El bloqueo económico, comercial y financiero se mantiene como el elemento central que ha definido la política de los Estados Unidos (EE.UU.) hacia Cuba por más de seis décadas. Es un acto de agresión unilateral, una amenaza permanente contra la estabilidad del país y una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos.
Del 1º de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, el bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en el orden de los 5 mil 56,8 millones de dólares, lo que representa un incremento de 189,8 millones con respecto a la cifra reportada en el informe anterior. La política de máxima presión implementada por el presidente Donald Trump, se ha mantenido por el gobierno del presidente Joseph Biden.
Las limitaciones y prohibiciones que ya se aplican a Cuba en virtud del bloqueo se endurecen aún más con la arbitraria designación de Cuba en la unilateral lista de Estados patrocinadores del terrorismo. La medida ha provocado serias dificultades para las operaciones de Cuba en el sector bancario-financiero, el comercio internacional, la adquisición de fuentes de ingreso y energía, el acceso a créditos y para hallar suministradores de bienes e insumos fundamentales para el desarrollo económico.
Entre enero de 2021 y febrero de 2024, se reportaron un total de 1064 acciones por parte de bancos extranjeros, de negativas a prestar servicios a entidades cubanas, incluyendo transferencias para las compras de alimentos, medicamentos, combustible, piezas de repuesto para el sistema energético nacional y bienes de consumo esenciales para la población.
A principios de 2024, cinco titulares de mandato de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instaron a los Estados Unidos a revisar su marco de sanciones específicas contra los países designados como patrocinadores del terrorismo, Cuba entre ellos, argumentando que la conformación unilateral de la lista socava los derechos humanos y es contraria al Derecho Internacional. Afirmaron que los derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos económicos y sociales, el derecho a la vida y el derecho al desarrollo, se ven afectados negativamente por las restricciones y prohibiciones derivadas de la designación.
El bloqueo no distingue entre segmentos de la sociedad ni actores económicos. Su objetivo central es deteriorar el nivel de vida de la población, provocar insatisfacciones, desesperación e irritación, como medio para propiciar un cambio en el orden constitucional legítimamente establecido en Cuba.
A precios corrientes, los daños acumulados durante más de seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 164 mil 141,1 millones de dólares. Tomando en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 1 billón 499 mil 710 millones de dólares. Ningún otro pueblo ha debido asumir un proyecto social y de desarrollo en semejantes condiciones, con una hostilidad tan sistemática y prolongada, por parte de la mayor potencia mundial.
Los próximos 29 y 30 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará y someterá a votación el proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba”. Una vez más, la comunidad internacional levantará su voz y rechazará de manera abrumadora esta injusta, ilegal y cruel política.
Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas