Conferencia ofrecida por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sobre la Ley Helms-Burton. Nueva York, 26 de septiembre de 2024
Agradezco a todos su presencia y por aceptar la invitación de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU para discutir un tema de gran importancia para Cuba, para las relaciones internacionales y para las relaciones bilaterales entre Cuba y los EE.UU.
En varias ocasiones hemos dicho que no es posible concebir una relación bilateral plena entre Cuba y los EE.UU. y que esta relación sea sostenible mientras permanezca en vigor la Ley Helms-Burton .
Es sobre esta ley que pretendo compartir algunas ideas.
Dado que se trata de una legislación muy completa y extensa, limitaré mis observaciones a destacar los aspectos más relevantes, sobre todo los de carácter político, con el objetivo de llamar la atención sobre la importancia de la ley como instrumento que garantiza obstáculos para una relación civilizada y respetuosa entre nuestros dos países.
Su nombre formal es Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, pero generalmente se conoce por los nombres de sus patrocinadores: el senador Jesse Helms y el congresista Dan Burton.
No es el único instrumento de la política estadounidense contra Cuba, pero sí el más amplio y de mayor alcance.
Sin embargo, es un instrumento jurídico y político insuficientemente estudiado.
A pesar de los graves desafíos e implicaciones que plantea para el Derecho Internacional y para el Derecho Constitucional de los Estados Unidos; a pesar de la forma en que interfiere en los derechos soberanos de otros países; a pesar de ser una ley muy ambiciosa por sus objetivos, extensión y amplio alcance, no es una pieza legislativa sobre la cual haya frecuente deliberación y debate.
La Ley Helms-Burton es un arma de agresión con fines imperialistas de dominación.
Como usted probablemente sabe, Cuba ha sufrido por parte de Estados Unidos durante más de 60 años una política de hostilidad y asfixia económica.
El elemento central de esa política es el bloqueo económico. Otros componentes son los intentos de subvertir el orden constitucional cubano por medios ilegales y de desacreditar al gobierno y al sistema político cubanos, con millones de dólares aportados cada año por presupuestos aprobados en el Congreso.
Esta política de hostilidad está expresada y respaldada por la Ley Helms-Burton firmada por el presidente Bill Clinton, en marzo de 1996.
La ley tiene cuatro capítulos o títulos.
Instalaciones
Lo primero que puede llamar la atención es que la ley se apoya en ciertas premisas falsas. Una de ellas es la idea absurda de que Cuba es y representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
¿Por qué es necesario introducir esta falacia, aunque la mayoría no la crea?
La cuestión es que una amenaza a la seguridad nacional es una categoría que no sólo moviliza sentimientos e interpretaciones preocupantes, sino que también desencadena reacciones automáticas por parte de las instituciones del gobierno estadounidense, comprometidas por ley a reaccionar ante amenazas de esa naturaleza.
Calificar a Cuba como una amenaza sirve como justificación para acciones punitivas.
Estoy bastante seguro de que son muy pocos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que consideran seriamente a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional. Pero la verdad no importa. El Congreso, a través de la ley Helms-Burton, ya ha establecido por ley que Cuba es una amenaza.
La segunda falacia importante es que las nacionalizaciones llevadas a cabo en Cuba a principios de la década de 1960 fueron ilegítimas e ilegales.
Al triunfo de la Revolución Cubana, a principios de 1959, se promulgó una ley, basada en la Constitución de 1940, para confiscar las propiedades y bienes obtenidos mediante malversación de fondos y otras formas de corrupción durante la dictadura de Fulgencio Batista por delincuentes, políticos y allegados a ese régimen.
Sin embargo, ese acto de confiscación fue totalmente distinto de las nacionalizaciones que se llevaron a cabo posteriormente. Sus motivaciones también fueron completamente distintas.
Las nacionalizaciones, también prescritas en la Constitución de 1940, eran expropiaciones respaldadas por la legislación nacional vigente y estaban en plena conformidad con el Derecho Internacional.
Existe abundante documentación que ilustra cómo las nacionalizaciones incluyeron propuestas de compensación acordes con la práctica internacional y el derecho internacional. Los registros históricos muestran cómo el gobierno de los Estados Unidos optó por ignorar esas propuestas y renunciar a toda posibilidad de negociación y arreglo.
En 1964, en un caso que involucraba al Banco Nacional de Cuba contra Sabbatino, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la política de los tribunales federales de Estados Unidos sería honrar la Doctrina del Acta de Estado, que dicta que la idoneidad de las decisiones de otros países relacionadas con sus asuntos internos no sería cuestionada en el tribunal de los Estados Unidos.
La Ley Helms Burton tenía precisamente como objetivo desafiar un precedente tan importante de la jurisprudencia estadounidense.
Es posible suponer que si la Ley Helms-Burton fuera puesta a prueba por la Corte Suprema de Estados Unidos, el fallo sería similar a la determinación alcanzada en el caso del Banco Nacional de Cuba versus Sabbatino.
Al contrario de lo que ocurrió con el resto de los países cuyos nacionales tenían propiedades nacionalizadas por Cuba, los propietarios estadounidenses quedaron fuera de un acuerdo de compensación debido a la actitud del gobierno de Estados Unidos, que ya había decidido provocar un cambio de régimen en Cuba con el uso de la fuerza militar.
La Ley Helms-Burton, por tanto, se propuso reescribir la historia y codificar una versión falsa del legítimo proceso de nacionalizaciones ocurrido en Cuba.
En consecuencia, esta ley está construida fundamentalmente sobre la base de esas dos premisas falsas y es sobre esas bases que se codifica el bloqueo económico contra Cuba.
Título I
El primer Título de la ley es el dedicado básicamente a la responsabilidad de codificar el bloqueo. Ese objetivo incluía las dos premisas antes mencionadas, a saber, la definición de Cuba como amenaza para los EE.UU. y la calificación de las nacionalizaciones como ilegítimas e ilegales.
El Título I también codificó, como mandatos legales, regulaciones preexistentes relativas al bloqueo económico, que hasta entonces y con pocas excepciones descansaban en órdenes ejecutivas del Presidente de Estados Unidos y en reglamentos de varios departamentos gubernamentales.
El objetivo de la codificación ha sido principalmente atar las manos del Presidente, es decir, anticiparse a cualquier decisión mediante acción ejecutiva que pudiera poner fin o aliviar el bloqueo económico.
Además, el Título I codificó la obligación del gobierno de Estados Unidos de internacionalizar el bloqueo, para tratar de asegurar que éste tenga impacto contra las transacciones comerciales y financieras de Cuba en cualquier país del mundo. La ley instruye al Presidente a alentar a los gobiernos extranjeros a restringir sus relaciones comerciales y crediticias con Cuba y compromete a los diplomáticos estadounidenses a instar a otros gobiernos a cooperar con lo que ellos llaman el embargo.
Es evidente que la Helms-Burton busca codificar el cerco económico a Cuba.
Una de las bases de la crítica a esta ley, desde el punto de vista constitucional, es que el objetivo de codificar el bloqueo implica privar o limitar la capacidad del poder ejecutivo del gobierno de Estados Unidos para conducir la política exterior, al menos en lo que respecta a Cuba.
Algunos lo consideran una usurpación por parte del Congreso de las prerrogativas del poder ejecutivo en la dirección de la política exterior.
Esta opinión respalda el criterio compartido por varios académicos y profesionales del derecho estadounidense que afirman que la Ley Helms-Burton tiene graves fallas y contradicciones, basándose en motivos puramente jurídicos y conceptuales.
Es un argumento que merece estudio y seguramente generaría debate sobre la constitucionalidad de la ley.
Es importante señalar, a pesar de lo recién dicho, que en el esfuerzo de codificar todo lo relacionado con el bloqueo económico, la ley también codificó en gran medida las prerrogativas del Presidente en relación con todas y cada una de las regulaciones del bloqueo.
Entre esas prerrogativas está la de establecer excepciones al bloqueo con ciertas limitaciones.
En consecuencia, se puede argumentar que, en términos prácticos y si existiera voluntad política, el Presidente de los Estados Unidos puede introducir cambios significativos en las medidas coercitivas establecidas por el bloqueo, aun si fuera imposible abolirlo en su totalidad sin una ley del Congreso.
De esta afirmación se desprende que ningún presidente estadounidense debería escudarse en la ley Helms-Burton para aducir la imposibilidad de cambiar una política tan injusta y destructiva.
Título II
El Título II de la ley es lo más cercano a una plataforma colonial de todo lo escrito o legislado a finales del siglo XX.
Consiste en una descripción y plan de acción sobre la manera en que EE.UU. concibe a Cuba una vez cumplido el objetivo del cambio de régimen y logrado el derrocamiento por la fuerza del orden constitucional cubano.
Este título describe con notable detalle cómo el gobierno de Estados Unidos designaría un administrador interino de Cuba, encargado de organizar un gobierno interino, ordenar política y jurídicamente el país, distribuir las propiedades, abolir las instituciones existentes, como los sindicatos y las organizaciones sociales, y determinar, después de un período de tiempo no especificado, cuándo están dadas las condiciones para abolir el bloqueo económico.
En otras palabras, Cuba, un país que durante más de 150 años ha luchado y defendido su derecho a la independencia plena y soberana, sería, según la Helms-Burton, gobernada desde Washington y por Washington.
Entre otras disposiciones, el Título II establece que el bloqueo económico continuará en pleno vigor hasta que todas las propiedades nacionalizadas por Cuba o abandonadas por sus antiguos propietarios sean devueltas a éstos o a sus descendientes o pagadas en su valor total.
El texto y los objetivos del Título II son contrarios al Derecho Internacional. Implican una contradicción absoluta con la Carta de las Naciones Unidas y con numerosas resoluciones de la ONU contra el colonialismo, contra la injerencia en los asuntos internos de otros Estados, contra el uso de la amenaza o de la fuerza y contra el uso de medidas económicas coercitivas unilaterales con fines políticos.
El Título II constituye un ataque drástico y evidente contra el principio de igualdad de soberanía entre los Estados y contradice numerosos instrumentos internacionales de los que Estados Unidos es parte.
Títulos III y IV
Los Títulos III y IV son expresiones adicionales de la extraterritorialidad de la Helms-Burton y del bloqueo económico en su conjunto.
En abierta violación del Derecho Internacional ambos títulos se dedican a amenazar y tomar acciones de represalia contra empresas y empresarios de terceros países que invierten en la economía cubana o desarrollan relaciones comerciales con nuestro país, de forma legítima, con pleno respeto a las leyes de sus países de origen, a la legislación cubana y al Derecho Internacional.
En el caso del Título III, la ley establece la posibilidad de demandas legales en tribunales estadounidenses y que esos tribunales tomen medidas contra compañías o individuos que inviertan o desarrollen actividad comercial con entidades en Cuba relacionadas con propiedades que fueron nacionalizadas a inicios de la década de 1960.
No hay nada parecido a una intención semejante en ningún lugar del mundo. Se trata de una flagrante violación de las normas que rigen el comercio internacional. Si se repitiera en otras jurisdicciones por motivos similares, el resultado sería el caos.
Como ya se ha dicho, para sustentar sus intenciones la ley define arbitraria y unilateralmente como ilegal e ilegítimo el proceso de nacionalizaciones en Cuba. Según los expertos, la ley también vulnera el papel del poder judicial al sobrepasar las prerrogativas legislativas y pretender dictar lo que la jurisprudencia estadounidense reserva tradicionalmente a jueces y tribunales.
Sería conveniente que se realizaran más estudios sobre las implicaciones jurídicas de la implementación de este Título de la ley.
Cabe recordar que, con base en una disposición de la propia Helms-Burton, todos los presidentes de Estados Unidos desde 1996 hasta abril de 2019 renunciaron cada año a la posibilidad de que los tribunales intervinieran si se presentaban demandas legales conforme al Título III. Todos los presidentes hasta entonces comprendieron las absurdas consecuencias y el peligroso precedente de poner en manos de los tribunales estadounidenses cuestiones relacionadas con transacciones comerciales en otro país por parte de empresas y personas que no están bajo la jurisdicción estadounidense.
Los gobiernos de varios aliados de Estados Unidos rechazaron enfáticamente la Helms-Burton, en particular el Título III, y llamaron la atención sobre sus peligrosas consecuencias. Algunos de esos gobiernos promulgaron leyes compensatorias para proteger a sus ciudadanos de la Helms-Burton.
Fue el presidente Donald Trump, durante su gobierno, quien decidió poner fin o no a la exención, y el actual gobierno de Joseph Biden ha seguido su ejemplo con absoluta lealtad.
Es interesante observar que si bien el desistimiento estuvo suspendido desde 2019 y se han formalizado decenas de demandas, no ha habido ningún veredicto favorable, lo que quizás sea una evidencia de las fallas intrínsecas de la ley.
También es interesante notar que si bien el Título III fue concebido para actuar con represalias contra empresas e individuos de terceros países, la mayoría de las demandas que se han formalizado están más bien dirigidas contra empresas e individuos estadounidenses.
En el caso del Título IV, su efecto coercitivo es negar o amenazar con negar visas de entrada a EE.UU. a personas de negocios de terceros países que inviertan o tengan relaciones de negocios con entidades cubanas relacionadas con propiedades que fueron nacionalizadas o abandonadas por antiguos propietarios.
El gobierno de Estados Unidos aplica esta medida con un enfoque selectivo desde 1996 contra individuos o varios países y sus familias.
Debate y aprobación
Debo señalar, antes de concluir, que el proceso de discusión y aprobación de esta ley, allá por los años 1995 y 1996, resultó bastante complicado. Desde que se presentaron los primeros borradores, se hizo evidente el carácter insólito y absurdo de la legislación.
Las actas de los debates del Congreso son testimonio de las sólidas argumentaciones sobre las deficiencias jurídicas y políticas de la legislación propuesta.
Si se estudia el contexto y el clima político de la época, unido a las condiciones en que tan agresivo instrumento de coerción fue aprobado como legislación, será más fácil comprender cómo el sistema político estadounidense ha sido manipulado durante décadas para promover y consolidar fines hostiles contra Cuba, respondiendo a los intereses y prioridades de un espectro político muy estrecho de la sociedad, ajeno a la lógica del sistema jurídico, así como a las opiniones y aspiraciones de la mayoría de los estadounidenses.
Importancia
Esta ley, conocida como Helms-Burton, merece estudio y atención, por su carácter hostil, contrario a importantes preceptos de la legalidad y jurisprudencia norteamericana; por el daño que provoca contra Cuba, EE.UU., terceros países, con el objetivo intrínseco de perpetuar la hostilidad de EE.UU. contra Cuba, e intentar cerrar cualquier posibilidad de construir una relación respetuosa y civilizada entre ambos países.
Conference offered by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, on the Helms-Burton Act. New York, September 26, 2024
I thank you all for your presence and for accepting the invitation of the Permanent Mission of Cuba to the UN to discuss a topic of great importance to Cuba, for international relations and for bilateral relations between Cuba and the US.
On several occasions, we have said that it is not possible to conceive a full bilateral relationship between Cuba and the US and for this relationship to be sustainable as long as the Helms-Burton Act remains in force.
It is about this law that I intend to share some ideas.
Given that it is a very comprehensive and lengthy legislation, I will limit my remarks to highlight the most relevant aspects, above all those of a political nature, with the aim of calling attention on the significance of the law as an instrument that guarantees obstacles for a civilized and respectful relationship between our two countries.
Its formal name is Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, but it is usually known by the names of the sponsors: Senator Jesse Helms and Congressman Dan Burton.
It is not the only instrument of US policy against Cuba, but it is the most comprehensive and far reaching.
Nevertheless, it is a legal and political instrument insufficiently studied.
Inspite of the serious challenges and implications it poses for International Law and for US Constitutional Law; despite the manner in which it interferes in the sovereign rights of other countries; in spite of being a very ambitious law due to its aims, extension and broad scope, it is not a piece of legislation about which there is frequent deliberation and debate.
The Helms-Burton act is a weapon of aggression with imperialistic aims of domination.
As you most probably know, Cuba has suffered from the US for more than 60 years a policy of hostility and economic asphyxiation.
The central element of that policy is the economic blockade. Other components are attempts to subvert Cuba´s constitutional order through illegal means and to discredit the Cuban government and political system, with millions of dollars provided every year by budgets approved in Congress.
This policy of hostility is expressed and supported by the Helms-Burton Act signed by President Bill Clinton, in March of 1996.
The law has four chapters or titles.
Premises
The first thing that may call one’s attention is that the law rests on certain false premises. One of them is the absurd idea that Cuba is and poses a threat to the national security of the United States.
Why is it necessary to introduce this fallacy, even if most would not believe it?
The issue is that a threat to national security is a category that not only mobilizes sentiments and concerning interpretations, but also unleashes automatic reactions by US government institutions, committed by law to react in the face of threats of that nature.
Qualifying Cuba as a threat serves as a justification for punitive actions.
I am fairly sure that there can be very few officials in the US government that seriously consider Cuba as a threat to national security. But the truth doesn´t matter. Congress, through the Helms-Burton, has already established by law that Cuba is a threat.
The second important fallacy is that the nationalizations carried out in Cuba in the early 1960s were illegitimate and illegal.
At the triumph of the Cuban Revolution, in early 1959, a law was enacted, based on the Constitution of 1940, to confiscate the properties and goods obtained through embezzlement and other forms of corruption during the dictatorship of Fulgencio Batista by crooks, politicians and associates of that regime.
However, that act of confiscation was totally different from the nationalizations carried out later on. Its motivations were also completely different.
Nationalizations, also prescribed in the Constitution of 1940, were expropriations supported by the existing national legislation and were fully in accordance with International Law.
There is abundant documentation to illustrate how nationalizations included proposals of compensation in line with international practice and International Law. Historical records show how the US government chose to ignore those proposals and forego any possibility of negotiation and settlement.
In 1964, in a case involving Banco Nacional de Cuba (Cuba’s National Bank) versus Sabbatino, the US Supreme Court determined that the policy of the United States Federal Courts would be to honor the Act of State Doctrine, which dictates that the propriety of decisions of other countries relating to their internal affairs would not be questioned in the court of the United States.
The Helms Burton Act was aimed precisely at challenging such important precedence of US jurisprudence.
It is possible to assume that if the Helms-Burton Act was to be put to the test by the US Supreme Court, the ruling would be similar to the determination reached in the case of Banco Nacional de Cuba versus Sabbatino.
Contrary to what happened with the rest of the countries whose nationals had properties nationalized by Cuba, American owners were left out of a compensation settlement due to the attitude taken by the US government, which had already determined to provoke a regime change in Cuba with the use of military force.
The Helms-Burton Act, therefore, set itself the task of rewriting history and codifying a false version of the legitimate process of nationalizations that occurred in Cuba.
Consequently, this law is built fundamentally on the basis of those two false premises and it is on those grounds that the economic blockade against Cuba is codified.
Title I
The first Title of the law is the one basically dedicated to the responsibility of codifying the blockade. That objective included the two premises previously mentioned, namely, the definition of Cuba as a threat to the US and the definition of the nationalizations as illegitimate and illegal.
Title I also codified, as legal mandates, preexisting regulations relative to the economic blockade, which until then and with few exceptions rested on executive orders by the US President and regulations of several government Departments.
The aim of codification has been mainly to tie the hands of the President, in other words, to preempt any decision by executive action that would put an end or alleviate the economic blockade.
In addition, Title I codified the obligation of the US government to internationalize the blockade, to try to ensure that it has impact against Cuba´s commercial and financial transactions in any country around the world. The law instructs the President to encourage foreign governments to restrict their commercial and credit relations with Cuba and commits US diplomats to urge other governments to cooperate with what they call the embargo.
It is evident that the Helms-Burton seeks to codify the economic siege of Cuba.
One of the basis of criticism of this law, from a Constitutional point of view, is that the aim of codifying the blockade implies depriving or limiting the capacity of the executive branch in the US government to conduct foreign policy, at least in regards to Cuba.
Some consider it a usurpation by Congress of the prerogatives of the executive branch in steering foreign policy.
Such an opinion supports the criteria shared by several US law scholars and practitioners asserting that the Helms-Burton Act has serious flaws and contradictions, based on purely legal and conceptual grounds.
It is an argument that deserves study and would surely generate debate about the Constitutionality of the Act.
It is important to point out, despite what was just said, that in the effort to codify everything related to the economic blockade, the law also largely codified the prerogatives of the President relating to each and every regulation of the blockade.
Among those prerogatives is that of establishing exceptions to the blockade with certain limitations.
Consequently, it can be argued that, in practical terms and if political will were to exist, the President of the United Sates can introduce significant changes to the coercive measures established by the blockade, even if it were impossible to abolish it in its entirety without an act of Congress.
It follows from this statement that no US President should hide behind the Helms-Burton to claim the impossibility to change such an unjust and destructive policy.
Title II
Title II of the law is the closest thing to a colonial platform of anything written or legislated at the end of the twentieth century.
It consists of a description and plan of action for the way in which the US conceives Cuba once the objective of regime change is met and the overthrow by force of Cuba´s constitutional order is achieved.
This title describes with remarkable detail how the US government would designate an intervening administrator of Cuba, entrusted with the task of organizing an interim government, arranging the country politically and legally, distributing properties, abolishing existing institutions, such as labor unions and social organizations, and determining, after an unspecified length of time, when the conditions are ready to abolish the economic blockade.
In other words, Cuba, a country that for over 150 years has fought for and defended its right to full and sovereign independence, would, according to the Helms-Burton, be governed from Washington and by Washington.
Among other provisions, Title II states that the economic blockade would continue in full force until all properties nationalized by Cuba or abandoned by former owners would be returned to them or their descendants or paid for in their full value.
The text and aims of Title II are contrary to International Law. They imply an absolute contradiction with the UN Charter, with numerous resolutions of the UN against colonialism, against the interference in the domestic affairs of other Sates, against the use of threats or of force, and against the use of unilateral economic coercive measures for political aims.
Title II is a drastic and evident assault against the principle of equal sovereignty among Sates. It contradicts numerous international instruments to which the US is party.
Titles III and IV
Title III and IV are additional expressions of the extraterritoriality of the Helms-Burton and the economic blockade as a whole.
In open violation of International Law both titles are dedicated to threaten and take reprisal actions against companies and business people from third countries that invest in the Cuban economy or develop commercial relations with our country, in a legitimate fashion, with full respect for the laws of their countries of origin, the Cuban legislation and to International Law.
In the case of Title III, the law establishes the possibility of legal demands in US courts and for those courts to take action against companies or individuals that invest or develop commercial activity with entities in Cuba related to properties that were nationalized in the early 1960s.
There is no parallel to such intention anywhere in the world. It is a flagrant violation of the rules that govern international trade. If repeated in other jurisdictions for similar alleged reasons, the result would be chaos.
As previously said, to sustain its intentions the law arbitrarily and unilaterally defines the process of nationalizations in Cuba as illegal and illegitimate. According to experts, the law also infringes on the role of the judicial branch by overstepping the legislative prerogatives and attempting to rule and dictate what US jurisprudence traditionally reserves for judges and courts.
It would be convenient that further study is done on the legal implications of the implementation of this Title of the law.
It should be remembered that based on a provision of the Helms-Burton itself, all US Presidents from 1996 until April 2019 waived every year the possibility for courts to take action if legal demands were presented according to Title III. All Presidents until then understood the absurd consequences and the dangerous precedent of putting in the hands of US courts issues related to business transactions in another country by companies and people who are not under US jurisdiction.
The governments of several allies of the US were emphatic in rejecting the Helms-Burton, specifically Title III, and called the attention on its dangerous consequences. Some of those governments issued countervailing legislation to protect their citizens from the Helms-Burton.
It was President Donald Trump, during his government, the one who decided to put an end or not to renew the waiver, and the current government of Joseph Biden has followed suit with absolute loyalty.
It is interesting to observe that while the waiver was suspended since 2019 and dozens of demands have been formalized, no favorable verdict has been returned, which is perhaps an evidence of the intrinsic flaws of the law.
It is also interesting to note that even though Title III was conceived to act with reprisals against companies and individuals of third countries, most of the demands that have been formalized are rather directed against US companies and individuals.
In the case of Title IV, its coercive effect is to deny or threaten to deny entry visas to the US for business people of third countries that invest or have business relations with Cuban entities related to properties that were nationalized or abandoned by former owners.
The US government has applied this measure with a selective approach since 1996 against individuals or several countries and their families.
Debate and approval
I should point out, before concluding that the process of discussion and approval of this law, back in 1995 and 1996, turned out to be quite complicated. Since the first drafts were introduced, the unusual and absurd nature of the legislation became evident.
The Congressional records of the debates are witness to the solid argumentations regarding the legal and political deficiencies of the proposed legislation.
If the political context and climate of the time are studied, together with the conditions under which such an aggressive instrument of coercion was approved as legislation, it will be easier to understand how the US political system has been manipulated for decades to promote and consolidate hostile aims against Cuba, responding to the interests and priorities of a very narrow political spectrum of society, that is alien to the logic of the legal system, as well as the opinions and aspirations of the majority of Americans.
Importance
This law known as the Helms-Burton deserves study and attention, due to its hostile nature, contrary to important precepts of US legality and jurisprudence; because of the damage that it provokes against Cuba, the US, third countries, with the intrinsic aim to perpetuate hostility from the US against Cuba, and attempt to close any possibility of building a respectful and civilized relationship between the two countries.
(EmbaCubaEslovaquia-Cubaminrex)