Nueva York, 9 de octubre de 2025.- Desconociendo la inequívoca posición de la comunidad internacional, expresada en sucesivas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, el gobierno de EE.UU. continúa aplicando rigurosamente las legislaciones que conforman el complejo entramado del bloqueo contra Cuba.
El 14 de enero del 2025, a solo 6 días de finalizar su mandato, el presidente Joe Biden ejerció sus prerrogativas, al excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de EE.UU. de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, suspender la aplicación del Título III de la ley Helms-Burton, derogar el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional No. 5 de junio de 2017 y eliminar la lista de entidades cubanas restringidas. Esta decisión implicó una corrección tardía y limitada de aspectos de una política cruel e injusta.
Sin embargo, varias de estas medidas fueron revertidas por el presidente Donald Trump en su primer día de mandato, con la firma de la Orden Ejecutiva: “Rescisiones iniciales de órdenes ejecutivas y acciones perjudiciales” el 20 de enero de 2025. Ello incluyó la reinserción de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, lo que demostró el alto grado de politización de estos listados unilaterales y que los mismos no se sustentan en evidencias, sino en los turbios manejos de la política estadounidense.
Posteriormente y conforme dispone el Título III de la Ley Helms-Burton, se permitió a tribunales de EE.UU. dirimir demandas contra personas o empresas que mantengan vínculos con propiedades nacionalizadas, con el propósito de internacionalizar la presión económica y disuadir la inversión extranjera directa en Cuba. Al cierre de marzo de 2025, se habían presentado 45 demandas en virtud del Título III, de ellas 30 mantienen su curso.
Como parte de la política de máxima presión, en febrero de 2025, el gobierno de EE.UU. rechazó decenas de pasaportes cubanos y no otorgó visas que habían sido gestionadas por dependencias del Estado cubano. Esta decisión afecta directamente a los intercambios bilaterales en áreas de interés y beneficio mutuo para los pueblos de Cuba y EE.UU., como la cultura, la salud, la educación, la ciencia y el deporte, politizando así la relación natural de pueblos vecinos.
La reedición del Memorando Presidencial No. 5 el 30 de junio de 2025 por el gobierno estadounidense ratifica la política de máxima presión económica como instrumento criminal e ilegal para lograr objetivos hegemónicos y de cambio de sistema en Cuba. Refuerza la agresión y el bloqueo económico impuesto por el gobierno de EE.UU.
Declaraciones de representantes del gobierno estadounidense, incluyendo su Secretario de Estado, Marco Rubio, y congresistas anticubanos, confirman la intención de cortar todas las fuentes de ingreso externas posibles para Cuba, dañar el turismo y los viajes de los estadounidenses y desde otros países, sabotear la colaboración médica internacional, los suministros de combustible, obstruir el flujo de remesas familiares, intimidar la inversión extranjera directa y el comercio, y torpedear las relaciones económicas y de cooperación de Cuba con terceros países o bloques de estos. El nuevo documento se une al cuerpo de medidas coercitivas contra Cuba que existía con anterioridad, a través de leyes y normas conocidas.
Ninguna otra nación enfrenta un andamiaje de leyes y políticas de agresión y coerción tan prolongado, anacrónico, sistemático y extremo.
Los próximos 28 y 29 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará y someterá a votación el proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba”. Una vez más, la comunidad internacional levantará su voz y rechazará de manera abrumadora esta injusta, ilegal y cruel política.
Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas