hidrocarburos a Cuba.
Estas acciones repercuten negativamente en Cuba y recrudecen la política de máxima presión y asfixia económica de EE.UU., con un impacto directo en el sistema energético nacional y por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo.
Reiteramos que el gobierno de EE.UU. irrespeta y viola gravemente el Derecho Internacional, el régimen establecido en el Derecho del Mar, la libertad de navegación y comercio y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima.
Como si no le fuera suficiente, de manera arbitraria, fraudulenta, unilateral y políticamente motivada, Estados Unidos designó al Gobierno legítimo de Venezuela como organización terrorista extranjera. Se ratifica la falta de credibilidad de estas decisiones y la manipulación del terrorismo como arma política. ¿Qué moral tiene el gobierno de EE.UU. para estas designaciones, cuando protege y financia organizaciones terroristas en su territorio, se niega a colaborar con países vecinos como Cuba en materia de terrorismo y habla abiertamente de acciones encubiertas y sabotajes de la CIA contra infraestructuras venezolanas? Sólo persiguen aislar internacionalmente a la Revolución Bolivariana y Chavista, aumentar la presión, escalar en una agresión con impredecibles consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad de América Latina y el Caribe y ampliar el exiguo apoyo a sus ataques ilegales.
Resulta hipócrita que el país con el principal mercado de drogas en el mundo, desde cuyo territorio se financia este criminal negocio; promueva una guerra para supuestamente combatir ese flagelo en América Latina y el Caribe. Es claro que su propósito es justificar el costoso y extraordinario despliegue militar en la región, con el que pretende agredir a Venezuela e impone su dominio hegemónico en el hemisferio.
Alertamos a la comunidad internacional de estas provocaciones que buscan escalar aún más la agresión contra territorio venezolano y apoderarse de sus recursos naturales. Venezuela y cualquier otro Estado agredido tienen derecho a la legítima defensa, conforme al Artículo 51 de la Carta.
Todo esto se suma a las medidas coercitivas unilaterales, la asfixia económica, las campañas de descrédito y los ataques contra importantes instituciones de este país, que forman parte de la guerra psicológica y el aumento de las presiones por parte del gobierno de EE.UU. para derrocar al gobierno venezolano.
Señor Presidente:
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., que incluye el llamado Corolario Trump a la Doctrina Monroe, pretende hacer cumplir la idea de que el hemisferio occidental es su zona exclusiva de influencia; valida la peligrosa doctrina de la paz a través de la fuerza y consagra la guerra cognitiva como política de Estado. Refleja en sí misma, los enormes desafíos que enfrenta la humanidad, y en particular, la región latinoamericana y caribeña.
El actual gobierno estadounidense y su proyección hacia la región transgrede los preceptos de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
La política del Gran Garrote y la diplomacia de las cañoneras, con su criminal prontuario de agresiones y atropellos contra los pueblos, pertenece al pasado de nuestra región. No podemos permitir que sea el futuro. Reiteramos el llamado a la comunidad internacional a detener esta escalada contra un Estado soberano.
El despliegue naval ostensible, exagerado e injustificado de las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe, junto a la deliberada amenaza de agresión militar contra la nación bolivariana, tiene consecuencias impredecibles para la estabilidad política, social y económica de toda la región. Ello revela un propósito hegemónico y criminal, y requiere una condena universal.
Señor Presidente:
Rechazamos la prórroga de sanciones y medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea contra Venezuela, contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que buscan aumentar la presión contra el Gobierno venezolano, y se alinean a los intereses agresivos y neocolonialistas estadounidenses.
Cuba reafirma su total y firme apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro, a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su Unión Cívico Militar. Demandamos el respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y el derecho de Venezuela a decidir libremente su destino, sin injerencias externas.
No es la primera vez que se intenta someter a América Latina y el Caribe bajo pretensiones hegemónicas. Estamos convencidos de que no será tampoco la última en que los pueblos de la región sepan determinar su futuro y abogar por su legítimo derecho a vivir en paz.
Muchas gracias.