La aspiración inicial es erradicar unas 50 000 hectáreas de coca y reemplazarlas por otros plantíos durante el primer año de implementación.
BOGOTÁ.–Con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que recién comienza, el Gobierno colombiano y las FARC-EP emprenden otra cruzada conjunta que tiene como antecedente los esfuerzos para desminar varios territorios del país.
La aspiración inicial es erradicar unas 50 000 hectáreas de coca y reemplazarlas por otros plantíos durante el primer año de implementación, confirmaron ambas partes.
Dicho plan tiene como propósito contribuir a solucionar el problema del tráfico ilícito de drogas con un nuevo enfoque, el cual prioriza la participación voluntaria de las comunidades.
El proyecto será liderado por la presidencia de la República en tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) tendrán la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada de la iniciativa a los lugares más afectados por ese flagelo.
De esta manera el Ejecutivo, ese movimiento insurgente en fase de desmovilización y los pobladores dan el primer paso para la transformación estructural del campo, condición indispensable en la construcción de una paz estable y duradera, explicaron coordinadores de esa campaña.
Según lo previsto, los labriegos involucrados en dicho programa recibirán un millón de pesos mensuales, unos 300 dólares, hasta por 12 meses por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas, así como un millón 800 000 pesos, más de 500 dólares, por la aplicación de estrategias encaminadas al autosostenimiento y seguridad alimentaria, por una sola vez.
Tal propuesta prevé la entrega de financiamiento para la ejecución de los llamados proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como avicultura, entre otros.
A partir del segundo año el Gobierno invertirá hasta 10 millones de pesos, unos 3 300 dólares por familia, en iniciativas productivas, creará una línea de crédito especial y garantizará asistencia técnica, entre otros beneficios, precisó un comunicado oficial.
Colombia es el mayor proveedor de cocaína a nivel mundial, sustituir progresivamente la economía cocalera proporcionando fuentes de ingreso legales a los habitantes de las zonas rurales es una de las prioridades contenidas en el acuerdo de paz firmado con las FARC-EP.
El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de esa agrupación, Timoleón Jiménez, rubricaron tal consenso con el que se comprometieron a finalizar la larga confrontación entre ambas partes.
Luego de su validación por el Congreso comenzó el periodo de posconflicto o implementación de todo lo concertado.
En rueda de prensa representantes gubernamentales y de las FARC-EP comentaron los desafíos de la nueva etapa para cambiar el panorama del campo a nivel nacional.
La comparecencia ante periodistas colombianos y corresponsales de agencias extranjeras estuvo presidida por Pastor Alape, comandante de esa guerrilla, y Rafael Pardo, ministro para el posconflicto.
Ya hay experiencias alentadoras en el país pues labriegos del departamento de Putumayo dejaron de cosechar la hoja de coca para sembrar pimienta, especia con gran demanda en esta nación sudamericana.
La primera medida desarrollada de manera conjunta por el Estado y las FARC-EP fue el desminado de la vereda El Orejón, en el municipio antioqueño de Briceño, misión humanitaria que empezó antes de que finalizaran las negociaciones de paz para aliviar a los moradores de sitios muy castigados entonces por la contienda. (PL)