El Gobierno de El Salvador se mantiene atento por que se garanticen los derechos humanos y migratorios de una caravana que recién salió de ese país con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
La viceministra para los salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, recorrió junto con personal diplomático diversos puntos donde han recalado los compatriotas que lograron entrar a México, tras cruzar Guatemala.
La funcionaria estuvo en el puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo y se reunió con las autoridades migratorias de Chiapas, para colegiar respuestas a eventuales desafíos, entre ellos, el deseo de repatriación.
Al respecto, Magarín informó a los emigrantes salvadoreños con los que conversó que existe un mecanismo para garantizar su regreso a casa, de manera ordenada y segura, algo que ya hicieron unos 300 caravanistas.
Sin embargo, miles aún mantienen su empeño en llegar a Estados Unidos, pese a las amenazas de la Casa Blanca de impedir, incluso violentamente, la entrada de quienes el presidente Donald Trump llama “delincuentes”.
“Hemos verificado que hay muchos niños en el camino, y les recordamos a las familias salvadoreñas a no exponerlos, el camino es difícil y los riesgos para ellos son mayores”, enfatizó Magarín.
Unos mil 700 salvadoreños entraron a México al vadear el río Suchiate, frontera natural con Guatemala, tras fracasar en su intento de cruzar por el puente que une a ambas naciones.
México, renuente a ser un mero país de paso, le exige a los caravanistas que soliciten un estatus de refugiado por 45 días para permitirles entrar, pero los salvadoreños rechazaron esa variante.
Para los caravanistas, los albergues donde llevan a los refugiados son en realidad lugares de control para retener a los indocumentados hasta que venza su estatus y poderlos deportar encones.
(Con información de Prensa Latina)