Señora Coordinadora:
La delegación cubana saluda estos necesarios intercambios sobre buenas prácticas de prevención, que esperamos contribuyan a consolidar una cultura institucional y social global de respeto a las normas del DIH.
La implementación del DIH es competencia soberana e indelegable de cada Estado, en función de su ordenamiento jurídico interno y sus condiciones nacionales concretas.
Agradecemos el documento presentado sobre la línea de trabajo 1 y proponemos que en la próxima versión del texto sean incorporados los siguientes elementos:
- Los mecanismos de seguimiento o evaluación de la implementación nacional del DIH deben ser siempre de carácter cooperativo y voluntario y respetar los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos.
- Necesidad de aplicar un enfoque estructural que vincule la prevención de violaciones al DIH con la eliminación de causas profundas de los conflictos armados. Sin abordar estas raíces, los mecanismos preventivos resultan ineficaces.
- Evaluación periódica por los Estados de la eficacia de sus políticas públicas y mecanismos institucionales relacionados con la aplicación del DIH, incluyendo los mecanismos de control, supervisión y evaluación, especialmente en materia de seguridad, educación y cumplimiento normativo.
- Incompatibilidad con el DIH de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo los bloqueos económicos.
Señora Coordinadora:
En el documento se atribuye un papel fundamental a organismos independientes en la supervisión del cumplimiento del DIH, lo que no favorecemos. No se puede reemplazar el papel y responsabilidad principal del Estado como actor central y rector del cumplimiento de las obligaciones emanadas del DIH.
Cuba apoya firmemente el principio de rendición de cuentas por violaciones del DIH. Al mismo tiempo, es importante prevenir los riesgos de politización de los mecanismos internacionales de justicia, que con frecuencia son instrumentalizados contra los países del Sur Global y muy pocas veces actúan contra países desarrollados.
Una rendición de cuentas eficaz y legítima requiere independencia plena de los mecanismos judiciales respecto a presiones políticas; aplicación universal y sin excepciones de los mismos estándares a todos los Estados; y fortalecimiento de los sistemas judiciales nacionales como primera línea de responsabilidad.
Muchas gracias.