Señor Presidente:
El compromiso de Cuba con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es invariable. El bienestar y desarrollo integral de las personas en situación de discapacidad son prioridades indiscutibles para el Estado cubano.
Cuba realiza ingentes esfuerzos para mantenerse como un referente en la protección y atención de estas personas. Lo hacemos con la convicción de que un mundo más inclusivo, accesible, tolerante y respetuoso de la diversidad y las diferencias, no solo es necesario, sino imprescindible para no dejar a nadie atrás.
Los avances legislativos de nuestro país desde la adopción de la Constitución de 2019, en particular la adopción del moderno Código de las Familias, son un reflejo elocuente de la determinación de fortalecer la protección jurídica de los derechos humanos de este grupo poblacional. Aunque hemos avanzado, seguimos perfeccionando el sistema de instituciones, políticas públicas y recursos indispensables para garantizar la plena inclusión, dignidad y participación en la sociedad de todas las personas en situación de discapacidad.
Lo hacemos a pesar de las presiones económicas y carencias que nos provoca el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, recrudecido con la infundada inclusión de nuestro país en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
El bloqueo no es una entelequia, sus daños son reales. 15 minutos de bloqueo equivalen al financiamiento necesario para cubrir la demanda de prótesis auditivas para los niños y adolescentes que cursan la educación especial en el país, mientras que 30 minutos equivale al costo de todas las sillas de ruedas que se requieren para atender las necesidades del sistema de educación especial.
A pesar de esta política cruel, Cuba continúa priorizando, en la medida de sus posibilidades, la distribución gratuita de prótesis auditivas, ortopédicas, sillas de ruedas y bastones a las personas necesitadas.
En Cuba, las personas en situación de discapacidad no solo son beneficiarias de programas sociales, son a su vez agentes activos de cambio y progreso. Su voz, articulada a través de diversas organizaciones de nuestra sociedad civil, es escuchada y respetada y su participación política es valorada.
Promover la autonomía y dignidad de las personas en situación de discapacidad, seguir protegiendo sus derechos humanos y avanzar de consuno hacia una sociedad más inclusiva y justa para todas las personas, sigue siendo una voluntad de Estado y una prioridad de Gobierno, a la cual nunca renunciaremos.
Muchas gracias.