Señor presidente,
Agradecemos la presencia del Excelentísimo Señor José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá, y su convocatoria a este debate abierto.
Desde tiempos ancestrales, el transporte marítimo ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la humanidad. Es quizás la más internacional de las grandes industrias del mundo y una de las más peligrosas. Demanda, por tanto, normas globales para proteger la vida y el medio ambiente marino.
Destacamos el relevante papel de la Organización Marítima Internacional (OMI), centrado en el fomento de la seguridad de la navegación y de la prevención de la contaminación del mar ocasionada por los buques.
Desde 1966, Cuba es miembro de esta Organización, a la que concedemos especial importancia en nuestros esfuerzos para desarrollar el transporte marítimo y cumplir con las normas internacionales en la materia. Reiteramos nuestro interés de continuar participando en las actividades de cooperación en el marco de la OMI, así como la disposición de participar en acciones de cooperación triangular con autoridades marítimas de la región y Estados Miembros que estén en capacidad para ello.
Cuba cuenta con un marco legal que regula la seguridad marítima, incluyendo la Ley de Navegación y su Reglamento y la Ley de Puertos y su Reglamento. La Administración Marítima de Cuba es el órgano designado para integrar y coordinar los procesos y actividades vinculados al desarrollo, funcionamiento y seguridad del transporte y la navegación civil marítima.
Hemos implementado medidas para reforzar la seguridad marítima, como el control del tráfico marítimo, la inspección de buques y la capacitación de personal marítimo.
Contamos con un marco legal que regula la seguridad marítima, incluyendo el Código Penal, cuyo Capítulo 5 se dedica a los actos contra la seguridad de la navegación marítima. Además, el Decreto-Ley No. 55/2021 establece el Sistema de Ayudas a la Navegación Marítima, que proporciona seguridad a la navegación marítima de buques, embarcaciones y artefactos navales.
Señor presidente:
La seguridad marítima es un tema crucial para nuestro país, teniendo en cuenta su condición de pequeño Estado insular en desarrollo y, por tanto, la dependencia en gran medida del transporte marítimo para el desarrollo de su economía.
Conocemos de cerca las consecuencias de utilizar las restricciones al transporte marítimo como medio para socavar la soberanía de los Estados y coartar su progreso económico. El bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que viola de manera flagrante el Derecho Internacional, afecta la libertad de comercio y navegación internacionales, no solo de la Isla sino también de otros Estados, lo que confirma su marcado carácter extraterritorial.
La Ley Torricelli, que forma parte del entramado de leyes y regulaciones que sustenta el bloqueo, dispone sanciones a los barcos que entren a puertos cubanos con propósitos comerciales, prohibiéndoles tocar puertos de EE.UU. durante seis meses. Estas restricciones dificultan obtener ofertas de operaciones de buques y generan tarifas más elevadas para las operaciones portuarias cubanas. A ello se suman las medidas extremas de guerra económica aplicadas por ese gobierno desde 2019, diseñadas para impedir los suministros de combustible a nuestro país, mediante sanciones e intimidación a los productores y proveedores, transportistas y aseguradores.
Hacemos un llamado a favor de la cooperación internacional y los esfuerzos colectivos para abordar los desafíos comunes en materia de seguridad marítima y promover un entorno marítimo seguro y sostenible. Insistimos en la necesidad de salvaguardar la seguridad marítima, evitar la militarización de sus aguas y preservar la paz y la seguridad regional e internacional.
Muchas gracias.