Firmeza y dignidad frente al atropello
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
El 31 de enero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que comunicó al Congreso de los Estados Unidos la revocación de la suspensión de la posibilidad de que se presenten en tribunales estadounidenses demandas judiciales, a tenor del título III de la Ley Helms-Burton.
Igualmente, aprobó la restitución de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, con las que entidades o personas en los Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones, so pena de ser multadas y sus activos congelados. Informó la decisión de añadir a esa lista a la empresa cubana procesadora de remesas, Orbit S.A.
No son acciones inesperadas. Son pasos que faltaban para deshacer las decisiones tardías, aunque positivas, dadas a conocer por el presidente Joseph Biden, el 14 de enero pasado.
Este anuncio posiblemente sea también la antesala de otras medidas que el equipo a cargo del tema Cuba en este gobierno tiene diseñadas desde el año 2017 para poder endurecer aún más, gratuita e irresponsablemente, el cerco contra Cuba en busca de nuevos y evitables escenarios de deterioro y de confrontación bilateral.
El objetivo de las medidas es intimidar a inversionistas extranjeros y evitar que contribuyan al desarrollo económico de Cuba y el bienestar de los cubanos, mediante la amenaza expresa de ser demandados en cortes estadounidenses. Es también cerrar todas las fuentes de ingresos externos a la economía cubana en su conjunto; sabotear criminalmente la capacidad de todos los actores económicos, públicos y privados, de proveer bienes y servicios; y deteriorar aún más los niveles de vida de la población afectada por el bloqueo y las medidas adicionales impuestas durante el primer mandato de Trump, para crear irritación social y desestabilización, y tratar de lograr el muchas veces soñado y nunca alcanzado propósito de derrocar la Revolución con fines de dominación y escarmiento.
Estas acciones van acompañadas de operaciones comunicacionales de desinformación y descrédito y una poderosa maquinaria de manipulación en plataformas digitales, con el propósito de responsabilizar a Cuba del impacto de las medidas criminales del gobierno de los Estados Unidos, para que el mundo y el pueblo de Cuba no reconozcan a sus verdugos.
Son esos mismos a quienes los anima el compromiso contraído con familias reaccionarias y grupos especiales de interés en los Estados Unidos y la Florida, que se benefician del bloqueo a Cuba sacrificando el bienestar y amenazando hasta el sustento del pueblo cubano. Estos políticos de hoy, son los mismos arquitectos de las decenas de medidas adicionales al bloqueo que se pusieron en vigor entre los años 2017 y 2021.
Desde la aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996 y hasta 2019, todos los presidentes estadounidenses, incluido Trump en los dos primeros años de su mandato anterior, hicieron uso consecutivamente de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título III cada seis meses, reconociendo que contraviene el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados. También por comprender que su aplicación generaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a los estadounidenses cuyas propiedades fueron legítimamente nacionalizadas al triunfo de la Revolución.
Como resultado, desde 2019 se han presentado alrededor de 45 demandas en las cortes, fundamentalmente, contra compañías estadounidenses. Estas han tenido que emplear dinero, tiempo y energía para defenderse contra lo que expertos consideran una aberración jurídica, con aspectos que la calificarían como anticonstitucional. Entre las aberraciones más significativas, dicho título extiende su alcance a propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado.
Se trata de medidas que nada tienen que ver con el interés nacional de los Estados Unidos, o los deseos de gran parte de la comunidad empresarial en ese país que desean participar en la economía cubana. Por el contrario, se vincula con los deseos trasnochados de reconquista de los herederos políticos del dictador Fulgencio Batista.
Es una demostración de la naturaleza corrupta con que opera ese gobierno de modo general y, específicamente, de su objetivo de asfixiar económicamente a Cuba, causar daño a nuestro pueblo, y pretender que renunciemos a las prerrogativas soberanas cuya conquista ha costado tantos años, esfuerzos y vidas.
Con la reactivación del título III, se completa nuevamente la aplicación en su totalidad de la Ley Helms Burton, distinguida por su extremo alcance extraterritorial, por ser violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional, contravenir las reglas del comercio y las relaciones económicas internacionales y por ser lesiva a la soberanía de otros Estados, principalmente por la afectación de sus disposiciones a compañías y personas establecidas en el territorio de estos. Ha sido rechazada amplia, sostenida y casi unánimemente por la comunidad internacional en las Naciones Unidas, organismos internacionales especializados y organizaciones regionales. Varios países cuentan con leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales de esta ley.
El Gobierno de Cuba reitera los postulados de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 80) y recuerda la decisión del Tribunal Popular Provincial de La Habana, el 2 de noviembre de 1999, de declarar Con Lugar la Demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos por Daños Humanos sancionándolo a reparar e indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de 181 100 millones de dólares. Posteriormente, el 5 de mayo de 2000, el Tribunal determinó los Daños Económicos ocasionados a Cuba y sentenció resarcir a Cuba por valor de 121 000 millones de dólares.
Cuba ha reiterado la disposición de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas. Las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución de nuestro país y en conformidad con el Derecho Internacional. Todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada, que el gobierno de los Estados Unidos se negó a considerar. Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en nuestro país, como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.
Asimismo, el gobierno cubano denuncia y responsabiliza al gobierno de los Estados Unidos por las consecuencias inmediatas que tendrá en todo el país la nueva medida contra el derecho de los emigrados cubanos a enviar remesas y ayudar a sus familiares, que ya sufren demasiado por el cerco recrudecido debido a la injusta y fraudulenta inclusión de Cuba en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.
Cuba rechaza estas decisiones, de manera enérgica, firme y categórica. Las asume como un nuevo acto hostil y arrogante, y repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del comunicado del Departamento de Estado, plagado de mentiras para tratar de justificar lo injustificable.
A nadie podrán engañar con sus falsos pretextos para tratar de justificar estos y futuros atropellos. Solo lograrán reforzar el aislamiento y el rechazo universal que concita el abuso bochornoso de los gobiernos de los Estados Unidos contra Cuba y su población.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para detener, denunciar y acompañar a nuestro pueblo frente a la nueva y peligrosa arremetida de agresión que apenas ha comenzado.
Harán mucho daño con sus planes y medidas asesinas y cobardes, pero jamás lograrán su objetivo principal de poner a Cuba de rodillas para someterla.
¡Cuba vencerá!
La Habana, 1 de febrero de 2025.
(EmbaCubaEslovaquia-Cubaminrex)
Firmness and Dignity in the Face of the Outrage
Statement by the Ministry of Foreign Affairs
On 31 January 2025, Secretary of State Marco Rubio announced that he communicated to the U.S. Congress the revocation of the suspension of the possibility of filing lawsuits in U.S. courts under Title III of the Helms-Burton Act.
Likewise, it approved the reinstatement of the List of Restricted Cuban Entities, with which entities or persons in the United States are prohibited from carrying out transactions, under penalty of being fined and having their assets frozen. It informed the decision to add the Cuban remittance processing company, Orbit S.A., to that list.
These are not unexpected actions. They are steps that were missing to undo the late, although positive, decisions announced by President Joseph Biden on January 14.
This announcement may also be the prelude to other measures that the team in charge of the Cuba issue in this government has had designed since 2017 to be able to further tighten, gratuitously and irresponsibly, the siege against Cuba in search of new and avoidable scenarios of deterioration and bilateral confrontation.
The objective of the measures is to intimidate foreign investors and prevent them from contributing to Cuba's economic development and the well-being of Cubans, through the express threat of being sued in U.S. courts. It is also to close all sources of external income to the Cuban economy as a whole; to criminally sabotage the ability of all economic actors, public and private, to provide goods and services; and to further deteriorate the living standards of the population affected by the blockade and the additional measures imposed during Trump's first term, to create social irritation and destabilization, and to try to achieve the often dreamed of and never achieved purpose of overthrowing the Revolution for purposes of domination and chastisement.
These actions are accompanied by communicational operations of disinformation and discredit and a powerful machinery of manipulation in digital platforms, with the purpose of making Cuba responsible for the impact of the criminal measures of the US government, so that the world and the people of Cuba do not recognize their executioners.
These are the same politicians who are driven by their commitment to reactionary families and special interest groups in the United States and Florida, who benefit from the blockade of Cuba by sacrificing the well-being and even threatening the livelihood of the Cuban people. These politicians of today, are the same architects of the dozens of additional measures to the blockade that were put into effect between 2017 and 2021.
Since the adoption of the Helms-Burton Act in 1996 and until 2019, all U.S. presidents, including Trump in the first two years of his previous term, consecutively made use of the executive power to suspend the application of Title III every six months, recognizing that it contravenes international law and the sovereignty of other States. Also, because it is understood that its application would generate insurmountable obstacles to any prospect of settlement of claims and compensation to Americans whose properties were legitimately nationalized at the Triumph of the Revolution.
As a result, about 45 lawsuits have been filed in the courts since 2019, primarily, against U.S. companies. These have had to spend money, time and energy to defend against what experts consider a legal aberration, with aspects that would qualify it as unconstitutional. Among the most significant aberrations, the title extends its reach to owners who were not U.S. citizens at the time of the nationalizations and whose alleged ownership has not been certified by anyone.
These are measures that have nothing to do with the national interest of the United States, or the desires of a large part of the business community in that country who wish to participate in the Cuban economy. On the contrary, it is linked to the outdated desires of the political heirs of the dictator Fulgencio Batista to reconquer Cuba.
It is a demonstration of the corrupt nature with which that government operates in general and, specifically, of its objective of economically asphyxiating Cuba, causing harm to our people, and pretending that we renounce the sovereign prerogatives whose conquest has cost so many years, efforts and lives.
With the reactivation of Title III, the application of the Helms-Burton Act is once again completed in its entirety, distinguished by its extreme extraterritorial scope, for violating the norms and principles of International Law, contravening the rules of trade and international economic relations and for being harmful to the sovereignty of other States, mainly because its provisions affect companies and persons established in their territory. It has been broadly, consistently and almost unanimously rejected by the international community in the United Nations, specialized international organizations and regional organizations. Several countries have national laws to deal with the extraterritorial effects of this law.
The Government of Cuba reiterates the postulates of the Law for the Reaffirmation of Cuban Dignity and Sovereignty (Law No. 80) and recalls the decision of the People's Provincial Court of Havana, on 2 November 1999, to declare the lawsuit against the Government of the United States for Human Damages admissible, sanctioning it to repair and compensate the Cuban people in the amount of 181,100 million dollars. Subsequently, on 5 May 2000, the Court determined the Economic Damages caused to Cuba and ruled to compensate Cuba for the amount of 121 billion dollars.
Cuba has reiterated its willingness to find a solution to the mutual claims and compensation. The Cuban nationalizations were carried out under the protection of the law, in strict compliance with the Constitution of our country and in accordance with international law. All nationalizations contemplated fair and adequate compensation processes, which the U.S. government refused to consider. Cuba reached and honored global compensation agreements with other nations that today invest in our country, such as Spain, Switzerland, Canada, the United Kingdom, Germany and France.
Likewise, the Cuban government denounces and holds the U.S. government responsible for the immediate consequences that the new measure will have throughout the country against the right of Cuban emigrants to send remittances and help their relatives, who are already suffering too much because of the siege intensified due to the unjust and fraudulent inclusion of Cuba on the list of alleged State sponsors of terrorism.
Cuba rejects these decisions energetically, firmly and categorically. It takes them as a new hostile and arrogant act, and repudiates the disrespectful and slanderous language of the State Department's communiqué, full of lies in an attempt to justify the unjustifiable.
No one will be fooled by their false pretexts to try to justify these and future outrages. They will only succeed in reinforcing the isolation and universal rejection of the shameful abuse of the U.S. governments against Cuba and its people.
We call on the international community to stop, denounce and accompany our people in the face of the new and dangerous onslaught of aggression that has just begun.
They will do much damage with their murderous and cowardly plans and measures, but they will never achieve their main objective of bringing Cuba to its knees in order to subjugate it.
Cuba shall overcome!
Havana, 1 February 2025.
(EmbaCubaEslovaquia-Cubaminrex)
Ráznosť a dôstojnosť tvárou v tvár pobúreniu
Vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí
31. januára 2025 minister zahraničných vecí Marco Rubio oznámil, že informoval Kongres Spojených štátov o zrušení pozastavenia možnosti podávať žaloby na súdoch USA podľa odseku č. III Helms-Burtonovho zákona.
Taktiež schválil obnovenie zoznamu kubánskych subjektov s obmedzeným prístupom, s ktorými majú subjekty alebo osoby v Spojených štátoch zakázané vykonávať transakcie pod hrozbou pokuty a zmrazenia ich aktív. Informovala o rozhodnutí pridať na tento zoznam kubánsku spoločnosť na spracovanie prevodov, Orbit S.A.
Nie sú to prekvapivé opatrenia. Ide o opatrenia, ktoré chýbali na to, aby sa zrušili oneskorené, hoci pozitívne rozhodnutia, ktoré 14. januára oznámil prezident Joseph Biden.
Toto oznámenie môže byť tiež úvodom k ďalším opatreniam, ktoré tím zodpovedný za kubánsku otázku v tejto vláde navrhol od roku 2017, aby mohol ďalej bezdôvodne a nezodpovedne sprísňovať obliehanie Kuby pri hľadaní nových scenárov zhoršenia a bilaterálnej konfrontácie, ktorým sa dá vyhnúť.
Cieľom týchto opatrení je zastrašiť zahraničných investorov a zabrániť im prispievať k hospodárskemu rozvoju Kuby a blahobytu Kubáncov prostredníctvom výslovnej hrozby žaloby na súdoch Spojených štátov. Cieľom je tiež odstaviť všetky zdroje vonkajších príjmov pre kubánske hospodárstvo ako celok; zločinne sabotovať schopnosť všetkých hospodárskych subjektov, verejných aj súkromných, poskytovať tovary a služby; ďalej zhoršovať životnú úroveň obyvateľstva postihnutého blokádou a ďalšími opatreniami zavedenými počas Trumpovho prvého funkčného obdobia, vyvolávať sociálne podráždenie a destabilizáciu a pokúsiť sa dosiahnuť neraz vysnívaný a nikdy nedosiahnutý cieľ zvrhnutia revolúcie na účely nadvlády a kázne.
Tieto opatrenia sprevádzajú komunikačné operácie zamerané na dezinformáciu a diskreditáciu a výkonná mašinéria manipulácie na digitálnych platformách s cieľom urobiť Kubu zodpovednou za dôsledky zločinných opatrení vlády USA, aby svet a obyvatelia Kuby nepoznali svojich katov.
Sú to tí istí politici, ktorí sa riadia svojou oddanosťou reakčným rodinám a záujmovým skupinám v Spojených štátoch a na Floride, ktoré profitujú z blokády Kuby tým, že obetujú blahobyt a ohrozujú živobytie kubánskeho národa. Títo dnešní politici sú tými istými architektmi desiatok dodatočných opatrení k blokáde, ktoré boli zavedené v rokoch 2017 až 2021.
Od prijatia Helmsovho-Burtonovho zákona v roku 1996 až do roku 2019 každý prezident USA vrátane Trumpa v prvých dvoch rokoch svojho predchádzajúceho funkčného obdobia postupne každých šesť mesiacov využíval výkonnú právomoc pozastaviť vykonávanie odseku č. III, pričom uznal, že je v rozpore s medzinárodným právom a suverenitou iných štátov. Uvedomovali si tiež, že jej uplatňovanie by vytvorilo neprekonateľné prekážky pre akúkoľvek perspektívu vyrovnania nárokov a odškodnenia Američanov, ktorých majetok bol legitímne znárodnený pri víťazstve revolúcie.
V dôsledku toho bolo od roku 2019 na súdoch podaných približne 45 žalôb, predovšetkým proti americkým spoločnostiam. Tie museli vynaložiť peniaze, čas a energiu na obranu proti tomu, čo odborníci považujú za právny úlet s aspektmi, ktoré by ho kvalifikovali ako protiústavný. Medzi najvýznamnejšie odchýlky patrí, že titul rozširuje svoju pôsobnosť na vlastníkov, ktorí v čase znárodnenia neboli občanmi USA a ktorých údajné vlastníctvo nebolo nikým potvrdené.
Jedná sa o opatrenia, ktoré nemajú nič spoločné s národnými záujmami Spojených štátov, ani s túžbou veľkej časti podnikateľskej komunity v tejto krajine podieľať sa na kubánskom hospodárstve. Naopak, súvisia so zastaranými túžbami politických dedičov diktátora Fulgencia Batistu po znovuzískaní moci.
Je to prejav korupčnej povahy, s akou táto vláda pracuje vo všeobecnosti, a konkrétne jej cieľa ekonomicky zadusiť Kubu, spôsobiť škodu nášmu národu a predstierať, že by sme sa mali vzdať výsadných práv, ktorých vybojovanie stálo toľko rokov, úsilia a životov.
Reaktiváciou odseku č. III sa uplatňovanie Helms-Burtonovho zákona opäť završuje v celom rozsahu, pričom sa vyznačuje extrémne extrateritoriálnou pôsobnosťou, pretože porušuje normy a zásady medzinárodného práva, je v rozpore s pravidlami obchodu a medzinárodných hospodárskych vzťahov a poškodzuje suverenitu iných štátov, najmä preto, že jeho ustanovenia sa dotýkajú spoločností a osôb usadených na ich území. Medzinárodné spoločenstvo na pôde Organizácie Spojených národov, špecializovaných medzinárodných orgánov a regionálnych organizácií ho vo veľkej miere, dôsledne a takmer jednomyseľne odmietlo. Viaceré krajiny majú vnútroštátne právne predpisy na riešenie extrateritoriálnych účinkov tohto zákona.
Kubánska vláda poukazuje na postuláty zákona o potvrdení kubánskej dôstojnosti a suverenity (zákon č. 80) a pripomína rozhodnutie Ľudového provinčného súdu v Havane z 2. novembra 1999 o vyhlásení žaloby proti vláde Spojených štátov amerických o náhradu škody na ľudských právach za prípustnú a o uložení sankcie na nápravu a odškodnenie kubánskeho národa vo výške 181 100 miliónov dolárov.
Následne 5. mája 2000 tribunál stanovil hospodárske škody spôsobené Kube a priznal jej náhradu vo výške 121 miliárd dolárov.
Kuba zopakovala svoju ochotu nájsť riešenie vzájomných nárokov a kompenzácie. Kubánske znárodnenia sa uskutočnili pod ochranou zákona, v prísnom súlade s ústavou našej krajiny a v súlade s medzinárodným právom. Všetky znárodnenia predpokladali spravodlivé a primerané kompenzačné procesy, ktoré vláda Spojených štátov odmietla zvážiť. Kuba uzavrela a dodržiavala globálne dohody o odškodnení s inými krajinami, ktoré dnes investujú v našej krajine, ako napríklad Španielsko, Švajčiarsko, Kanada, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Francúzsko.
Kubánska vláda rovnako odsudzuje a považuje vládu Spojených štátov za zodpovednú za bezprostredné dôsledky, ktoré bude mať nové opatrenie v celej krajine proti právu kubánskych emigrantov posielať peňažné prevody a pomáhať svojim rodinám, ktoré už teraz priveľmi trpia kvôli obliehaniu, ktoré sa zintenzívnilo v dôsledku nespravodlivého a podvodného zaradenia Kuby na zoznam údajných štátnych sponzorov terorizmu.
Kuba tieto rozhodnutia dôrazne, rozhodne a kategoricky odmieta. Považuje ich za nový nepriateľský a arogantný akt a odmieta neúctivé a hanlivé vyjadrenia v komuniké ministerstva zahraničných vecí, ktoré sú plné lží v snahe ospravedlniť neospravedlniteľné.
Nikoho nebudú môcť oklamať svojimi klamlivými zámienkami, ktorými sa snažia ospravedlniť tieto a budúce nehoráznosti. Podarí sa im len posilniť izoláciu a všeobecné odmietnutie hanebného zneužívania vlád Spojených štátov voči Kube a jej národu.
Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo, odsúdilo a sprevádzalo náš národ zoči-voči novému a nebezpečnému náporu agresie, ktorý nedávno začal.
Svojimi vražednými a zbabelými plánmi a opatreniami spôsobia veľa škôd, no nikdy nedosiahnu svoj hlavný cieľ - dostať Kubu na kolená a podmaniť si ju.
Kuba zvíťazí!
Havana, 1. februára 2025.
(EmbaCubaEslovaquia-Cubaminrex)