Cuba reconoce en su Constitución, aprobada en 2019 mediante referendo popular, el derecho a una alimentación sana y adecuada, al tiempo que la soberanía alimentaria constituye una prioridad para el país.
El gobierno cubano ha prestado especial atención a la seguridad alimentaria y nutricional de la población. En este sentido, se han materializado importantes transformaciones en la agricultura cubana, encaminadas a desarrollar programas para incrementar la suficiencia de alimentos, garantizar el acceso a los mismos, promover hábitos alimentarios más sanos y evaluar constantemente la situación nutricional de la población.
Cada ciudadano cubano al nacer tiene derecho a una canasta básica de alimentos que recibe a precios subsidiados por el gobierno y que incluye los valores dietéticos y nutricionales básicos para la alimentación de cada persona. Se atienden de manera particularizada las diferentes necesidades de la población según los grupos etarios y se brinda apoyo a las personas cuyas condiciones de salud requieren suplementos dietéticos adicionales.
Sin embargo, los esfuerzos del país por alcanzar la soberanía alimentaria se ven lastrados por las afectaciones del cambio climático y, en particular, por la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, tales como huracanes, tormentas tropicales y sequías, a la par de la ocurrencia de fenómenos de lenta evolución, también relacionados con el cambio climático, como la salinización de los suelos provocada por el aumento paulatino de los niveles del mar.
Adicionalmente, la imposición unilateral del ilegal bloqueo económico, comercial y financiero que, por casi 60 años, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto contra Cuba, constituye el mayor obstáculo para alcanzar el desarrollo sostenible y la soberanía alimentaria en Cuba.
El bloqueo limita las posibilidades del país de acceder a financiamiento externo y capitales extranjeros, adquirir tecnologías, insumos y medios agrícolas, así como realizar intercambios académicos. También limita todas las posibilidades de negocios con Cuba, incluyendo la colocación de los productos agropecuarios cubanos en el mercado internacional e impide las exportaciones cubanas a Estados Unidos.
A pesar de esos factores externos, los avances de Cuba en materia de soberanía alimentaria han sido ampliamente reconocidos por las agencias fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas. La FAO le ha reconocido a Cuba en numerosas oportunidades su logro en la erradicación del hambre, nuestro puesto de avanzada en la región en cuanto a la eliminación de ese flagelo y nuestra contribución solidaria para la seguridad alimentaria de otros países. Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) declaró a Cuba como país libre de desnutrición infantil.
Por otra parte, Cuba ha implementado un amplio número de políticas que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria de la población. En especial, se destaca la aprobación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional y la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional (2020) delineó las directrices del Estado cubano para la gestión de los sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles, así como, el fomento de una cultura alimentaria y educación nutricional para el logro de la mejora de la salud de la población cubana. Este Plan fue resultado de un amplio proceso participativo en el que intervinieron diversos actores vinculados con la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, gobiernos, entidades de los órganos del Estado y la sociedad civil.
La Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN) (2022), la cual instrumentalizó jurídicamente al Plan Nacional y cuyo objetivo es reducir las importaciones de alimentos, otorgar mayor valor a la producción nacional, lograr una educación nutricional y desarrollar mecanismos novedosos de comunicación social en función de una alimentación sana.
La Ley otorga un papel esencial a los sistemas alimentarios locales, los cuales se ajustan a las características propias de cada territorio. En ese sentido, se destaca el movimiento de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar que, por más de 35 años, ha garantizado una producción diversificada de alimentos sobre bases agroecológicas y modelos sostenibles, y a su vez ha contribuido al logro de la soberanía alimentaria y nutricional.
Por otra parte, la crisis multidimensional actual tiene uno de sus más graves reflejos en el aumento de la inseguridad alimentaria, consecuencia del injusto orden económico mundial, la desigual distribución de la riqueza y la permanencia de los insostenibles e irracionales patrones de producción y consumo del capitalismo.
Según la FAO, antes de la pandemia, el estado de la alimentación mundial era muy crítica y alrededor de 2 mil millones de personas padecían inseguridad alimentaria moderada o grave. Estadísticas recientes alertan que, como resultado de la COVID-19, entre 83 y 132 millones de personas más caerán en igual situación.
Ante este escenario, los países del Sur son los más vulnerables, ya que, a los retos propios en materia de desarrollo, se añaden la impagable deuda externa, la deformación estructural de sus economías, las consecuencias del cambio climático y la imposición de medidas coercitivas unilaterales.
Por tanto, alcanzar la seguridad alimentaria global y desarrollar sistemas alimentarios sostenibles constituye una prioridad. Resulta impostergable la transformación del actual sistema de relaciones económicas, que perpetúa la dependencia, el neoliberalismo y la pobreza extrema.
Es imprescindible incrementar los mecanismos de cooperación internacional, la creación de capacidades, el acceso a fuentes de financiamiento más ventajosas y la transferencia de tecnologías para transformar las cadenas productivas y lograr una distribución más equitativa de los alimentos. Es hora de que los países industrializados cumplan su deuda histórica con el Tercer Mundo y sus compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo.