Expertos en derechos humanos de la ONU condenaron hoy la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos el 29 de enero de 2026, que declara una supuesta emergencia nacional y autoriza la imposición de aranceles comerciales a las importaciones de petróleo provenientes de terceros países hacia Cuba.
“La orden ejecutiva de Estados Unidos que impone un bloqueo de combustible a Cuba constituye una grave violación del Derecho Internacional y representa una seria amenaza para un orden internacional democrático y equitativo”, señalaron los expertos.
“Se trata de una forma extrema de coerción económica unilateral con efectos extraterritoriales, mediante la cual Estados Unidos pretender ejercer coerción sobre el Estado soberano de Cuba y obligar a terceros Estados soberanos a modificar sus relaciones comerciales lícitas, bajo la amenaza de medidas comerciales punitivas”, indicaron.
Los expertos subrayaron que caracterizar a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y acusar al país de apoyar a “grupos terroristas transnacionales”, carece de credibilidad y parece tener como objetivo justificar el ejercicio de facultades extraordinarias y coercitivas. “A falta de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la orden ejecutiva carece de fundamento en la seguridad colectiva y constituye un acto unilateral incompatible con el derecho internacional”, añadieron.
Según los expertos: “No existe facultad alguna, en virtud del Derecho Internacional, que permita imponer sanciones económicas a terceros Estados por participar en un comercio lícito con otro país soberano”.
Advirtieron que la orden ejecutiva de Estados Unidos viola directamente los principios de igualdad soberana, no intervención y libre determinación, pilares esenciales de un orden internacional democrático y equitativo, tal como se establece en el Artículo 2(1) de la Carta de las Naciones Unidas.
Agregaron que la orden ejecutiva también elude los marcos multilaterales que rigen el comercio y la seguridad internacionales, incluida la Organización Mundial del Comercio.
“Un orden internacional democrático es incompatible con prácticas mediante las cuales un Estado se arroga la autoridad para dictar las políticas internas y las relaciones económicas de otros, valiéndose de amenazas y coerción”, manifestaron los expertos.
Expresaron su profunda preocupación por las consecuencias humanitarias previsibles de restringir los suministros de combustible a Cuba mediante la coerción a terceros Estados. “Cuba ya enfrenta graves déficits energéticos, como resultado de sanciones estadounidenses previas, con apagones de hasta 20 horas en muchas zonas, lo que afecta la refrigeración de alimentos y medicamentos, y agrava la crisis de salud pública”.
El combustible es indispensable para la generación de electricidad, los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, los hospitales, el transporte público y la producción de alimentos, incluidos el riego, las cosechas, la refrigeración y distribución de alimentos.
“Obstruir las importaciones de combustible podría provocar una grave crisis humanitaria, con efectos indirectos sobre los servicios esenciales”, señalaron los expertos.
Recordaron que las medidas que puedan generar escasez de bienes esenciales podrían constituir un castigo colectivo contra la población civil, lo que genera serias preocupaciones en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos.
Los expertos hicieron un llamado al gobierno de Estados Unidos a que revoque de inmediato la orden ejecutiva y ponga fin a la utilización de medidas económicas extraterritoriales, a fin de alinear su conducta con el derecho internacional. La orden ejecutiva agrava los efectos de la ya existente e ilegal designación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo” por parte de los Estados Unidos.
Instaron a todos los Estados a abstenerse de reconocer o poner en práctica medidas coercitivas unilaterales que socaven el derecho internacional, y a adoptar todas las medidas pertinentes, incluidas acciones diplomáticas y multilaterales, para defender los principios de cooperación internacional, igualdad soberana, no intervención y solución pacífica de controversias.
“La normalización de la coerción económica unilateral socava el orden jurídico internacional, debilita las instituciones multilaterales e inflige un sufrimiento inaceptable a las poblaciones civiles”, enfatizaron los expertos. “La acción colectiva de los Estados resulta fundamental para defender un orden internacional democrático y equitativo”.