Señor Presidente,
Lo felicitamos por su elección al frente de esta reunión en la que participamos como observadores.
Deseo expresar que, al igual que otras naciones, Cuba comparte las preocupaciones humanitarias asociadas al uso indiscriminado e irresponsable de las minas antipersonales. En este sentido, continuaremos apoyando todos aquellos esfuerzos que, manteniendo el equilibrio entre las cuestiones humanitarias y de seguridad nacional, estén dirigidos a eliminar los terribles efectos que causan el uso indiscriminado e irresponsable de esta categoría de armas.
Señor Presidente,
Cuba cumple estrictamente con las obligaciones jurídicas contenidas en el Protocolo II original. Adicionalmente, y de forma voluntaria, cumplimos con la mayoría de las estipulaciones del Protocolo II Enmendado, al cual no nos hemos adherido por razones conocidas.
Comprendemos el interés de las Partes del Protocolo II Enmendado en promover su universalidad; a la par que enfatizamos que no le compete a los Estados Parte del Protocolo II Enmendado decidir la terminación del Protocolo II original.
El Derecho de Tratados, tanto convencional como consuetudinario, es muy claro al respecto. Los artículos 54 y 55 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de Tratados, establece que la terminación de un tratado tendrá lugar por consentimiento exclusivo de todas las partes en el mismo y que un tratado no terminará, ni siquiera en el caso de que el número de Estados Partes llegue a ser inferior a la cifra que se requería para su entrada en vigor.
Por su parte, el artículo 9 de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales ratifica lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados. Por ello, desde el punto de vista político, de seguridad y jurídico, el Protocolo II original tiene plena vigencia y su terminación constituiría un grave error, al eliminar relaciones jurídicas existentes que, por demás, no podrían ser aseguradas en otro régimen. Ambos protocolos fortalecen los propósitos humanitarios de la CCW y agradecemos que los aquí presentes lo aprecien como tal.
Señor Presidente,
Tomaremos notas de los trabajos que realizan los Estados Partes del Protocolo II Enmendado para proponer a la Sexta Conferencia de Revisión una declaración centrada en las consecuencias humanitarias de los AEI. Igualmente, damos seguimiento a las consideraciones de algunos Estados sobre diversos temas de interés nacional como MOTAPM o la necesidad de un mayor financiamiento para la limpieza de minas y restos de guerra, entre otras muchas cuestiones; si bien ninguno de ellos forma parte de la apretada agenda de la Convención.
Finalmente, permítanos destacar que Cuba no inicia guerras en, o con otros Estados, ni emplaza minas en ellos, ni ha dejado restos explosivos de guerra. Tampoco existen en nuestro territorio nacional víctimas como resultado de ello. Nuestro sólido apego a la paz y un historial impecable en dicho sentido, dan cuenta de la seriedad de nuestras posiciones sobre el tema de las minas y nuestro legítimo derecho a defender nuestra soberanía nacional como país bloqueado y sometido a ilegales medidas coercitivas unilaterales por más de 60 años.
Finalmente, resaltamos la importancia del necesario equilibrio entre las cuestiones humanitarias y de seguridad nacional. Si bien respaldamos plenamente las preocupaciones humanitarias sobre estos temas, permítanos concluir con total claridad que las minas continúan siendo un arma indispensable para la legítima defensa de muchos Estados, particularmente países en desarrollo, que no cuentan con los recursos para disponer de otros medios de defensa alternativos. Todo ello en correspondencia con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Muchas gracias.