El presente documento contiene una actualización de la respuesta de Cuba a la resolución 75/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Incluye las principales afectaciones ocasionadas por el bloqueo a Cuba en el período entre agosto de 2021 y febrero de 2022.
Los efectos combinados de una crisis multidimensional a nivel global en los sectores energético, alimentario, ambiental y de transporte, y el impacto acumulado de dos años de pandemia de COVID-19, han conformado un complejo contexto internacional. Insertada en esta realidad, Cuba ha debido enfrentar, adicionalmente, el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo de los EE.UU., que incluye medidas adicionales muy agresivas impuestas durante el gobierno de Donald Trump y que, en su gran mayoría, aún permanecen vigentes como continuación de la política de máxima presión contra el país. Desde 2019, el bloqueo ha escalado a una dimensión cualitativamente más dañina e inhumana, con un reforzado componente extraterritorial.
Las demandas presentadas al amparo del Título III de la Ley Helms- Burton, la persecución a las empresas, buques y navieras que envían suministros de combustible al país, la arbitraria e injustificada inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo del Departamento de Estado, el ataque a todas las fuentes de ingreso y de entrada de divisas al país, la intimidación a terceros y el reforzamiento de las presiones a gobiernos, instituciones bancarias y empresarios de todo el mundo, se han consolidado como parte esencial de la estrategia de los EE.UU. para aislar a Cuba y provocar el descalabro económico.
La continuidad en la aplicación plena de la Ley Helms-Burton, incluyendo la autorización para que se presenten demandas en tribunales estadounidenses al amparo de su Título III, amplió aún más el esquema de entorpecimiento a las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países. Al cierre de julio de 2022, se encontraban en curso 37 procesos judiciales en cortes estadounidenses en virtud de esta ley extraterritorial.
La permanencia de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo ha reforzado el impacto disuasivo e intimidatorio del bloqueo, así como las dificultades del país para insertarse en el comercio internacional y realizar operaciones financieras. Ello se ha traducido en cierres de contratos, pérdida de relaciones con entidades bancarias que habitualmente trabajaban con Cuba, endeudamientos, demoras en el envío y recepción de fondos y mercancías, entre otras dificultades, con costos y consecuencias incalculables para el pueblo y la economía cubana. En condiciones de una verdadera guerra económica, el gobierno de los EE.UU. ha desatado una perniciosa campaña mediático-comunicacional para intentar desestabilizar el país.
Recurren a la mentira, la calumnia, la manipulación de datos, imágenes y a los más diversos métodos de guerra no convencional, para generar la desestabilización política y el llamado “cambio de régimen”, en franca violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Han apelado a los sentimientos de audiencias intencionalmente seleccionadas. Situaron a nuestros niños, jóvenes y artistas en el centro del bombardeo mediático.
Promovieron líderes artificiales, fabricaron pretextos para el fallido ensayo de una intervención humanitaria, alentaron la emigración irregular e hicieron gala de una narrativa engañosa a fin de posicionar la falsa imagen de un gobierno en crisis, represivo e inestable, incapaz de responder a las demandas de su población. Para esas actividades, el gobierno estadounidense ha destinado alrededor de 20 millones de dólares anuales. Los programas son operados bajo la Sección 109 de la Ley Helms-Burton, que autoriza al Presidente de EE.UU. a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales en favor de los esfuerzos de “democratización” de Cuba.
Las medidas sobre Cuba anunciadas el pasado 16 de mayo por el gobierno de Joseph Biden en torno al diseño coercitivo impuesto durante el mandato de Donald Trump, tienen un carácter muy limitado. En esencia, contemplan las disposiciones siguientes:
Leer más: https://cubaminrex.cu/es/addendum-al-informe-de-cuba-sobre-la-resolucion...