Señor presidente:
La seguridad marítima es una cuestión crucial. Cualquier amenaza en este ámbito tiene repercusiones globales, especialmente para los países en desarrollo, y, en particular, para los que, como Cuba, son pequeños Estados insulares en desarrollo.
Nuestro país conoce el impacto negativo de las acciones de Estados Unidos que restringen el transporte marítimo. La Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump del 29 de enero del presente año obstaculiza los suministros de combustible a Cuba, con el propósito de aumentar el castigo colectivo a los cubanos para provocar descontento en la población y el declarado objetivo de derrocar el gobierno. El cerco energético intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con Cuba, en tanto contempla amenazas de sanciones a terceros países y a compañías extranjeras.
Reiteramos la condena a los actos de piratería y terrorismo contra buques petroleros y su tripulación cometidos por fuerzas de Estados Unidos en el Mar Caribe, que violan el Derecho Internacional, el Derecho Marítimo y la libertad de navegación y comercio y amenazan la seguridad marítima.
Las recientes acciones del gobierno de los Estados Unidos, con marcado carácter extraterritorial, se suman a sus medidas extremas de guerra económica impuestas contra Cuba desde el año 2019, diseñadas para impedir todo suministro de combustible a nuestro país, mediante sanciones e intimidación a los productores y proveedores, transportistas y aseguradoras.
Cuba tiene pleno derecho a comerciar combustible con cualquier país, sin amenazas, sin trabas, condiciones ni cuestionamientos a la prerrogativa soberana de cada Estado de exportar combustible y desarrollar relaciones comerciales con Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio, sin la interferencia de una potencia ajena.
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba afecta la libertad de comercio y navegación, no solo de nuestro país, sino también de otros Estados, socava su soberanía y coarta el progreso económico y las aspiraciones de desarrollo sostenible, en flagrante violación del Derecho Internacional.
La Ley Torricelli, que forma parte del entramado de leyes y regulaciones que sustenta el bloqueo, dispone sanciones contra los barcos que entren a puertos cubanos, prohibiéndoles tocar puertos de EE.UU. en los siguientes 180 días. Estas restricciones dificultan la obtención de ofertas de operaciones de buques y generan tarifas más elevadas para las operaciones portuarias cubanas.
Señor presidente:
La grave escalada en el Oriente Medio, provocada por la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, también ha traído consigo nuevos riesgos para la seguridad marítima. Esta guerra que se le impuso a la región es resultado de conocidos intereses de dominación, que han puesto en peligro, en más de una ocasión, la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional.
Urgen esfuerzos para detener la agresión y poner fin a sus consecuencias, incluyendo a las afectaciones que ha provocado en todos los Estados en Oriente Medio. Reiteramos nuestro llamado al respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y la seguridad de todas las naciones de la región y a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo.
Señor presidente:
La comunidad internacional debe actuar con determinación y urgencia para detener la proliferación de conflictos, la coerción en las relaciones internacionales, la recurrente amenaza y el uso indiscriminado de la fuerza y la aplicación de la aberrante doctrina que proclama la supuesta búsqueda de la paz a través de la fuerza.
Destacamos el relevante papel de la Organización Marítima Internacional en la promoción de la seguridad de la navegación, de la que Cuba es Estado miembro y a la que concede especial importancia por sus esfuerzos para desarrollar el transporte marítimo
Concluyo reiterando el llamado de Cuba a promover la cooperación internacional y los esfuerzos colectivos para abordar los desafíos comunes en materia de paz y seguridad internacionales y para garantizar un entorno marítimo seguro y sostenible, sobre la base del respeto al Derecho Internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Muchas gracias.