Durante el Décimo Quinto Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal celebrado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, la República de Cuba ratificó su compromiso con un sistema de justicia "soberano, preventivo e inclusivo", al tiempo que expuso los logros de su más profunda reforma legislativa penal y los obstáculos que enfrenta debido al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
La jefa de la delegación cubana, viceministra primera del Ministerio de Justicia (MINJUS), Yaliet Peña Rodríguez, destacó que tras la proclamación de la Constitución de 2019, el país puso en vigor un nuevo marco normativo que incluye la Ley del Código Penal, la Ley de Proceso Penal, la Ley de Ejecución Penal y la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. Estas normas modernizaron la tipificación de delitos, consolidaron el debido proceso, garantizaron la asistencia jurídica desde el momento de la detención, introdujeron sanciones alternativas a la privación de libertad y fortalecieron la protección a mujeres, menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.
En materia de enfrentamiento al crimen organizado transnacional, Peña Rodríguez subrayó que Cuba mantiene una política de "tolerancia cero" respaldada por una articulación multisectorial. Destacó que el país mantiene la condición de no productor ni de tránsito de estupefacientes, gracias a los controles fronterizos, el trabajo de la Comisión Nacional de Drogas y la participación comunitaria. Asimismo, mencionó la ejecución rigurosa del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas, alineado con la Convención de Palermo, y el fortalecimiento de la Dirección General de Investigación Financiera para combatir el lavado de activos, la corrupción y la ciberdelincuencia.
La viceministra también resaltó la cooperación operacional continua con Interpol y agencias homólogas de la región en materia de asistencia jurídica mutua y extradición.
En su discurso, Peña Rodríguez denunció que, pese al fortalecimiento de las capacidades operativas, tecnológicas e institucionales de Cuba, el país enfrenta a diario un "sistemático bloqueo económico, comercial y financiero", articulado con un reciente cerco energético, la inclusión injustificada de Cuba en la lista unilateral de Estados Patrocinadores del Terrorismo y sanciones contra entidades y funcionarios cubanos.
La viceministra calificó estas medidas como "una estrategia integral de asfixia que impacta de manera directa en el funcionamiento del sistema judicial". Explicó que este entramado de medidas coercitivas unilaterales, además de violar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, paraliza transacciones bancarias necesarias para la cooperación internacional, restringe la adquisición de tecnologías y equipamiento para la investigación forense y criminalística, dificulta el acceso a plataformas de intercambio de información técnica e interrumpe el suministro de combustible indispensable para la movilidad de los órganos de investigación y la administración de justicia.
Pese a estas limitaciones, la jefa de la delegación cubana ratificó la "plena voluntad" de Cuba de continuar cooperando a nivel bilateral y multilateral, "sin presiones políticas ni dobles raseros". Asimismo, enfatizó que la prevención eficaz del delito y la consolidación de sistemas de justicia eficientes exigen equidad social, desarrollo sostenible y el estricto apego al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.
Con esta participación, Cuba reafirma su posición como actor activo en los debates globales sobre justicia penal, al tiempo que denuncia las barreras estructurales que limitan su desarrollo y cooperación internacional en este ámbito.