La Habana, Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recién reiteró la denuncia sobre los intentos de Estados Unidos de justificar con falsos pretextos una agresión militar contra Venezuela. El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) también exige retirar "todos los activos militares extrarregionales" del Caribe. Y el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk declaró que los ataques aéreos de Estados Unidos contra barcos en el Caribe y el Pacífico –supuestamente vinculados al narcotráfico– violan el derecho internacional de los derechos humanos.
En su perfil en la red social X, el Canciller cubano señaló que tal propósito del Departamento de Estado se impulsa “bajo el liderazgo del corrupto y mentiroso compulsivo Secretario de Estado”, Marco Rubio. A la vista de todos y el apoyo de medios de difusión, se busca normalizar y legitimar una agresión contra una nación soberana, apuntó. Afirmó, asimismo, que como artificio deshonesto, pretenden involucrar al legítimo presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y el terrorismo.
Y remarcó además que esos graves flagelos internacionales solamente han sido promovidos en la región por el Gobierno estadounidense, sus agencias de inteligencia y drogas, y por personajes asociados a todos esos políticos de la Florida que llaman a atacar el territorio venezolano. Y que resulta necesario recordarle a los políticos estadounidenses que América Latina y el Caribe no son el “patio trasero” de los EEUU.
Por su parte, desde Ginebra el Alto Comisionado de la ONU al rechazar los citados ataques aéreos precisó que según los informes disponibles, más de 60 personas han muerto en una serie continua de ataques llevados a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, en circunstancias que no encuentran justificación alguna en el derecho internacional.
“Estos ataques —y su creciente costo humano— son inaceptables. Estados Unidos debe detener tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir el asesinato extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, cualquiera que sea la conducta criminal que se les impute”
Estados Unidos ha argumentado que estas acciones forman parte de operaciones necesarias contra el narcotráfico y el terrorismo, y que constituyen acciones regidas por el derecho internacional humanitario. “Sin embargo, señaló Türk, contrarrestar el grave problema del tráfico ilícito de drogas a través de las fronteras internacionales es, como se ha acordado desde hace tiempo entre los Estados, una cuestión de aplicación de la ley, regida por los límites estrictos al uso de la fuerza letal establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos”.
“Según el derecho internacional de los derechos humanos, el uso intencional de la fuerza letal solo está permitido como último recurso contra personas que representan una amenaza inminente para la vida (…) A partir de la escasa información facilitada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificaba de otro modo el uso de la fuerza armada letal contra ellas en virtud del derecho internacional”, añadió.
Türk pidió investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre estos ataques. Si bien reconoció los desafíos que entraña la lucha contra el narcotráfico, el Alto Comisionado instó al Gobierno de Estados Unidos a cumplir con el derecho internacional, incluido lo estipulado en los tratados antinarcóticos aplicables de los que Estados Unidos también es parte.
Türk pidió a las autoridades que mantuvieran el uso de métodos policiales bien establecidos para responder al presunto tráfico ilícito, incluyendo la interceptación legal de embarcaciones y la detención de sospechosos conforme a las normas aplicables del derecho penal. Y finalizó afirmando que Estados Unidos debería investigar y, si es necesario, enjuiciar y castigar a las personas acusadas de delitos graves de conformidad con los principios fundamentales del estado de derecho relativos al debido proceso y a un juicio justo, que Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo. (Cubaminrex / Embacuba Paraguay)